El desplome de la moneda norteamericana, han dicho los representantes de la derecha, esta amenazando en su existencia nuestra economía exportadora y esta agravando la situación de algunos sectores productivos en Chile, como la agricultura, en una forma que puede ser irremediable. Se olvidan de la responsabilidad que a su sector le corresponde en la implementación, en Chile, de un modelo económico absolutamente dependiente de la exportación de materias primas, sin valor agregado; con pobre impacto en la creación de trabajos estables y de calidad; y enfocado sólo a la la generación de utilidades que a partir de la economía primaria obtienen los grandes empresarios del sector y la transnacionales avecindadas en nuestro país.

Comienzan a sentirse, por lo mismo, los llamados a intervenir para remediar el asunto y salvar al sector, olvidándose hipócritamente, de la defensa que el mismo sector dice hacer siempre de la libertad con que el estado debe dejar funcionar al todo poderoso y eterno mercado, negándose permanentemente a cualquier intervención para corregir las imperfecciones propias de un modelo. Modelo, según ellos, perfecto, cuyas leyes, en la practica, pocas veces funcionan. Se muestran por fin como son: Capitalistas cuando hay utilidades y tremendamente estatistas cuando sus utilidades peligran.

Para compensar este efecto, insisten en que el Gobierno debe contener y reducir el gasto, es decir, deje de atender las necesidades sociales para proteger a los pobres grandes empresarios que, cuando la libre competencia no los favorece, vuelven a mirar al Estado para pedir socorro y se olvidan de que, según sus propias aseveraciones, son ellos el motor fundamental de la economía.

En este caso la responsabilidad recae exclusivamente en quienes han optado por un sistema económico de apertura global, tremendamente vulnerable a las turbulencias económicas mundiales y que ha dejado en el olvido la segunda fase exportadora, tantas veces prometida. Se renunció así a desarrollar fuerza propia tanto para asegurar el funcionamiento de la economía como para fomentar un sector industrial capaz de agregar valor a nuestras materias primas, objetivo para el cual Chile posee características formidables.

Claro que para ello debiéramos partir contando con una clase política y empresarial con visión estratégica y centrada en un proyecto nacional de desarrollo, al servicio de Chile y su gente, con justicia social, igualdad de oportunidades, democracia y equidad y no con una casta de actores políticos y empresariales solo centrados en su reelección y en la rentabilidad individual o familiar de corto plazo.

De la misma manera, debiéramos exigir a los actores políticos que tengan un mínimo de coherencia entre sus postulados y sus propuestas, porque tratar de estar siempre del lado en donde calienta el sol es una mala costumbre que desprestigia la política y desmotiva, sobre todo, a las nuevas generaciones, a participar activamente en ella.

Hoy lunes 15 de junio de vuelta en el programa “Primer Café de la Mañana” de radio cooperativa que conduce Cecilia Rovaretti,  conversamos sobre  el Sistema Binominal. Mis contertulios fueron José Miguel Izquierdo, periodista e investigador del Instituto Libertad, y  Patricio Zapata, abogado y decano de la facultad de derecho de la Universidad de las Américas, con quienes intercambié opiniones en una acalorada discusión.

“Antes la derecha conseguía la unidad matando a los que pensaban distinto, ahora excluyéndoles del debate”.

La Concertación y el Juntos Podemos sellaron hoy un  pacto parlamentario contra la exclusión, donde se estableció una plantilla común. Se me preguntó acerca de que opinaba  de este acuerdo y sobre la exclusión del partido humanista.

Yo afortunadamente  no represento a la línea directiva de mi partido y por lo tanto no tengo que tener el mismo cuidado en decir las cosas.  Los humanistas no han querido subirse al pacto. A mí no me gusta esto de ser la niña bonita del baile que está esperando toda la noche que la saquen a bailar y cuando la sacan dice que no porque es tarde. Creo que esto no es una forma seria de negociar en política.

A los humanistas en el pacto se les está dando lo que ellos pidieron. Me parece que ellos  tomaron una decisión errada a priori sin tener una real lectura de lo que estaba pasando en los distritos  que estaban discusión. Ellos desecharon  en maza el distrito de Pudahuel que era donde sumando a la concertación con el Juntos podemos más llegaban al  75 por ciento. Esto sumaba con mayor amplitud la diferencia del doblaje  y prefirieron Macul.  Yo creo que por una intención de pensar que su forma de ver el mundo puede ser mas accesible a un segmento distinto de población

Se dice que ambos sectores tanto derecha como izquierda quieren cambiar el binominalismo. Patricio zapata realizó un recuento de los 20 años en que este sistema lleva ocasionando problemas y aclaró que “En este transcurso han sido cinco los  proyectos políticos que se han presentado para eliminarlo. En la última votación hace 9 meses la derecha mencionó 9 condiciones para cambiar el sistema binominal. La concertación por su parte fue realizando las reformas pedidas en materia de transparencia etc,  sin embargo, la derecha una vez más volvió a oponerse al cambio del sistema binominal”.

Por su parte, José Miguel izquierdo, comentó acerca de su impresión de que nadie  quiere cambiar el binominal, señalando que “…en realidad los sistemas electorales convienen a las partes dependiendo de donde están, de los principios que son gobernabilidad y proporcionalidad. Luego viene la elección del sistema”.

En este punto me detengo para aclarar que el sistema que la derecha diseñó y que impuso en Chile a sangre y a fuego está diseñado para que, y a esto le llaman gobernabilidad, gane quien gane no pueda cambiar los pilares centrales que ellos definieron. Para nosotros  en cambio, la gobernabilidad tiene que ver con hacer lo que la mayoría quiere.

Gracias a la gente de Renovación nacional,  a su candidato presidencial y a la UDI en este país está secuestrado el gobierno por un grupo minoritario. Se viola el derecho de autodeterminación de los pueblos. Aquí ni siquiera tenemos la posibilidad de que el pueblo haga un plebiscito y diga lo que quiere. La derecha siempre ha impedido que todos discutan, a ellos les gusta discutir solos y es por eso que privilegian a la DC.

Nosotros estamos proponiendo a la concertación desde el año 97 el acuerdo nacional democrático para terminar con el sistema binominal.

Por lo mismo independientemente que no tengamos expectativas, estamos muy felices por este acuerdo, ya que demuestra una voluntad política que no existía.

Pueden escuchar el programa dando play en la web o sincronizando tu Ipod con mi podcast

Senadores Juan Antonio Coloma, Pablo Longueira y Andrés Chadwick posan para la foto junto a un tanque Israelita (Ver en Grande)

Vergüenza ajena es lo único que puede generar la histeria y la discusión provocada en la derecha y la DC, por el viaje de la presidenta Bachelet a Cuba. Sobretodo, cuando una de las excusas para tal discusión, han sido las supuestas violaciones a los derechos humanos que estarían siendo implementadas en la Isla por parte del Gobierno del Partido Comunista Cubano.

No han faltado aquellos que han llegado a plantear que con este viaje se avalan tales o cuales situaciones, a pesar de no existir en Naciones Unidas, ninguna resolución condenatoria de Cuba por la existencia de hechos como los que se le imputan al gobierno de dicho país.

Pero llama la atención, principalmente, que muchos de los que ahora critican este viaje, y denostan a la presidenta y a quienes la acompañan, no hayan tenido problema alguno para viajar, a lo largo de los últimos años, a Israel, que es el país más condenado en el mundo por violaciones a todos y cada uno de los derechos humanos de los palestinos.

Al parecer, los derechos humanos, para algunos sectores, solo existen para sus socios y no constituyen, como es evidente, un tema de principios.

De hecho, parece increíble que varios de los parlamentarios que han viajado a Israel con todo pagado por el gobierno de dicho país, miembros de la Democracia Cristiana y de la UDI, por cierto, incluso hayan llegado defendiendo el muro de la vergüenza que toda la comunidad internacional ha condenado y avalando los crímenes de lesa humanidad que Israel ha cometido en Gaza y en el resto de los territorios ocupados por un espacio de tiempo incluso superior a la dictadura que ellos mismos ayudaron a instalar en nuestro país y que luego avalaron ante el mundo.

Al parecer, la discusión que se hace sobre los derechos humanos en nuestro país, tiene un fuerte contenido ideológico y los mismos que llamaron al golpe de estado que inauguró el período más negro de la historia de Chile, no ha aprendido ni han cambiado nada. Solo recuerdan los derechos humanos para buscar sacar partido en una u otra coyuntura electoral, tratando de vestirse con ropas democráticas que aun les quedan grandes por no tener la talla necesaria para vestirlas con la prestancia necesaria. Sin embargo, la valoración real que de ellos tienen se pone a prueba con sus actos, que son mucho más elocuentes que sus oportunistas y contradictorias declaraciones.

Más allá de la posición que cada uno pueda tener con respecto al tema de los derechos humanos en Cuba, llama la atención que varios de quienes han levantado su voz para criticar el supuesto doble estándar de la izquierda con respecto al tema, hayan legitimado con su presencia, como ellos mismos dicen, una ocupación militar que dura ya más de 40 años por parte de un país que ha mostrado un total desprecio por el derecho a la vida y por el derecho internacional, no reconociendo ni acatando ninguna resolución de Naciones Unidas salvo aquella que, de manera absolutamente ilegítima, le dio nacimiento sobre la tierra de un pueblo que nada tenía que ver con sus sufrimientos pasados y sobre el cual han ejercido, con absoluto celo, una política sistemática de exterminio y limpieza étnica, solamente comparable con el holocausto nazi y con el apartheid sudafricano.

Seguramente no llegaremos muy lejos en la discusión acerca del verdadero alcance y valor de los derechos humanos en nuestro país con hipócritas como los que hoy pretenden dictar cátedra de materias que aun no terminan de aprobar.

El Senador (DC) Mariano Ruiz Esquide junto al Senador (PS) Juan Pablo Letelier visitando Israel

Los Senadores (UDI) Juan Pablo Coloma,Pablo Longueira y Andrés Chadwick

El Senador (PPD) Guido Girardi junto a otros miembros DC, UDI y RN en un acto Sionista

Finalmente se aclaró el panorama político chileno, confirmando lo que era un secreto a voces. En Chile no existe una derecha democrática y todos los partidos de la derecha política, siguen siendo prisioneros de “la obra” de la dictadura militar. Esto corre tanto para lo económico como para lo político y sobretodo, para aquello que guarda relación con asegurar que Chile no se salga, ni un milímetro, del camino trazado por los ideólogos de la dictadura.

Lo anterior se ha logrado mediante una Constitución de origen ilegítimo, cuya columna vertebral no ha sido modificada en lo más mínimo, a pesar de todo el maquillaje que se le ha puesto para que parezca que ha dejado de ser la constitución de Pinochet. El pilar fundamental de esa Constitución, que surgió entre cuatro paredes y que fue hecha como un traje a la medida para el dictador, lo constituye el sistema electoral binominal que permite a la derecha obstaculizar cualquier intento de cambio democrático, sin importar si ese cambio es apoyado por la mayoría de los chilenos o no.

Lo que la derecha ha conseguido con este sistema, es inmovilizar a Chile, por la vía de impedir que la discusión parlamentaria sea fiel reflejo de la diversidad de opiniones y cosmovisiones existentes en nuestro país. Se ha reducido asi, la amplitud del parlamento, y por ende, su representatividad, solo a quienes comparten el gusto por el modelo económico, sumando a uno que otro díscolo, como les dicen ahora, que con su necesario actuar dentro del sistema, terminan también legitimando al mismo.

Del mismo modo, las leyes que emanan de esa discusión parlamentaria representan al mismo espectro, que se reparte las cuotas de poder que el sistema ofrece, con el acuerdo tácito de no poner en tela de juicio nada de lo sustancial del mismo, a pesar de las elocuentes demostraciones de la incapacidad del mismo para implementar soluciones concretas a los problemas que hace ya más de 30 años aquejan a nuestro pueblo.

Así las cosas, ha quedado claro que las demostraciones de supuesta apertura de Renovación Nacional, no eran más que un show mediático de sus dirigentes, para intentar ampliar su base electoral hacia el centro político representado por quienes, temerosos de avanzar por el camino de los cambios de verdad, se comienzan a agotar de la incapacidad de la Concertación para llevar adelante un buen gobierno para todos y todas y limitan su búsqueda a pequeños cambios, dentro de la continuidad que significa la derecha.

Ha sido tal la hipocresía, que los mismos que hasta hace algunos días criticaban el proyecto del gobierno sobre partidos políticos que pretende instalar las órdenes de partido como pilares de la discusión parlamentaria, casi han despellejado vivos a los 8 legisladores de RN que se desmarcaron de la misma, para intentar demostrar al país que Piñera no mentía y que no estaba solo ni pretendía jugar con las expectativas de la gente.

Lo anterior ofrece a la Concertación dos caminos posibles. El primero es reincidir en el intento de gobernar con la política del consenso y de los grandes acuerdos, lo que constituye un verdadero peligro para la democracia porque al contrario de lo que normalmente se piensa, la política de los consensos permite que siempre una minoría imponga su visión a la mayoría permitiendo hacer solamente los cambios con los que la minoría está de acuerdo.

La otra posibilidad, es jugársela de verdad por reconstruir la más amplia alianza posible, con todas aquellas fuerzas políticas que coinciden en la necesidad de terminar, de una vez por todas, con la arquitectura institucional de la dictadura, para dar paso a una verdadera transición a la democracia a partir esta dictadura casi perfecta, en la cual, pese a las formas, la derecha sigue teniendo bajo secuestro permanente al Estado de Chile y a su pueblo.

Ahora bien, nadie duda que la propuesta de modificación del sistema electoral que ha planteado el gobierno, vaya en la línea de la política de los consensos ya que es un proyecto más cercano a la propuesta inicial de RN que al sistema que la mayoría de los chilenos aspira para su democracia. A pesar de ello, RN se ha negado a avanzar con la vieja excusa de que si no se hace exactamente lo que ellos quieren será imposible avanzar hacia donde la mayoría desea.

Esto demuestra que todas las expresiones públicas de los líderes de la derecha en favor de la democratización real del país, simplemente buscan instalar en la opinión pública, con un disfraz democrático, a quienes requieren dar, con urgencia, demostraciones de blancura si desean tener, de verdad, alguna posibilidad de ser gobierno.

Se dice que la próxima semana el gobierno volverá a introducir el proyecto, esta vez por el Senado y lo más probable es que nuevamente fracase, debido al temor que la democracia ejerce en la derecha chilena, que no está dispuesta a que sea los chilenos los que definan el curso de su propio país.

En definitiva, tras la propuesta de RN del todo a nada se concibe una forma engañosa de mantener a firme el camino trazado por la dictadura, con la cual siguen demostrado mantener una lealtad absoluta y evidente.

De la misma manera se evidencia, por parte de Piñera y sus seguidores, un desprecio absoluto por el sentir de la mayoría nacional, a la cual siguen temiendo, debido a la certeza de que no comparten su visión de sociedad y de que la única manera de mantener el sistema, es, precisamente, impidiendo que las mayorías se expresen y participen.

Esto conlleva una visión absolutamente autoritaria e iluminada pues pretenden ellos suplantar la voluntad popular, con lo cual se ponen por sobre los mismos a quienes dicen representar, actitud que quedó en franca evidencia en la respuesta negativa a la sola posibilidad de implementar un plebiscito para construir una carta fundamental que represente de verdad el sentir de la nación. El argumento fue que esto era inconstitucional como si la constitución fuera un libro sagrado y no la expresión de un acuerdo nacional, como debiera ser.

Este panorama, lejos de fortalecer los caminos democráticos, respaldan las posturas de quienes plantean que nada se conseguirá con la participación en las instituciones formales de nuestro país y cada día existirán más y más chilenos y chilenas, fundamentalmente jóvenes que se sentirán marginados y marginadas y que buscarán otras formas de hacerse notar y escuchar.

Por lo mismo es que ahora la pelota está en la concertación la que ha aprobado se supone la implementación de un pacto por omisión. Precisamente para lograra doblar a la derecha en las próximas elecciones legislativas con lo cual ni siquiera sería necesario un proyecto enmarcado en lo que quiere la derecha, por cuanto habría una mayoría clara por cambios significativos y mucho más profundos desde los cuales, sin duda, podríamos comenzar a construir el Chile que la mayoría quiere.

Hay que tener en claro esos si que si el pacto no funciona para ambos lados y son nuevamente solos los partidos de la izquierda los que cumplen con su parte del trato, lejos de avanzar hacia el Chile que queremos estaremos hipotecando lo que quizá sea la última oportunidad de detener a la derecha y hacer saltar los candados que aun permanecen desde la dictadura.

Si eso llegase a suceder y terminan pesando en el mundo de la concertación más los apetitos personales que los cambios reales que el país necesita, podremos seguir luchando 15 años más por un sistema educacional de calidad para todos y todas y por salarios justos y pensiones dignas. Demoraremos 15 años más en redefinir el rol del estado en la protección de la pequeña y mediana empresa y podrán pasar tres gobiernos más antes de que las minorías se allanen a subordinar sus intereses a la opinión de las mayorías nacionales.

Si eso llegase a suceder, que nadie reclame si cada día más chilenos abrazan la protesta social y la movilización como único recurso para hacerse escuchar. Que nadie reclame si cada día menos jóvenes participan de la política y que nadie se asombre si estas instituciones que ya están lo bastante desprestigiadas como para guiar a nuestra sociedad, comienzan a ser el verdadero lastre para el futuro de la nación.

Hace tiempo que venimos asistiendo al surgimiento, cada vez más sistemático, de expresiones que demuestran cómo la corrupción se ha convertido en un ingrediente más en el funcionamiento de las instituciones nacionales.

Tanto es así que por estos días, hasta los defensores del modelo hablan de cómo se ha generalizando la corrupción, en sus distintas formas, en todas aquellas oscuras áreas de la administración y la gestión, tanto pública como privada. Especialmente en aquellas áreas en donde la fiscalización no es capaz de llegar o en donde la legalidad mantiene vacíos importantes que permiten a quienes forman parte de las estructuras de poder, actuar, una y otra vez, bajo el paraguas de la impunidad.

En este contexto, parlamentarios, jueces, ministerios, servicios públicos y empresas privadas, gobiernos regionales, provinciales, comunales y hasta partidos políticos, tanto de la derecha como de la concertación, se han visto envueltos en hechos lamentables que junto con perjudicar, aún más, el ya deteriorado clima social y la tan desprestigiada actividad política, convierten en triste ilusión la posibilidad de resolver importantes problemas sociales, con las grandes sumas de dinero involucrados en estos hechos que, claramente, serian más útiles, si fueran gastadas en lo que realmente es necesario y urgente para la ciudadanía.

Ahora bien. Más allá de las responsabilidades políticas y penales que puedan ser acreditadas y que será labor de contraloría y de la justicia, establecerlas claramente y sancionarlas, debemos centrarnos menos, en destruir personalmente a los imputados, antes de que contar con las pruebas suficientes y más en poner atención a las razones de fondo que detonan y alimentan la institucionalización de la corrupción.

More…Debemos centrarnos en cómo el modelo económico capitalista, en su fase neoliberal de desarrollo, y sus superestructuras jurídica y política han permitido que el mercado inunde todas las áreas de la vida cotidiana, poniéndole precio a todo; redefiniendo el valor de las cosas; de las conciencias y de las personas; favoreciendo de esta manera, el surgimiento de estos comportamientos que constituyen una lacra social sin distinción de ideología, religión ni partido político.

Nada hay, en el neoliberalismo, que no se compre o se venda y ese es el verdadero problema de nuestra sociedad actual.

Por lo mismo, hoy no basta con castigar a los responsables. Hoy se hace urgente, tomar medidas claras y contundentes para enmendar el rumbo, como sociedad y como país, antes de que el desprestigio de la política y de la actividad económica sea tanto, que hablar de cambios ya no tenga sentido ni significado para nadie.

En este sentido, abordar esta cuestión requiere no perder de vista los objetivos que persiguen quienes actúan al filo, al margen o decididamente fuera de la ley para conseguir todo tipo de prebendas, ya sean dineros mal habidos, becas en el extranjero, favores de todo tipo o simplemente algo de influencia sobre decisiones técnicas, políticas o económicas.

Normalmente, estas acciones buscan enriquecimiento personal, en el caso de aquellos que solo piensan en tener más y más, sin importar cómo ni a costa de qué, porque el único valor que conocen y por el cual miden el éxito de las personas es por los resultados económicos que pueden exhibir y por el estatus con que se visten por fuera aquellos a quienes sus valores, sus principios y su relación con los demás no es capaz de proveerles ninguna satisfacción.

Quienes no buscan enriquecimiento personal, no pocas veces, buscan financiar campañas políticas que, de otra manera, no tendrían financiamiento, porque no son parte de aquellos grupos de poder que ponen parte de su patrimonio a disposición de los partidos que les aseguran que podrán seguir reproduciendo su riqueza sin limite alguno ni pudor, profundizando, de paso, la brecha entre ricos y pobres, que luego de 16 años de concertación, se sigue ampliando como si fuera una ley de la naturaleza más que una consecuencia del modelo político y económico.

Otros de menor ambición, seducidos por el mundo que nos presenta la televisión y los medios de comunicación de masas, acceden a formar parte de las estructuras de la corrupción, simplemente, para darse algunos gustos y llevar, en algo, la vida de ricos a la que secretamente aspiran o para resolver problemas económicos que con los sueldos de la mayoría de este país, cada vez se hacen más difíciles de atender.

Los menos, enamorados de las minúsculas cuotas de poder social que ofrecen los cargos de algunas organizaciones de base, fomentan la corrupción cuando renuncian a luchar por los derechos de todos, reemplazando ese accionar por un clientelismo político que es fomentado por las autoridades electas, al ofrecer discriminar positivamente con la asignación de recursos o proyectos a los dirigentes “leales” a tal o cual gestión, partido o coalición. Lo mismo pasa cuando alguien es capaz de definir su voto, por una canasta de alimento, por el pago de una cuenta de servicios, por algun regalo o por algún trabajo conseguido para un familiar cercano.

Para abordar cada uno de esos casos es necesario desarrollar un conjunto de líneas de acción que, como sociedad, nos permitan implementar cambios estructurales a la forma de relacionarnos los unos con los otros y todos, con el poder dentro de la sociedad. Estos son los cambios que ya no pueden esperar.

Una de estas lineas de acción dice relación con el incremento de los sueldos de los trabajadores en general y del aparato del estado en particular, de tal manera de evitar que funcionarios públicos y trabajadores privados sean tentados por inescrupulosos, que ofrecen incrementar informalmente los ingresos personales de quienes se encuentran ubicados en lugares estratégicos de la toma de decisiones, a cambio, precisamente, de adjudicar determinado contrato o de favorecer a determinada persona o, simplemente, por hacer la vista gorda en algo que claramente resulta ilegal.

Otra, es incrementar el control social informal sobre las acciones, tanto del aparato público como de las empresas privadas, de manera de transparentar su gestión construyendo una sociedad completamente permeable a los intereses y demandas sociales, lo que implica asumir la necesidad de superponer el bien común por sobre la libertad económica y los intereses individuales de los que más tienen.

Esto pasa, sin duda, por construir un sistema de contraloría social que permita, a la sociedad organizada, fiscalizar el accionar de los funcionarios públicos y de los actores privados en todo aquello que guarda relación con los derechos de las personas y con el bien común, pero sobretodo, un sistema que permita fiscalizar el accionar de las autoridades elegidas por votación popular, llegando al extremo de poder pedir rendiciones de cuentas cuando sea necesario y revocar el cargo cuando el elegido no cumple sus compromisos o actúa fuera del marco de lo legal.

Por otro lado, resulta imprescindible también, fortalecer con más atribuciones, recursos y capacitación, técnica y política, a las organizaciones sociales, con el objeto de que se conviertan en verdaderos socios del gobierno central, de los gobiernos locales y regionales, en la búsqueda de soluciones verdaderamente sentidas por la población a los problemas que los aquejan, lo que pasa por darle mayores atribuciones a los organismos representativos de la comunidad organizada, como los CESCOS y las Juntas de Vecinos, las uniones comunales y las organizaciones funcionales y gremiales, en las instancias de decisión, en las cuales hoy solo tienen un papel de segundo orden y que, por lo mismo, casi no funcionan.

Por último, se hace imprescindible el aumento de las funciones y atribuciones fiscalizadoras de los organismos colegiados de representación popular por sobre las autoridades unipersonales de las distintas instancias de gobierno, ya que en la situación actual, poco o nada es lo que pueden hacer los Consejos Municipales y Regionales en su labor fiscalizadora de alcaldes e intendentes.

Esto pasa por generar las condiciones para que los miembros de estos cuerpos colegiados de representación popular, puedan dedicarse, jornada completa, a representar los intereses de las personas que los eligen, lo que necesariamente pasa por incrementar sus sueldos y salarios, dotarlos de mayores atribuciones y de equipos de apoyo para poder desarrollar sus funciones fiscalizadoras de manera oportuna y transparente.

Ahora bien, para realizar avanzar en estos temas, se requieren de cambios legales que no serán posibles con el sistema electoral vigente, debido a la exclusión sistemática y permanente de las discusiones legislativas de una importante parte de la población que no se siente representada por los dos bloques que se reparten el poder.

En esa línea, resulta imprescindible volver a poner al centro de la discusión la necesidad de terminar con la exclusión política, mediante cambios de fondo en el sistema electoral, del binominal, hacia uno proporcional corregido, de manera que la discusión acerca de las leyes que deben regir los destinos de nuestra sociedad sea representativa de los intereses de todos y todas las chilenas y no solamente de aquellos que buscan reproducir el sistema pretendiendo que todo cambia para que todo quede igual.

En este sentido, todo avance hacia el desmantelamiento del sistema binominal resultará positivo, pero la batalla solo terminará cuando sea convocada una Asamblea Constituyente y sea redactada y votada, en plebiscito, una nueva constitución que refleje fielmente el sentir de la nación.

Por último, en esta misma línea de acción, que sin duda resulta ser la más importante de todas, cuando se entiende la relevancia de poder legislar en el sentido de los cambios que son necesarios, se hace urgente terminar con cualquier prohibición o impedimento para ser candidato, basada en consideraciones de clase o económicas.

Resulta inaceptable, en este sentido, que aun permanezcan las prohibiciones para ser candidatos, a los dirigentes sindicales o de base, como resulta patético ver, cada vez que hay elecciones, que quienes podrían representar a nuestro pueblo, no cuentan con los medios para competir con las campañas millonarias que se toman las calles y las casas, regalando cosas para comprar los votos y las conciencias de los que menos tienen y que por lo mismo, son los más vulnerables a este tipo de acciones.

Esto implica asegurar las mismas posibilidades de ser elegidos a todos y todas, terminando con las discriminaciones odiosas que recuerdan la ley maldita y diseñando formulas para financiar, desde el estado, el desarrollo de la actividad política, con absoluta transparencia, levantando el secreto bancario y terminando de una vez con el secuestro del Congreso Nacional, por parte de los dueños del poder económico y de los partidarios del sistema.

Menos de un mes queda para que se cumplan los plazos dados a los habitantes de la Región Metropolitana, por parte del ministro de transportes, René Cortazar, para la normalización del servicio de transporte colectivo de la capital y antes del cumplimiento de este plazo fatal se ha informado de supuestos “profundos cambios” en materia de nuevos servicios y modificación de 25 recorridos que tienen por objeto disminuir el número de transbordos y los tiempos de espera en los paraderos para los pasajeros del transantiago.

Ha dicho el ministro además, que “estos cambios responden a las necesidades concretas de la comunidad expresadas a través de sus organizaciones sociales a los municipios” y a continuación ha explicado que estos cambios se efectuarán en las comunas de Las Condes, Santiago, Maipú, Quilicura, Renca, Pudahuel y Puente Alto.

Llama la atención que nuestra comuna, Recoleta, no figure en los cambios anunciados toda vez que la comunidad recoletana ha expresado en reiteradas oportunidades, a través de organizaciones sociales y coordinadoras sectoriales, la necesidad de efectuar modificaciones a los recorridos existentes en la comuna para sacar del aislamiento en que quedaron a grandes zonas de la comuna como Valdivieso, El Salto y gran parte de la zona norte.

Claro está que lo que ha fallado aquí no es la administración del transantiago sino la falta de liderazgo de las autoridades locales que a diferencia de lo ocurrido en otras partes, no han logrado ver, en las organizaciones sociales de la comuna y en sus dirigentes, a sus socios estratégicos y han preferido enfrentarlos como si fueran enemigos políticos más que representantes de la comunidad y, por lo tanto, aliados incondicionales a la hora de buscar un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes.

Esto se ha visto agravado con algunas iniciativas que apuntan hacia una disminución de los costos de operación de algunos servicios básicos de fundamental importancia para la comunidad como son los intentos de cierre de colegios y consultorios, que al desaparecer significarían un evidente ahorro en los costos de operación tanto del gobierno local como de los niveles subnacionales del gobierno central y, al mismo tiempo, un incremento de la necesidad de los vecinos de estos barrios de desplazarse a lugares distantes en búsqueda de satisfacer esas mismas necesidades, lo que, a todas luces significaría un encarecimiento del costo de la vida para los sectores populares que viven en estos barrios y que se verán enfrentados a mayores gastos de tiempo y dinero para satisfacer sus necesidades básicas.

Ante este escenario se hace imprescindible que las autoridades locales, los dirigentes sociales y principalmente el alcalde de Recoleta, Sr. Gonzalo Cornejo, adopten un nuevo enfoque en la forma de relacionarse que mantienen, dejando de lado las diferencias político partidistas y desarrollando una alianza estratégica capaz de ponerse por encima de las legítimas diferencias existentes entre los actores comunales para poner sobre cualquier otra consideración, los objetivos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Sabemos y somos partes de exitosas experiencias que avalan esta posición y creemos que se pueden replicar en otras áreas en donde resulta imprescindible la cooperación entre actores de distinto signo político y la voluntad de poner al centro las ganas de trabajar unidos por el bien de la comunidad.

Solo así podremos aunar esfuerzos y aprovechar las sinergias existentes en torno a los distintos roles sociales y políticos que los actores relevantes de la comunidad estamos llamados a jugar. Por lo demás, ninguno de los cambios anunciados van en la dirección correcta para lograra mejorar la relación de los habitantes de la Región metropolitana y debemos hacer un esfuerzo mancomunado para desarrollar una participación ciudadana protagónica capaz de definir acciones para intervenir el territorio de manera de desincentivar los viajes, y tratando de dotar a los distintos barrios de la mayor oferta posible de productos y servicios básicos de consumo cotidiano.

De lo contrario, seguiremos financiando de nuestros bolsillos, con nuestros impuestos, las utilidades de quienes se han evidenciado como incapaces de proveer de servicios de transporte colectivo eficientes y eficaces para la región metropolitana.

Durante los conflictos laborales que en el último tiempo se han sucedido en nuestro país nunca faltan aquellos que dicen compartir las demandas del mundo de los trabajadores pero no sus formas de lucha. Argumentan que si bien es necesario avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, esto no debe hacerse mediante el uso de la fuerza y la violencia política.Claro está que estas declaraciones siempre surgen al calor de los conflictos, cuando todos los medios de comunicación social, controlados por la derecha económica, se preocupan exclusivamente de difundir los costos económicos que para los grandes empresarios tienen los mismos y los “desmanes” que, según ellos, asustan a los trabajadores y trabajadoras y lesionan la confianza para continuar invirtiendo en al país, dañando de paso a la sociedad toda.

Tratan de intimidarnos con el paro de las inversiones para evitar el paro de los trabajadores y acusan de ello a los culpables de siempre, los comunistas, que según los representantes de los grandes empresarios, somos quienes estamos detrás de los conflictos, manipulando a los trabajadores e inventado problemas, de verdad, inexistentes.

Llama la atención que los mismos que hacen estas declaraciones critiquen al partido comunista por seguir creyendo en la existencia de la lucha de clases mientras se filtran las actas de sus reuniones secretas en la que llaman a detener el alza de las demandas de los trabajadores mediante la presión al gobierno para que utilice todo el rigor de la ley en contra de los desalmados que aspiran a tener una vida digna. En esas actas, sin embargo, se expresa más nítidamente que en ningún otro lugar, la existencia de una lucha de clases que algunas veces se da de forma abierta y dramática, cuando los avances de los trabajadores ponen en serio riesgo sus prebendas y privilegios, y otras veces, soterradamente cuando las leyes y la institucionalidad bastan para lograr mantener a raya a quienes luchan por un futuro mejor para sus hijos.

En estas etapas solo llaman a cumplir la ley y a no salirse del marco institucional mientras bloquean cualquier intento de cambio, manteniendo inalterados los enclaves autoritarios dejados por la dictadura y que según sus propias palabras “le han dado al país estabilidad y gobernabilidad”. Este sistema casi intocado, heredado de tiempos de dictadura, les ha significado poder seguir ganando plata a manos llenas mientras los trabajadores y sus familias se hunden cada vez más en la injusticia y la exclusión gracias a los sueldos de hambre que ellos mismos pagan y que resultan por sus efectos, más violentos que toda la violencia que pueda ejercer el mundo de los trabajadores en tiempos de conflictos.

Y no nos equivoquemos, que son los mismos que cuando los cambios legales se suceden de acuerdo a lo que dictan las mayorías y la correlación de fuerzas cambia, no dudan en llamar al golpe, arrojando monedas a los uniformados y vaticinando todo tipo de desastres que ellos mismos se preocupan de promover.

Para detener los conflictos, la administración de turno, presionada por los mismos empresarios, llama al dialogo, promete agendas laborales que fortalecen la posición negociadora de los trabajadores y presionan a sus lideres dentro del movimiento sindical para que no generen más olas a este gobierno que se dice socialista y que no ha perdido oportunidad de equivocarse, como si el verdadero objetivo de su gestión fuera entregarle el país en bandeja a la derecha más tradicional, esa que aun llora a Pinochet y defiende a los que con él mataron y robaron, y se prepara para gobernar cuando la alternancia en el poder le de todo el poder.

Luego de los conflictos, cuando pasa el tiempo y los trabajadores vuelven a su estado de desmovilización, mientras esperan que las promesas se cumplan, vuelven a aparecer las presiones soterradas, las declaraciones de chantaje económico y las amenazas de quitar la sal y el agua e impedir que el gobierno desarrolle su programa. En respuesta, se crean mesas de diálogo que no llegan a ninguna parte y que se toman todo el tiempo del mundo para llegar a lo mismo mientras se acaba el tiempo del gobierno ciudadano y este cae y sigue cayendo en las encuesta, en los afectos y en los niveles de respeto y adhesión.

Luego, por arte de magia, aparece en los diarios que La Moneda ordena al ministro del trabajo restringir la agenda laboral que había anunciado y dilatar las iniciativas legales para no enrarecer más el ambiente y tratar de acercar posiciones con los grandes empresarios y con los partidos de derecha que debido al sistema electoral, tiene la capacidad de bloquear en el congreso cualquier ley que refleje los intereses mayoritarios de la nación en contra de sus posiciones o las de sus representados.

Acto seguido sale el gobierno a desmentir la información diciendo que la agenda sigue intacta y que solo se han priorizado para este año las leyes que menos ruido provocan mientras los representantes de los grandes empresarios se alegran por la señal de tranquilidad que les envía el gobierno y se habla eufemísticamente de u Pacto Social que trata de esconder la realidad de que sin el consentimiento de la derecha, ningún cambio prosperará.

Tendremos que esperar otra ola de furia. Un par más de trabajadores asesinados por las fuerzas de orden y seguridad. Tendremos que esperar quizá 17 años más, que cuando se trata de una dictadura parecen muchos pero cuando se habla de los gobiernos de la concertación parecen poco y se insiste en la necesidad de dar mayor tiempo para mantener al país sobre la senda de lo que ellos llaman “la coalición de gobierno más exitosa de la historia de Chile”. Sin embargo, nadie duda ya de que en el próximo conflicto, que tardará menos en llegar y que será seguramente mucho más radical, debido a la acumulación de frustraciones, de rabia y de desesperanza, continuará por la senda de convencer a los trabajadores y trabajadoras que su lucha es justa y que solo con organización y unidad lograremos arrebatar a la clase dominante un poco de aquello que nos pertenece por ser fruto de nuestro trabajo, que es el único antecedente legitimo para la propiedad privada.

Mientras tanto, seguiremos viendo como el costo de la vida sube borrando de un plumazo los pingues logros de las negociaciones que recién terminan, los mismos de siempre volverán a estar al lado de los trabajadores y los mismos de siempre, luego de otro periodo de sendas ganancias volverán a criticar la violencia de los trabajadores sin reparar en la violencia cotidiana, sistemática y permanente que genera el hambre, la cesantía y la falta de oportunidades. Sin reparar en lo violento que resulta no tener un horizonte claro y diáfano para el cual vivir y trabajar.

Sin reparar, en definitiva, en el sistema que ellos tanto defienden y se empeñan en mantener a pesar de las duras críticas que le hacen en periodos eleccionarios como los que se avecinan, en donde todos, sin excepción son contrarios al modelo y claramente de oposición.

Molesta se encuentra la derecha por que ellos llaman el doble estándar del gobierno que por un lado los convoca a un pacto social que permita avanzar en las materias que nuestra sociedad demanda, mientras en otro ámbito les critica la forma, el fondo y el doble estándar con que actúan cotidianamente en el escenario político nacional.Este cuadro, pone una vez más de manifiesto lo infame que resulta el sistema electoral impuesto por la dictadura en nuestro país, que al no permitir que las mayorías y minorías sean fielmente representadas en la discusión, genera un equilibrio de fuerzas en donde el que pierde empata a costa de las minorías que carecen de representación y de las mayoría que se ven castigadas y obtiene, al mismo tiempo y de la mano de los quórum calificados y otras trabas que aun permanecen, un poder esencial de veto que obliga al gobierno a permanentes y suplicantes llamados a la democracia de los consensos y a los pactos en los que la mayoría debe someterse a implementar solo los cambios en los que la minoría esta de acuerdo.

Así se evidencia la síntesis casi perfecta de lo que se conoce en nuestro país como gobernabilidad democrática que no es más que la incapacidad de que las voluntades mayoritarias se expresen en su real magnitud quedando siempre a merced de aquellos que vociferan acerca del cambio pero cuidando siempre de que todo sigua igual.

Buscan así potenciar la tan anhelada alternancia en el poder que hace 16 años vienen esperando mientras se allanan a realizar solo los cambios para los cuales ellos dicen estar dispuestos, pero además exigen que se les trate con cariño y que se les diga al oído que se les quiere, para que ellos se sientan cómodos, haciendo realidad solo sus proyectos y sin ser denostados públicamente por defender los privilegios de las minorías.

Asi las cosas, vuelve a tener una vigencia fulminante aquella sentencia de Tomic que afirmaba que cuando se gobierna con la derecha, es la derecha la que gobierna y nos pone como país, una vez más, ante la necesaria transformación de fondo que nuestro sistema político requiere y que debe ir en la senda de lo que gran parte del continente viene haciendo al darse constituciones emanadas efectivamente de la voluntad popular y que representan sin tapujos ni dobles discursos el sentir mayoritario de la nación.

No hay que equivocarse. El consenso es el principal enemigo y la peor trampa para la democracia porque a través de él son las minorías las que se imponen sobre las mayorías para mantener sus privilegios, quitándole totalmente el contenido a la palabra democracia que a pesar de que muchos intenten deformarla con apellidos inciertos, sigue siendo el gobierno del pueblo, en el que las personas que la integran tienen la posibilidad de influir abiertamente y de manera legal sobre el proceso de toma de decisiones, cosa que en nuestro país, claramente no sucede.

Como si fuera poco creen legítimo que sean los mismos representantes los que deban discutir para modificar el sistema por el cual ellos son elegidos entrando en abierta contradicción con el deber de los representantes del pueblo de abstenerse de discutir y votar leyes en las cuales tienen intereses directos o indirectos.

Por lo mismo, más allá de los loables y válidos intentos de los comunistas por derrotar la exclusión abriendo cualquier puerta que sea posible abrir, jamás debemos perder de vista la necesidad de seguir luchando y trabajando para constituir a la brevedad posible una asamblea constituyente democrática y participativa, en donde estén representados todos los sectores políticos y sociales y de la cual emane una constitución que sea fiel reflejo del sentir de la nación en su conjunto para refundar Chile de cara al Siglo que recién comienza.

Han llamado, por lo mismo, al gobierno, a intervenir para remediar el asunto y salvar al sector, olvidándose hipócritamente, de la defensa que su sector hace siempre de la libertad con que el estado debe dejar funcionar a los mercados, negándose permanentemente a cualquier intervención para corregir las imperfecciones propias de un modelo perfecto, cuyas leyes, en la practica, desaparecen. A ellos se han sumado los gremios empresariales del sector, liberales solo cuando les conviene y tremendamente estatistas cuando sus utilidades peligran.

Para compensar este efecto, han propuesto que el gobierno contenga y reduzca el gasto, es decir, deje de atender las necesidades sociales para proteger a los pobres empresarios que, cuando la libre competencia no los favorece, vuelven a mirar al estado para pedir socorro y se olvidan que son ellos , según sus propias definiciones, el motor fundamental de la economía.

Tan absurda resulta su propuesta y su argumento, como culpar a los argentinos de la crisis energética que vive permanentemente nuestro país, como si el día de mañana, ante una eventual alza significativa del consumo interno de cobre en chile, el gobierno fuera a preferir proveer a las empresas extranjeras en detrimento del consumo interno para cumplir los compromisos comerciales rubricados.

En ambos casos la responsabilidad recae exclusivamente en quienes han optado por un sistema económico de apertura global, tremendamente vulnerable a las turbulencias económicas mundiales y que ha dejado en el olvido la segunda fase exportadora, tantas veces prometida y en el caso de la crisis energética, han pensado solo en un tipo de matriz energética casi exclusivamente en base a materias primas que Chile no posee y que, por lo mismo, depende casi exclusivamente de factores externos, renunciando en ambos casos a desarrollar fuerza propia tanto para asegurar el funcionamiento de la economía con un modelo que ponga el énfasis en la creación de un sector industrial capaz de agregar valor a nuestras materias primas como para desarrollar una matriz energética diversa, sustentable y medioambientalmente amigable, objetivos ambos para los que Chile posee características formidables.

Claro que para ello debiéramos partir contando con una clase política y empresarial con visión estratégica y centrada en un proyecto nacional de desarrollo al servicio de Chile y su gente, con justicia social, igualdad de oportunidades, democracia y equidad y no con una casta de actores políticos y empresariales solo centrados en su reelección y en la rentabilidad individual o familiar de corto plazo.

De la misma manera debiéramos exigir a los actores políticos que tengan un mínimo de coherencia entre sus postulados y sus propuestas porque tratar de estar siempre del lado en donde calienta el sol es una mala costumbre que desprestigia la política y desmotiva, sobretodo en las nuevas generaciones, la tan manoseada participación.

Se olvida la presidenta de Chile, que son precisamente las políticas de los gobiernos de la concertación o la ausencia de ellas, mejor dicho, las que han contribuido a esta realidad, al no haber contribuido a la promoción y la defensa de la libertad de expresión en los últimos 17 años permitiendo que sea el mercado, mediante la ley de la oferta y la demanda, el que defina que leen, que escuchan y que ven los chilenos, llegando al extremo de ser quizá el único gobierno en el mudo que está obligado a comunicarse con sus electores, casi exclusivamente por los medios de comunicación que maneja la oposición de derecha a su gobierno, que controla casi el 95 % de los medios de comunicación en nuestro país.

No esta de más recordar que en todos estos años de supuestos gobiernos democráticos hemos visto aparecer y desaparecer revistas, diarios, periódicos, radios y canales de televisión alternativos, la mayoría de ellos, que no lograron ser rentables y que sucumbieron sin apoyo estatal alguno, en este sistema en el que todos hablan de la libertad de expresión, pero en el cual ésta solo existe acotada por un profundo sesgo económico que rige todas las esferas de la vida cotidiana en nuestro país.

Y valga la pena recordar que esta libertad con fuerte sesgo económico, no solo existe en el ámbito de la información y de la comunicación, porque en nuestro país solo tienen la libertad de viajar, de educar a sus hijos en buenos colegios, de acceder a una buena y oportuna atención de salud y a un digno sistema de transporte y de comer una dieta sana y equilibrada, por poner solo algunos ejemplos, solo los que tienen el dinero para costearlo, lo que no es mucho decir, en un país en donde la gran mayoría de la población ni siquiera alcanza a obtener un sueldo que en términos de la iglesia católica, aparezca como digno, menos si consideramos el encarecimiento del costo de la vida en relación con el estancamiento de los sueldos y salarios.

Por lo mismo, más que declararse sorprendida la mandataria debiera preocuparse de desarrollar una efectiva política de desconcentración de los medios de comunicación, con planes y programas serios para permitir el surgimiento y la manutención de los medios independientes arrebatándole al mercado todopoderoso y eterno la atribución de definir los programas y contenidos a los cuales los chilenos y chilenas podemos acceder diariamente.
Solo así podrá asegurar una efectiva y eficaz libertad de expresión y en una de esas, hasta la gente se llega a enterar de las extraordinarias cosas que está haciendo su administración y que a la luz de lo que los chilenos viven, leen, escuchan y ven, parece ser solo un cuento.