Por último, estamos quienes creemos que el trabajo es la forma de realización del ser humano, ya que permite satisfacer nuestras necesidades y reproducir nuestra existencia.

De estas visiones nacen las distintas formas de abordar la cesantía y el salario mínimo.

En el caso de la primera, unos afirman que es un flagelo que debe combatirse con la caridad y la solidaridad eventual en tiempos de catástrofe; otros plantean que es una variable del modelo económico cuyo comportamiento es resultado de factores mucho más relevantes que la cesantía propiamente tal. Para quienes nos ubicamos en la tercera opción, la cesantía representa el principal problema de la sociedad actual, ya que quien no tiene trabajo, no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades ni reproducir su existencia. De ahí que el trabajo ocupe un espacio central entre las demandas que debieran considerarse un derecho humano fundamental. Esto implica que debiera asegurarlo el Estado cuando la iniciativa privada se revela incapaz de hacerlo para todos y todas.

También resulta fundamental resguardar su valor, para evitar los abusos que buscan disminuirlo y así aumentar las utilidades a costa de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. A este objetivo contribuye el temor y la inseguridad que provoca el desempleo y la amenaza permanente sobre los que tienen trabajo, de quienes necesitan trabajar y están dispuestos a aceptar, incluso, un salario menor al del primero.

Por eso resulta fundamental que el incremento del sueldo mínimo disminuya la brecha entre el costo de las necesidades y el magro poder adquisitivo que poseen los salarios, lo que nos lleva a debatir la necesidad de eliminar el trabajo precario, el trabajo mal remunerado y la sobreexplotación, al tiempo de fortalecer la organización sindical y su poder de negociación.

Los empresarios de derecha, por su parte, seguirán promoviendo una mayor flexibilidad laboral, la eliminación o el estancamiento del sueldo mínimo y el derecho a pactar individualmente las condiciones laborales para obligarlos a aceptar las condiciones que buscan imponer.

Ellos están más interesados en la rentabilidad de sus negocios que en la felicidad humana. Pretenden, e intentan, aparecer defendiendo la propiedad privada cuando en realidad, si partimos del consenso que explica la propiedad privada como fruto del trabajo, podemos afirmar que son ellos quienes atentan permanentemente contra la misma, cada vez que pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Así, se apropian de una parte de la propiedad privada del trabajador.

¿Cómo se puede explicar el hecho que una minoría de la sociedad descalifique y estigmatice a la gran mayoría como irresponsable por la demanda de incrementar el sueldo mínimo, hasta que este refleje efectivamente el valor del trabajo?

Este es el modelo de desarrollo que la derecha ha consolidado; el mismo que quienes aspiramos a una sociedad más justa nos empeñamos en transformar y superar.

A lo anterior, se ha sumado la cada vez menor participación de la ciudadanía en los procesos políticos formales y el surgimiento de movimientos transnacionales de «indignados» que buscan desesperadamente cambiar la realidad, sin todavía avizorar, de manera clara, la imagen objetivo de la sociedad hacia la que desean avanzar.

Ahora bien, el lugar que mejor refleja la crisis, tanto en nuestro continente como en gran parte del mundo, es la gran ciudad que ha surgido del desplazamiento del eje de gravedad productivo, desde el campo a la ciudad, debido al proceso de concentración de la riqueza que promueve el modelo, de la inequidad territorial que esto genera —en contraste con las expectativas generadas por el proceso de urbanización—, y de la ciudad difusa que ha promovido el neoliberalismo a través de sus políticas económicas de suelo y vivienda, en oposición a la ciudad compacta que proponía el modelo de Estado planificador.

Chile no es una excepción a este fenómeno, por lo que resulta necesario profundizar los estudios acerca de la crisis de nuestras áreas metropolitanas y sus múltiples expresiones y variables, sobretodo, porque los sectores más afectados por esta situación son los de menores ingresos, que además de vivir en un medio ambiente contaminado y sin un acceso adecuado a los bienes y servicios básicos, sienten que poseen cada vez menos incidencia en la toma de decisiones al interior del sistema político.

Daniel Jadue J.

El Gobierno de Damasco ha indultado a 97 prisioneros opositores que fueron arrestados durante el levantamiento popular contra el régimen de Bashar al Assad. La agencia estatal SANA indica que los indultados no tenían “las manos manchada de sangre”.

El indulto es uno de los pasos que está dando el Gobierno sirio para cumplir el plan de paz elaborado por el enviado especial de la ONU, Kofi Annan. Anteriormente las autoridades sirias empezaron también la retirada de su Ejército de las tres principales ciudades rebeldes, algo que también está previsto en el plan de Annan.

Por su parte, los representantes del opositor Ejército Libre Sirio anunciaron que también están dispuestos a acatar el alto el fuego, si las fuerzas gubernamentales cumplen las condiciones del plan de Annan y ponen fin a las hostilidades antes del próximo 12 de abril.

La oposición, incrédula

Sin embargo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha reiterado que las autoridades sirias deben detener todas sus operaciones militares. Este llamamiento se hace tras las denuncias de los opositores sobre la muerte de al menos 89 personas en los últimos días por la represión del régimen. En total, hasta 9.000 personas murieron víctimas del conflicto desde su comienzo, hace más de un año.

En el proceso de “transición pacífica hacia la democracia”, ambas partes del conflicto sirio “tendrán que hacer muchos esfuerzos por construir un espacio de credibilidad y devolver la confianza a la sociedad siria”, según opina el analista de relaciones internaciones Daniel Jadue.

Pero “en ningún caso parece aceptable que otros países con las mismas faltas de respecto a la democracia y a los derechos humanos que Damasco”, estén buscando el derrocamiento de Al Assad “para poner en su lugar al régimen que quieran ellos”, sostiene Jadue.

El plan de Kofi Annan, apoyado por la comunidad internacional y todos los implicados en el conflicto, contiene seis puntos y prevé el cese de las hostilidades por ambas partes del conflicto, pero no hace ninguna alusión a cambios en el régimen político.

Fuente: Rusia Today

En este contexto, podemos inferir que hace rato que la sociedad chilena viene enfrentando los embates de algunos partidos políticos, de marcado carácter confesional, que buscan transformar nuestro país en una nación fundamentalista y totalitaria, promoviendo solo cambios dentro de la continuidad, pero buscando consolidar un modelo en el cual la diferencia real simplemente no exista, o sea ilegal.

De hecho, mientras nuestra sociedad trata de avanzar en dirección a la tolerancia, como principio básico para una sana convivencia y una democracia plena, asumiendo realidades incuestionables que hace décadas eran negadas de manera ciega y sorda, la UDI y los sectores más conservadores de RN intentan imponer sus visiones a una parte cada vez mayor de chilenos que no adscriben a sus valores y formas de ver y entender la realidad, mediante leyes hechas a la medida de estos sectores fundamentalistas que cada día se alejan más y más del espíritu de la mayoría de nuestra ciudadanía, siempre apoyados por un sistema político —el binominal— que no permite que se expresen de manera adecuada en el parlamento las mayorías y minorías verdaderamente existentes.

Ello demuestra, por una parte, la incapacidad de estos grupos para convencer, incluso a sus propios miembros y seguidores, de observar las normas y conductas que dicen promover y al mismo tiempo, su intención de utilizar al Estado para imponer mediante las leyes, aquellos valores que la sociedad en su conjunto comienza a abandonar de forma mayoritaria, negándose a aceptar que quienes no comparten sus principios y valores, puedan vivir según sus propias prácticas y doctrinas.

Pretenden así, que el Estado intervenga consolidándose como un instrumento de dominación cultural y política e intentan delegar en el mismo el triunfo, por secretaría, de una batalla que, en el campo de la moral y en absoluto silencio, asumen como perdida.

Resulta importante, aunque parezca obvio, recordar que tal como la ley de divorcio no obliga a los católicos a divorciarse, ni la existencia y distribución de la pastilla del día después obliga a las católicas a ingerirla, una ley de matrimonio que no discrimine personas por su opción sexual, no obligaría a los católicos del mismo sexo a casarse entre ellos.

De la misma manera, legislar y regular el aborto terapéutico y la eutanasia, tampoco obligaría, a quienes no aceptan dichas prácticas, a llevarlas a cabo.

En este contexto, resulta fundamental recordar que el ideal de las leyes, en los regímenes democráticos, es que se constituyan en instrumentos capaces de resolver problemas sociales y conflictos entre privados, y entre estos y el Estado, representando el sentir y las creencias de la mayoría de la nación. Siempre, con respeto a las creencias y tradiciones de las minorías, que deben poder vivir según sus preceptos, mientras no pongan en peligro la vida, la libertad y el bienestar de los demás.

Una revista de EE. UU. informó que Israel tendrá acceso a las bases aéreas de Azerbaiyán, lo que facilitaría un ataque a Irán, ya que se trata de un país vecino. La noticia fue desmentida por las autoridades de Azerbaiyán que la calificaron de “absurda” y de “provocación”.

El analista internacional Daniel Jadue comentó a RT que detrás de estas noticias y especulaciones, iniciadas por la revista influyente Foreign Policy, se esconde un truco común de Washington: poco a poco preparar la comunidad internacional para la necesidad de una guerra contra Teherán.

“Esta información lo que busca es seguir generando el ambiente para convertir el ataque a Irán por parte de Israel y EE. UU. en un hecho consumado”, argumentó el experto.

Jadue explicó que, al ser preparado para que ocurra tal ataque, el mundo va a producir una reacción “tímida, como siempre” y la comunidad internacional se convertirá así en un cómplice de Washington en una guerra “que viola el derecho internacional”.

“Es parte de un libreto utilizado cientos de veces por EE. UU. e Israel. EE. UU. simula no estar en conocimiento, pero creo que es una parte de un plan fríamente calculado”, dijo Jadue.

El analista sostuvo que entre los objetivos de tales especulaciones también podrían figurar “inflamar otras zonas del mundo árabe” y comprobar, según la reacción de los países de la región, en cuáles de estos Washington y Tel Aviv pueden llevar a cabo su política de dominio.

Al nivel oficial en el núcleo de la confrontación contra Teherán, EE. UU. e Israel invocan los presuntos planes de desarrollo de armas nucleares. Irán niega tales cargos, subrayando que no busca obtener una bomba atómica, sino abastecer a sus ciudadanos con energía eléctrica.

Fuente RT

Mesa de Dialogo en El Mostrador TV

Estas obras y la participación activa de las comunidades afectadas, no parecen ser una excepción. Por todos lados y en casi todas las comunas en donde se están actualizando o ejecutando por primera vez los Planos Reguladores Comunales, la comunidad se levanta y reclama por las decisiones que se están tomando a sus espaldas, mientras comienzan a criticar abiertamente los resultados de determinados estudios que solo aplican proyecciones sobre tendencias económicas para responder ciegamente a ellas, pasando por alto las expectativas de los más directamente involucrados.

Salvo contadas excepciones, las autoridades comunales se disponen a abrir dichas comunas a lucrativos negocios inmobiliarios representados por edificios en altura y centros comerciales que se desarrollan sobre añosos y consolidados barrios residenciales de mediana y baja densidad, buscando jugosos ingresos por los permisos de edificación para las municipalidades y multimillonarias ganancias para las empresas inmobiliarias.

Pero lo cierto es que la responsabilidad no recae exclusivamente en las autoridades. Esta se encuentra repartida entre todos los actores que directa o indirectamente participan en la manutención de la actual forma de organización de la sociedad.

Primero, está la responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos, que no se interesan por los problemas mientras estos no les toquen directamente sus intereses y que luego de quejarse, en forma reiterada, de las decisiones cupulares y la falta de participación, se abstienen de participar o vuelven a votar por los mismos candidatos y partidos políticos que han mostrado un sistemático desprecio por la comunidad, por la participación y por la democracia como forma de relacionarse con su entorno, permitiendo que el sistema se reproduzca sin análisis, crítica, ni oposición alguna.

Luego están quienes hacen las leyes —diputados y senadores— que han validado una y otra vez el hecho de que los planes reguladores y el ordenamiento territorial se desarrollen sin la participación de la comunidad. De hecho, la Ley General de Urbanismo y Construcciones actual, que ellos han modificado al menos en cuatro oportunidades, solo obliga a incorporar a la comunidad en una función meramente consultiva, una vez que el proyecto está terminado, sin exigir siquiera que sean incorporadas las observaciones emanadas de las simbólicas reuniones informativas o asambleas populares y sin dejar tiempo para reaccionar.

Pero la responsabilidad recae también en las escuelas de arquitectura y urbanismo y en gran parte de las consultoras dedicadas a la planificación territorial que, con una visión absolutamente sobre ideologizada y con cada día menos capacidad de crítica, han ido consolidando una forma de entender la planificación y el ordenamiento territorial, completamente reñida con la participación y con las expectativas de los destinatarios de las mismas, reduciéndola solamente a una forma más de movilizar recursos financieros con miras a la tan ansiada reproducción del capital.

Por último, están las autoridades de los gobiernos locales que no asumen que la ley, en cuanto a participación ciudadana se refiere, solo establece mínimos obligatorios, convirtiendo la participación en un tema casi exclusivo de voluntad política. Así, todos deben saber que nada impide a los alcaldes de las comunas — y a las consultoras dedicadas a la planificación y el ordenamiento territorial—, incorporar la participación comunitaria de manera temprana y vinculante, es decir, incorporarla durante el proceso de elaboración del proyecto, con el compromiso de que las decisiones mayoritarias de la comunidad, se vean efectivamente reflejadas en los instrumentos legales.

Pero la responsabilidad mayor recae en la ciudadanía, por su egoísmo y su falta de visión y de solidaridad. Hay que asumirlo, nunca vimos a los ciudadanos y ciudadanas de La Reina reclamar contra la Costanera Norte en solidaridad con los habitantes de Pedro de Valdivia Norte. Tampoco vimos a los habitantes de Recoleta solidarizar con los habitantes de Providencia que hace años vienen reclamando por la destrucción de sus barrios y espacios públicos. Tampoco hemos visto a los ciudadanos que hoy reclaman hacerse cargo de las innumerables denuncias de la agrupación Defendamos la Ciudad que encabeza Patricio Herman. Sin embargo, a todos los hemos visto reeligiendo una y otra vez a sus alcaldes, concejales, diputados y senadores para luego volver a quejarse de las decisiones que, de manera inconsulta, toman la mayoría de las autoridades.

Daniel Jadue J.

El rechazo a la incorporación de 10 mil nuevas hectáreas a las zonas urbanizables de la Región Metropolitana ha abierto una antigua discusión que molestó a los actores económicos, que tienen intereses detrás de estos cambios. Estos desataron una furiosa campaña comunicacional orientada a asustar a la población, planteando un encarecimiento de los precios del suelo y las viviendas. Con ello buscan revertir la decisión del Gobierno Regional de Santiago levantando, como «voces objetivas», a profesionales «destacados» en el rubro y a representantes de las inmobiliarias y del mundo financiero.

Entre los defensores del crecimiento a destajo y sin planificación, destaca Marcial Echeñique, el mismo que en 1997 argumentó la iniciativa laguista de la Costanera Norte. Sostuvo en ese momento que disminuiría los tiempos de viaje y la congestión, y que ayudaría a convertir al Gran Santiago en una capital del siglo XXI. Los resultados de su propuesta están a la vista.

Al recordar esta discusión, no puedo olvidar una charla en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1997, cuando ante la pregunta de un alumno, acerca de si la presión inmobiliaria que la Costanera Norte generaría, terminaría o no expulsando a los más pobres a una periferia cada vez más lejana y con menos servicios, el mencionado profesor respondió, tajantemente, que en 2005 la pobreza en Chile ya no existiría. Hoy sus proyecciones parecen carecer completamente de bases sólidas.

Sin embargo, nuevamente nos desea imponer otra profecía: que la Región Metropolitana llegará a ocho millones de habitantes y que consumirá 10 mil nuevas hectáreas de suelo rural. Que los santiaguinos estarán dispuestos a viajar y pagar más por vivir en una casa con más terreno y cerca de la naturaleza. Como si las poblaciones de Pudahuel Sur, de Quilicura y Puente Alto hubiesen acercado a los más pobres a mejores condiciones de vida y a un contacto más estrecho con la naturaleza.

Lo que nuestro «experto» parece ignorar es la gran diferencia entre proyectar y planificar el territorio. La proyección solo se preocupa de constatar las tendencias del mercado sin cuestionar si estas son buenas o malas. La planificación, en cambio, las aborda incorporando variables sociales, culturales y políticas desde una mirada crítica, para reencauzarlas hacia un futuro mejor para todas y todos. O, para revertirlas cuando se manifiestan como negativas o cargadas de externalidades que la sociedad no es capaz de asumir y corregir de manera colectiva.

Lo que tampoco dicen estos «expertos» es que desde hace 30 años el mercado nos viene prometiendo una mejor ciudad y que, en cambio, el resultado ha sido una ciudad cada vez más cara y de peor calidad de vida para sus habitantes. En consecuencia, hoy nos encontramos con un ordenamiento urbano que privilegia los intereses inmobiliarios, construyendo una ciudad fragmentada y segmentada, donde coexisten la riqueza y la pobreza, el ocio y la superexplotación, la salud y la enfermedad.

Entonces, es legítimo preguntarse, ¿por qué Santiago habría de seguir creciendo cuando tiene mucho más de 10 mil hectáreas en torno a su centro fundacional, en comunas como Quinta Normal, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta e Independencia?, ¿qué hace posible absorber el crecimiento de los próximos 30 años con un inmejorable acceso a infraestructura y servicios, a diez minutos de todos los servicios básicos?

Por Daniel Jadue

Se habla de la necesidad de la descentralización de la toma de decisiones y de la desconcentración de los recursos del Estado; de la elección directa de los CORES y de las autoridades unipersonales de las regiones, como si solo con ello pudiéramos resolver un tema que es mucho más complejo de lo que la mayoría de la nación logra vislumbrar.

De partida, el problema no es solo de Calama, Puerto Aysén o Magallanes. Algo similar sucede en cientos de comunas mucho más cercanas y anónimas, que ni siquiera tienen la fuerza para generar un conflicto pues no solo están abandonadas y con dificultades para seguir adelante, sino que además cada día tienen menos población porque los viejos no tienen dónde ir y los jóvenes no tienen a qué quedarse.

Las razones para ello no son solo la falta de recursos y el centralismo. También juega un rol el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura en un proceso carente de toda participación ciudadana y asesorado única y exclusivamente por el monopolio de las armas.

Se nos impuso un modelo de desarrollo que implicaba un repliegue paulatino del Estado en áreas estratégicas de la economía y en la producción de bienes y servicios de primera necesidad, mediante la eliminación de gran parte de la acción directa del Estado en la reproducción de la vida social y económica de nuestro país.

Para ello, se eliminaron todos los subsidios estatales de carácter universal que permitían, en regiones y territorios distantes y poco poblados, el funcionamiento de numerosas actividades productivas y de servicios que bajo las leyes del mercado, simplemente no resultaban rentables.

El objetivo de estas medidas era dejar en manos del mercado y la iniciativa privada todo proceso productivo, sin importar si lo producido era un derecho universal, un bien de primera necesidad o un simple bien de consumo.

Se buscaba potenciar las diferencias competitivas de los territorios, eliminando de ellos todas las actividades productivas que no se sostuvieran por sí solas, reemplazándolas por otras que generaran la mayor rentabilidad posible, independientemente de si con aquello se arrasaba con las formas de vida asociadas a las primeras.

Los territorios se fueron especializando de manera radical, generado ciudades y comunas industriales; otras de carácter agrícola o agropecuario; muchas forestales o mineras y algunas restringidas solamente a la actividad turística. La mayoría de los territorios no tuvo como elegir, pues su ubicación no les permitía participar de los círculos virtuosos de la globalización neoliberal.

Consecuentemente, la cantidad, variedad y costo de los bienes y servicios, en cada lugar, se fue ajustando a la nueva situación, en directa relación con el rol del territorio, y con el tipo y cantidad de la demanda que sus habitantes eran capaces de generar.

Las comunas y los territorios que no tenían cómo competir con aquellas en donde la actividad florecía se fueron apagando en la medida que desaparecían las actividades que por años los habían mantenido con vida. Los viejos, sin tener a donde ir se quedaron tratando de sobrevivir cada día con menos recursos. Los jóvenes salieron huyendo en búsqueda de mejores expectativas de vida.

Los territorios reconvertidos casi en unidades monoproductivas entraron en la dinámica de las crisis cíclicas del capitalismo, por lo que sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a épocas de vacas gordas y flacas, convirtiéndose —parte importante de ellos— en población flotante de carácter nacional. Estos nuevos «ejércitos» de trabajadores desplazados se dedican, hasta el día de hoy, a recorrer Chile en búsqueda de lugares en donde «haya pega». Todo esto a costa de la vida familiar, mientras los sectores dominantes cacarean sobre la necesidad de proteger a la familia como base de la sociedad.

En muchos lugares, la educación pública desapareció, se debilitó de manera significativa o se desplazó a lugares en donde la concentración de alumnos la hiciera viable con una subvención que representa menos de la mitad de lo necesario para asegurar una educación de calidad.

Algo similar pasó con la salud pública; con las universidades estatales que desaparecieron o nunca llegaron; con la cultura; con los lugares de recreación y esparcimiento; con la infraestructura deportiva y con todas aquellas actividades necesarias para la realización del ser humano que, lamentablemente, no son rentables en aquellos lugares en donde la cantidad de población no da para sustentar un negocio de este tipo.

El resto de los productos, esos que son indispensables, se encarecieron en todos aquellos lugares distantes, pues sin subsidios estatales de carácter universal, los productos y servicios de primera necesidad y aquellos que son derechos universales, cuestan lo que cuesta traerlos de donde están o simplemente no existen.

En este contexto ha surgido un país con dos realidades completamente opuestas: la de aquellos territorios y familias que lograron subirse al escenario de la globalización, y la de aquellos que no pudiendo hacerlo y siguen marcando el paso a la espera del día en que el último habitante se muera o decida marcharse, hastiado del indolente y ya demasiado extenso abandono estatal.

Efectivamente, lo anterior se ha visto agravado por la falta de democracia, el centralismo y la concentración de los recursos en las zonas exitosas de la globalización neoliberal, que han recibido todas las inversiones en infraestructura necesarias para subirse al carro de la mundialización; pero no será solo abordando estos males como podremos revertir un proceso que sin cambio de modelo, mas rápido o más lento, seguirá por la misma senda por donde transita hoy.

Resulta evidente entonces que de no asumir que, por un lado, necesitamos asegurar una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones sobre su propio destino y, por otro, requerimos de un Estado mucho más comprometido con los derechos universales, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes, independiente del tamaño del mercado que representen y del lugar en que habiten.

Será mejor que nos vayamos preparando para enfrentar conflictos o abandonar cerca del 95 % del territorio nacional, pues bajo el paradigma neoliberal, aunque haya más participación, todo seguirá relativamente igual.

Daniel Jadue

Publicado en: Cooperativa, El Quinto Poder

La oposición armada está abandonando la ciudad de Homs por falta de municiones.

El Gobierno Nacional Sirio confirmó que la mayoría de los guerrilleros de la oposición ha abandonado el barrio de Baba Amr, pero precisó que se trata de una “capitulación estratégica”.

El Ejército sirio, a vez, declaró que ha salido de Baba Amr “para salvar las vidas de 4.000 civiles” que se habían negado a abandonar sus casas.

Según informa la prensa británica, la capitulación de las tropas de la oposición siria en Homs es el resultado de un acuerdo entre las dos partes con el objetivo de evitar un combate final.

Las autoridades sirias han dado luz verde este viernes a la Cruz Roja para llevar ayuda a la devastada Homs y evacuar a los heridos, según declara el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El 29 de febrero el Ejército de Siria tomó bajo control la región de Baba Amr en el centro de la ciudad Homs, bastión de las fuerzas antigubernamentales en el país, según declaran fuentes del servicio de seguridad en Damasco.

“La región está controlada. El Ejército ya ha empezado la búsqueda de las armas y los terroristas, rastreando cada sótano y cada túnel”, dijo un informador a France Press. Agregó que en la ciudad todavía se conservan algunos focos insignificantes de la oposición.

Durante casi un mes Baba Amr ha sido blanco de bombardeos. Precisamente en el barrio de Baba Amr un bombardeo dejó sin vida a dos representantes de la prensa extranjera, la reportera estadounidense Marie Colvin, de 56 años, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de 28.

Acceso “inmediato y sin obstáculos”

El Consejo de Seguridad de la ONU pidió hoy al Gobierno de Siria que permita el acceso “inmediato y sin obstáculos” a la subsecretaria general del organismo para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, y deploró “el rápido deterioro” de la situación humanitaria que vive el país árabe.

“El Consejo de Seguridad expresa su decepción por que Amos no haya recibido a tiempo una autorización para visitar Siria por parte del Gobierno pese a sus repetidas peticiones y los intensos contactos diplomáticos en ese sentido”, dijeron sus quince miembros en un comunicado acordado por unanimidad.

El analista internacional Daniel Jadue opina que esta decisión es una de las pocas que pueden adoptar los organismos internacionales para influir en Siria. El Consejo de Seguridad, según Jadue, “no tiene consenso sobre las acciones más drásticas ni la operación militar, y yo espero que esto no suceda”.

Lavrov: “Un guión militar en Siria e Irán sería una violación del derecho internacional”

El canciller ruso Serguei Lavrov expresó la esperanza de que la comunidad mundial “tendrá bastante sabiduría para no permitir que se siga un guión militar” en Siria e Irán.

“Si se da el escenario militar y de fuerza, significará no solo un declive de la época del derecho internacional, sino también una violación indignante de sus bases fundamentales”, dijo.

No obstante, Lavrov supone que “esto no sería la primera y posiblemente tampoco la última prueba de la resistencia del orden jurídico actual”.

“Nadie ha anulado la norma clave del derecho actual internacional, las decisiones de aplicar fuerza contra un Estado soberano pueden ser tomadas solamente en el Consejo de Seguridad de la ONU”, sentenció.

RT