Este deasfortunado episodio, nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable3.

Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la concertación, ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.

La COREMA se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la Ley y con consulta al presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.

Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.

Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.

Lo segundo es terminar con la integración vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental, sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.

Lo tercero es mantener una Línea Base4 oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los recursos necesarios para enfrenar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella no existe en la institucionalidad vigente.

Por último, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y a diseñar con la comunidad, las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.

Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares; generando incluso, un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.

Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo, en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.

Daniel Jadue

1. El autor es Arquitecto, Sociólogo y Candidato a Magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile. Es además Lic. En Gestión de Calidad Total de la Universidad Católica del Norte. Es Vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Comunicaciones de la Federación Palestina de Chile.

2. La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo aprobó por 15 votos a favor y 4 en contra el proyecto de construir una central termoeléctrica a carbón de 540 MW en la caleta de Chungungo, al sur de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera. Específicamente serán dos plantas a carbón las que se construirán, dentro del proyecto termoeléctrico Barrancones.

3. La definición más ampliamente aceptada para el concepto del “Desarrollo Sustentable” se refiere a aquel tipo o modelo de desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo el derecho de satisfacer las mismas necesidades de las generaciones futuras.

4. Se entiende por Línea Base a una caracterización inicial completa del ecosistema en donde se inserta un proyecto determinado, caracterización a partir de la cual se miden los impactos que proyecto tendrá sobre el medio ambiente natural, construido y social.El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser aprobado por los representantes del gobierno en los organismos gubernamentales competentes para dar el vamos, a los proyectos de los cuales se supone, podrían tener un impacto medioambiental significativo. Con esto, la administración Piñera le pone un broche de oro a todas sus promesas de campaña de respetar el medio ambiente y desechar las centrales termoelectricas y anticipa lo que seguramente será su lamentable legado en materia medioambiental.

A pesar de lo anterior, algunos espacios académicos y medios de comunicación -ligados a la derecha tradicional- interesados en mantener las cosas como están, pretenden una vez más explicar y justificar lo injustificable, echando mano al estancamiento del ritmo de crecimiento de la economía y al rol que en éste juega la baja productividad del factor trabajo.

En efecto, en su análisis suelen presentar la acumulación de trabajo, capital y la productividad como los factores determinantes del crecimiento. Fieles a su sobre ideologizado discurso, pretenden demostrar que a veces, a pesar de haberse mantenido o incrementado la inversión de capital el crecimiento económico sigue estancado, lo que se explicaría por la baja productividad promedio de los trabajadores chilenos.

En este factor -según ellos- influirían variables como la ausencia de reformas económicas más pro mercado, entre las que destacan la falta de flexibilidad laboral; la ineficiencia del sector público; la mala calidad de la educación; y el mal funcionamiento de algunas instituciones, fundamentalmente estatales.

Se aprovechan así, de su hegemonía en los medios de comunicación para endosar la responsabilidad de la baja productividad, de manera casi exclusiva, al mundo de los trabajadores, omitiendo, ex profeso, aquellas variables en donde la responsabilidad recae exclusivamente los dueños de las empresas y la alta dirección de las mismas.
Sistemáticamente van dejando fuera de sus discursos explicativos variables que también juegan un rol fundamental en el estancamiento de la productividad y que guardan relación con lo que, en las academias de buen nivel y los países desarrollados, se conoce como “clima laboral”.

Este se entiende como el ambiente o la atmósfera en el que se desarrolla el trabajo dentro de la empresa y surge, principalmente, de las percepciones de los trabajadores respecto de las estructuras y procesos en los que se fundan las organizaciones productivas.

Destacan, entre ellos, las condiciones de trabajo, el nivel de satisfacción con el mismo, los estilos de liderazgo empresarial, las relaciones interpersonales, el nivel de identificación de los trabajadores y trabajadoras con las empresas en que se desempeñan y principalmente, la percepción acerca de la adecuación de la recompensa percibida (salario y beneficios) por el trabajo realizado y la relación de éstos con su nivel de participación en la distribución de los beneficios generados.

Lamentablemente en nuestro país, la derecha económica y académica, y los líderes de los grandes empresarios, prefieren omitir estos temas porque un simple análisis de los mismos dejaría en evidencia la tremenda deuda social que tienen con nuestra sociedad. Pretenden dirigir los procesos políticos y económicos del país pero adolecen de honestidad suficiente y convicciones democráticas tales que permitan abordar de manera integral el tema en cuestión, callando aquello en lo que tienen una responsabilidad fundamental y que en otros países, ya nadie discute.

De hecho, una rápida y general comparación con los países de la OCDE nos arroja una realidad nacional caracterizada por una distribución de los gananciales mucho más desigual, con altas utilidades y remuneraciones a los directores y altos ejecutivos de las empresas en comparación a los paupérrimos salarios en los niveles más bajos de las estructuras productivas. Basta ver las últimas cifras de la encuesta CASEN, que muestra una disminución significativa en la participación en los gananciales del decil más vulnerable frente a un incremento, también significativo, del 10% más rico de la población.

Junto con lo anterior gozamos de un nivel significativamente más bajo en calidad de vida laboral, en el caso de quienes están en la línea de producción, caracterizada por espacios inadecuados a las funciones realizadas, mala infraestructura, insuficiente seguridad, tecnología obsoleta y ausencia de políticas de capacitación para mantener la empleabilidad de los trabajadores.

A pesar de ello, el sobreideologizado discurso neoliberal les impide darse cuenta que no hay mejor forma de aumentar la productividad de una nación, que teniendo trabajadores satisfechos y contentos; orgullosos de ser parte de las empresas en donde se desarrollan; capaces de dar a sus familias, mediante su trabajo, la calidad de vida con la que sueñan para sus seres queridos; con una inversión en capacitación y desarrollo permanente; y plenamente integrados a una sociedad que cuando esta en problemas, les pide sacrificios, pero que cuando le va bien, es capaz de hacer participar a todos de los beneficios propios de los tiempos de bonanza.

De más está decir que en nuestro país lo que caracteriza el clima laboral es precisamente lo contrario: estilos de liderazgo autoritarios, exclusión social y política, ambientes competitivos y completamente atomizados, malas o insuficientes condiciones de trabajo, largas jornadas laborales, poca o nula inversión en capacitación y desarrollo y miles de familias con una incapacidad permanente de proveer calidad a ellos y a sus hijos, todo ello coronado con sueldos y salarios que solo sirven para reproducir y aumentar la desigualdad.

Esto contrasta fuertemente con países desarrollados en donde se trabaja mucho menos, se gana mucho más y se asiste a una continua preocupación por el desarrollo de los trabajadores. Por lo mismo, en esas sociedades, en donde el Estado posee un mayor compromiso con sus ciudadanos desde la cuna, se produce casi tres o cuatro veces lo que se produce en nuestro país, en donde al igual que en la educación se espera que llegue la calidad y la productividad sin haber invertido nada en las condiciones necesarias para generarlas.

Daniel Jadue

Publicado en: El quinto poder 13.08.2010

Hoy en nuestro país se está discutiendo una ley que busca mejorar la calidad de la educación y su nombre hace mención precisamente a este cuerpo de ideas antes mencionado. Lo lamentable es que en nuestro país nos hemos habituado a copiar a medias algunos modelos provenientes de otros países, excluyendo de los mismos toda exigencias o condición a quienes ostentan el poder y son dueños de los medios de producción.

De esta manera, por ejemplo, se analiza siempre la flexibilidad laboral y se compara nuestro país con otros que tienen mercados aun más flexibles, pero sin entrar a los temas que incomodan a los grandes empresarios referentes al clima laboral y a la protección social del trabajador y sus familias en tiempos de desempleo. Tampoco se compara, desde el otro extremo, los promedios porcentuales de las utilidades de las empresas y su relación directa con los magros salarios y condiciones en las que laboran los trabajadores en nuestro país.

En el caso del Proyecto de Aseguramiento de la Calidad en la Educación, la situación no es muy distinta.

Se ha centrado la preocupación de manera casi exclusiva en el control y la evaluación de los que están en la ejecución del proceso, sin siquiera abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades de cada actor en el mismo. Tampoco el proyecto se abre a incorporar una evaluación participativa de la política, del liderazgo que corresponde al gobierno ni del grado de participación de todos los actores del proceso en la definición de los objetivos de la calidad. Tampoco se discute el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos.

Se ha planteado entonces un proyecto que convierte a la calidad en un fin en si mismo y no en un medio para el mejoramiento de la educación chilena y el desarrollo de nuestra sociedad.

Se ignora, ex profeso, que la gestión de calidad se basa en la necesidad de hacer las cosas bien a la primera; realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y por sobretodo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos del proceso, que en este caso corresponde a los directivos, docentes, co-docentes, padres, apoderados y alumnos, que son, en definitiva, los miembros del sistema educativo y aquellos a quienes deseamos servir a través de él.

Sin lo anterior, hablar de calidad es solamente un ejercicio retórico, sin la más mínima intención de asegurar un buen resultado.

Como es sabido, la calidad se logra generando de manera participativa las especificaciones de lo que se desea producir, diseñando luego, también de manera participativa, el proceso mediante el cual se desarrollará; obteniendo, luego, los recursos, la infraestructura y los profesionales necesarios para la realización del producto, servicio o actividad, para luego realizar las acciones requeridas para materializar lo que se desea ofrecer.

En el caso del proyecto en cuestión, se pretende lograr calidad en la educación sin la más mínima participación de los actores del proceso en las definiciones del mismo. Esto demuestra la nula preocupación por el destinatario final del proceso y mucho menos por el destinatario interno del mismo, de la misma manera que no parece haber preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso ni por que los recursos necesarios para desarrollarlo no estén disponibles o sean claramente insuficientes, planteando que primero debe llegar la calidad, para ser premiada con los recursos necesarios para lograrla. Es decir, una vez más se pone la carreta delante de los bueyes.

Es por esto que creo importante analizar la ley que se encuentra en discusión, a la luz de los principios que acompañan la instalación de sistemas de gestión de calidad, que según los expertos en el área son: la organización orientada al beneficiario, tanto interno como externo; el liderazgo estratégico; la participación; el enfoque de procesos; el enfoque de sistemas para la gestión; la mejora continua; el enfoque basado en hechos reales para la toma de decisiones; y las relaciones mutuamente beneficiosas con los miembros de la organización.

En el caso de la orientación a los beneficiarios, se sabe que las organizaciones dependen de ellos y por tanto debieran comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse por superar sus expectativas. En este punto la ley parece no calificar para ser considerada como un sistema de aseguramiento de la calidad, pues mantiene la nula orientación al cliente, beneficiario o destinatario al no considerar en lo más mínimo las necesidades de los profesores, de los padres, apoderados, co docentes y de los alumnos en las definiciones políticas y mucho menos en la provisión de los recursos necesarios para desarrollar de manera adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje.

A los profesores solo se les considera solamente para ser evaluados y a los padres, apoderados y alumnos solo para participar en las mediciones de satisfacción del usuario que suele ser una parte mínima del proceso.

De esta manera, las necesidades de la sociedad parecen no estar presentes en el proyecto de ley y menos una definición acerca de lo que Chile desea de su educación. Por lo mismo, se ve difícil que la mencionada ley y su principal instrumento, la Superintendencia de Educación, entendida como la Agencia Para el aseguramiento de la Calidad de la Educación, logre generar identificación y compromiso de los participantes en el proceso y de la sociedad en su conjunto con el sistema educativo, pues nada de lo que hay en él, los toma en verdadera consideración.

En el caso del liderazgo, resulta imprescindible la existencia de lideres capaces de establecer la unidad de propósito y las orientaciones generales para la dirección del sistema, los que deben esforzarse, más allá de las palabras de buena crianza, por generar y mantener un ambiente interno y un clima de trabajo en el cual los profesores pudieran llegar a involucrase totalmente en el logro de los objetivos del sistema educativo, buscando por todos los medios, el logro de profesores orgullosos, satisfechos y contentos de la labor que realizan, del ambiente de trabajo en el que se desempeñan y de la retribución que reciben por el mismo.

Sin lo anterior jamás veremos avances reales en la educación ya que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados de nuestro país, con la presión de ser ante la sociedad, los únicos responsables de los resultados en el aula como si los que elaboran la política, definen la cantidad de recursos y el marco en el cual se desarrollará, no tuvieran relación con los mismos, es un muy mal camino, sino el peor, para tratar de alcanzar la tan mentada calidad y no parecen haber señales para pensar que quienes lideran hoy el sistema nacional de educación tengan las preocupaciones que suelen caracterizar al tipo de liderazgo antes mencionado.

De todo lo anterior se deduce que la ley debe ser transformada radicalmente si es que alguien desea de verdad mejorar la educación. Dichos cambios debieran incorporar necesariamente, mecanismos y procedimientos para la participación temprana y vinculante de todos los miembros del sistema, en las definiciones más importantes, ya que son la esencia del mismo y su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas de manera adecuada para el beneficio de toda la sociedad y de los destinatarios finales de las políticas educacionales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos.

Lo anterior debiera complementarse con un enfoque de procesos que permitiera entender la interacción entre los distintos actores y proceso del sistema, para que estos puedan ser efectivamente definidos, estudiados y asegurados.

Así las cosas, resulta imposible separar los procesos de enseñanza en aula con los destinados a ofrecer la infraestructura adecuada, los recursos necesarios, y los mecanismos de evaluación participativa y en 360° para definir, claramente, las responsabilidades de las fallas y poder desarrollar las acciones correctivas necesarias, en las áreas y actividades pertinentes, pues para asegurar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso, las que en ningún caso deben estar condicionadas a resultados, pues si las condiciones, como infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos son un premio por la calidad y no una condición para la calidad, jamás lograremos mejorar la educación.

Resulta claro entonces que mientras la ley no incorpore un enfoque de sistema que permita identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados para contribuir a la eficacia y eficiencia del sistema en el logro de sus objetivos y persista en separar los procesos y asignar de manera sesgada las atribuciones y las responsabilidades será, simple y nuevamente, un pésima aplicación, de una teoría justa y necesaria.

Por último, debe aplicarse un modelo de gestión de excelencia completo, que permita la incorporación de la cultura de la mejora continua en el sistema, por lo que asegurar el desarrollo de la carrera funcionaria y mecanismos transparentes y mutuamente acordados para evaluar participativamente la política y a todos los involucrados, determinar las brechas y capacitar a todos y todas los participantes en el proceso, debe formar parte sustancial en cualquier reforma educacional.

Todo lo anterior debe complementarse con un sistema de toma de decisiones basado en hechos reales, con indicadores construidos de manera participativa, de manera de desarrollar un sistema que reconozca que las relaciones entre beneficiarios o destinatarios y miembros del sistema, son interdependientes y, por lo mismo, debe ser mutuamente beneficiosas puesto que ello contribuye a desarrollar la capacidad de todas y todos los involucrados para crear valor en el sistema. Esto es particularmente importante a la hora, por ejemplo, de comparar el sector público y el sector privado ya que a diferencia de la imagen que se ha instalado y considerando las significativas diferencias de recursos que cada sistema utiliza por alumno atendido, los resultados no son tan distintos en pruebas internacionales por lo que aparece como más eficiente el sistema publico que con significativamente menos recursos por alumno obtiene resultados que poseen una mucho mejor relación precio calidad.

Resulta inaceptable y preocupante entonces, desde la perspectiva de la Calidad, que los profesores, que son parte fundamental del proceso que se pretende mejorar, sigan con la nueva ley, sin tener participación en las definiciones pero, al mismo tiempo, sigan siendo los únicos llamados a pagar los costos de la no calidad en la educación de nuestro país. Seguir insistiendo en exigir calidad sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria y haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesita para tener profesores orgulloso, satisfechos y contentos, solo puede tener por objetivo terminar de matar la educación pública para dejar a la educación privada, a pesar de la pésima relación precio calidad que posee, como la única alternativa para deseducar a nuestros hijos.

A los problemas de frecuencia y hacinamiento en las horas de mayor demanda, ahora se suma la evasión que, según los responsables del mismo, estaría afectando su viabilidad económica al provocar pérdidas por 50 millones de dólares mensuales.

La instalación del foco en dicho fenómeno le ha servido además al gobierno para justificar más represión y para provocar más conflictos y desconfianza entre la ciudadanía. Ésta ha optado por enfrentar personalmente a los evasores mientras se sigue resignando a tolerar y pagar por un mal servicio, que no tiene ninguna posibilidad real de mejorar mucho más.

De esta manera se sigue castigando a la sociedad con políticas públicas de mala calidad de las que nadie se hace responsable y sobre las cuales parece no existir una mirada distinta e innovadora, para solucionar el problema en cuestión.

Así las cosas, se evita abordar el tema desde una perspectiva más integral, ya que ello pone en jaque la sacrosanta ley de la oferta y la demanda en el uso del suelo urbano,. Se ha instalado la erronea idea que el problema central de nuestra metrópoli radica en cómo hacer más fluido y rentable el transporte público, sin medir que dicho enfoque traerá a futuro más problemas urbanos, sociales, económicos y políticos.

Se nos invita así a seguir por la senda de la destrucción de nuestra ciudad y la pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico, como consecuencia de la necesidad de ampliar calles y avenidas y trazar nuevas autopistas que dividirán la ciudad. Sin embargo, el destino inevitable es que en un breve tiempo volverán a estar nuevamente colapsadas. Basta con mirar la Costanera Norte y la Norte Sur para comprobar lo anterior.

Una alternativa a esta mirada es la que asume la necesidad de intervenir el territorio, para generar una mejor distribución del equipamiento social de primera necesidad generando mayor equidad urbana y social.

La encuesta origen destino de 2006, ofrece a cualquier investigador serio la evidencia que el problema de nuestra ciudad es la gran cantidad de viajes, como consecuencia de la pésima distribución del equipamiento social de primera necesidad.

De muestra, un botón: El 20% de los viajes diarios que se realizan en Santiago guardan relación con el estudio. Si a ello le sumamos las personas que demandan salud, esparcimiento y servicios básicos, llegamos casi al 50% de los mismos.

En el caso de la educación, solo el 36 % de esos viajes se realizan mediante caminatas. Esto implica que del total, que asciende casi a 3,5 millones de viajes diarios, 2,1 se realizan en algún medio de transporte motorizado.

Una simple reflexión nos permite deducir que si los 50 millones de dólares de perdida mensual que arroja el Transantiago, fueran utilizados para dotar a la periferia de la ciudad, y en especial a los barrios más vulnerables, de infraestructura social como colegios2 y consultorios de calidad, así como bibliotecas, plazas y parques, gran parte de los viajes diarios que se realizan en la misma no serían necesarios, lo que acarrearía una disminución significativa de la congestión vehicular y de todos los males asociados.

En esta alternativa, los habitantes de las comunas periféricas privilegiarían los desplazamientos a pie para acceder a dicho equipamiento al interior de sus propios barrios, lo que promovería el encuentro social, el intercambio y seguramente la reproducción del capital social

Como efecto secundario se obtendría una disminución significativa de la contaminación proveniente del polvo en suspensión. Ello generaría el consiguiente ahorro en los gastos de salud asociados a dicho fenómeno, sobretodo en el invierno. A ello se puede agregar el ahorro que se obtendría al evitar la destrucción de infraestructura útil, pero que bajo el enfoque vigente se vuelve obsoleta e inservible.

En suma, consolidar barrios integrales e integrados resultaría, sin duda, mucho más eficiente que continuar tratando de hacer más fluido y eficiente un sistema de transporte publico para una ciudad mal lograda, resultado de la ausencia de planificación y de la aplicación mecánica de la ley de la oferta y la demanda al uso de suelo y desarrollo urbano.

Se plantea que la discriminación entre empresas correspondería a una revisión fundamental e inconveniente de la institucionalidad económica chilena que ha avanzado por décadas, según, el artículo en comento, en la promoción de la competencia.  De la misma forma, plantea el artículo, que las reformas chilenas de las últimas cuatro décadas han buscado configurar un sistema donde las empresas – de cualquier tamaño o sector – compiten, supuestamente, en un contexto de reglas similares para todas, no expuestas a favores o sanciones arbitrarias de la autoridad.

Llama la atención, sin embargo, que en el análisis no se consideren los favores o sanciones arbitrarias provenientes desde el mismo sector privado, lo que para el editor, pareciera ser, en este caso, inexistente o completamente legítimo.

Este es el caso del descuento por volumen, que corresponde a una arbitrariedad entre privados que anula completamente la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a los pequeños empresarios, convirtiendo las definiciones anteriores solo en frases vacías que buscan construir una imagen de sociedad ideal, más que representar la realidad nacional, marcada por la concentración de la riqueza y las dificultades permanentes para los pequeños y medianos empresarios.

De esta manera un pequeño comerciante que desea comprar latas de bebidas para abastecer su local se encuentra con que le resulta más barato comprarle a una cadena de supermercados, que directamente al productor de las mismas, ya que debido al volumen de la compra del primero, éste es capaz de negociar y congelar precios de manera de salir al mercado en condiciones incluso más ventajosas que las del mismo productor.

Otro ejemplo es la diferencia abismal existente en las formas y oportunidades de pago existentes a los grandes y pequeños proveedores y el acceso a créditos que ambos poseen en virtud de la discriminación y arbitrariedad en la definición de las tasas de créditos con las que el mercado financiero asegura su rentabilidad, de acuerdo al riesgo de cada actor económico, lo que define el acceso a financiamientos que poseen los mismos con miras a sortear los problemas de flujo propios de cualquier emprendimiento.

Mientras unos reciben pagos al contado y con acceso inmediato y sin aval al crédito, otros lo hacen a 30, 60, 90 y hasta 120 días, viviendo permanentemente al borde de la quiebra y pagando intereses usureros a los primeros.

Cabe destacar que en algunos países desarrollados, ambas prácticas están prohibidas, precisamente para asegurar lo que algunos defienden como libre competencia.

La defensa de la igualdad a medias en las condiciones que las empresas deben enfrentar para competir, poniendo el énfasis solo en la necesidad de anular posible arbitrariedades del estado pero no la de los privados, solo puede provenir de sectores comprometidos con la mantención de un modelo eminentemente concentrador de la riqueza y promotor despiadado de las diferencias sociales como el nuestro.  Incoherencias como estas son capaces de explicar por qué en nuestro país sale tan caro ser pobre y tan barato no serlo.

Por lo mismo es que se hace necesaria una revisión completa de las condiciones para adoptar una línea coherente para el desarrollo una sociedad más justa, equitativa y solidaria, ya sea  eliminando las potenciales arbitrariedades provenientes tanto del sector público como del privado o buscando formas para compensar las existentes de manera de ir cerrando las brechas que en los últimos 40 años se han seguido ampliando.

Programas especiales y reportajes de prensa nos hablan de actitudes heroicas y de las supuestas réplicas solidarias que han seguido al terremoto del 27 de febrero pasado para mostrar esa supuesta característica, común a todos los chilenos y chilenas.

A través de los medios de comunicación de masas, hoy, la totalidad de ellos en manos de los defensores del modelo económico que impera en Chile desde la dictadura, se ha desarrollado una campaña para destacar los esfuerzos individuales y colectivos, de partes diminutas de eso que se llama sociedad, para aminorar en algo el sufrimiento de quienes lo han perdido todo, intentando relacionar dichas acciones, con la supuesta solidaridad que como país nos caracteriza. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, los mismos medios de comunicación de masas, han tratado de ocultar los hechos que demuestran exactamente lo contrario.

Por lo mismo es que quiero aprovechar la oportunidad para discutir esta teoría, que más parece ideología, que pretende instalar como hecho cierto el que Chile, nuestro país modelo, sea efectivamente solidario y quiero poner de manifiesto todo aquello que en mi parecer, dice lo contrario.

Para mi un país solidario es un país que estructuralmente opta por hacerse cargo de manera colectiva y a través de su ordenamiento jurídico de los temas que dicen relación con los derechos humanos básicos consagrados en la declaración universal, velando de manera particular por el desarrollo de un país más igualitario en donde todos y todas vivan con dignidad.

Es un país en el que nadie debe depender de la caridad para resolver sus problemas más elementales pues el colectivo ha dispuesto una serie de medidas para que esos problemas, simplemente, no existan.

Un país solidario es aquel que opta por mantener un sueldo mínimo que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas sin tener que recurrir al sobreendeudamiento para que, incluso cuando del consumo básico de los más pobres, el sistema financiero pueda hacer su utilidad.

Un país solidario es aquel en que los beneficios del aparato productivo son repartidos entre los que aportan el capital, los medios de producción y el trabajo de manera más equitativa y en donde los sistemas de salud y educación pública suelen ubicarse entre los mejores disponibles y no son precisamente los responsables de reproducir y acrecentar las diferencias sociales existentes asegurando que los hijos de pobres tengan educación de pobre y salud de pobre y, por lo mismo, en el futuro, trabajo y vida de pobre de generación en generación.

Un país solidario disminuye la pobreza de manera sólida y estructural, no inflando de manera artificial los ingresos familiares, mediante subsidios focalizados, para que parte importante de la población salga, también de manera irreal, de lo que ellos llaman “la pobreza”, pero que al más mínimo desastre natural o crisis cíclica del capitalismo vuelven con más fuerza a reinstalarse entre los sectores pobres, pues no tienen herramientas que les permitan, por si solos, superar un problema de esta magnitud.

En las mismas circunstancias, los que más tienen solo necesitan cambiarse de una de sus casas a otras mientras mandan a reparar la primera y/o disminuir los riesgos en sus negocios y empresas despidiendo trabajadores, precisamente para asegurar sus niveles de ingreso y de vida a costa del sufrimiento de los otros, los más pobres.

Será por eso que en los países de verdad solidarios, las utilidades promedio de las empresas son menos de la mitad de las que arrojan las cifras de nuestro país y los sueldos de los trabajadores, que incluso trabajan menos que en nuestra patria, tienen un poder adquisitivo significativamente mayor que en el nuestro.

Será por eso que en los países solidarios de verdad, no se necesiten teletones en donde los grandes empresarios salgan ofreciendo regalar una frazada por cada frazada que sus clientes compren, ni deban salir a regalar una mínima parte de sus utilidades anuales para dar muestras de blancura luego de años de pagar malos sueldos y construir su tremenda riqueza a costa de pagar a sus trabajadores mucho menos de lo que vale su trabajo.

Será por eso que los trabajadores de los países solidarios pueden, con sus mismos salarios y con la red de protección social del estado, financiada con una estructura tributaria verdaderamente solidaria, enfrentar no solo un terremoto y un maremoto sino que cualquier desafío que la vida les plantee.

Quizá sea por eso que en los países de verdad solidarios, las cárceles se están quedando vacías y los pobres no roban cuando hay un desastre, porque pueden resolver sus problemas con lo que el ordenamiento jurídico de sus países les asegura y los que tienen, tampoco salen a robar para acumular bienes que no necesitan, pues tienen más cultura y saben que son parte de una sociedad verdaderamente justa y solidaria.

Es cierto que en nuestra sociedad existen numerosas muestras de una subcultura solidaria, que permanece dormida sobretodo en los sectores populares y que hay que saber reconocer y aplaudir cuando ella vuelve a manifestarse, en forma de ollas comunes y actividades solidarias, dándole quizá más apoyo y recursos, porque están acostumbrados a resolver por la fuerza y de manera colectiva, lo que nuestro país no aspira a resolver de manera estructural como sociedad. También es cierto que existen instituciones que aspiran a enseñar e instalar la caridad privada como herramienta fundamental para combatir la pobreza y el sufrimiento de los que menos tienen, pero ninguna de ambas puede confundirse, en ningún caso, con todo aquello que define a un país solidario, realidad de la cual, nuestro país, no puede estar más alejado.

Ahora bien, es cierto que nadie puede negar que en cualquier otro país de la región, e incluso en la mayoría de los países del mundo, un evento de esta naturaleza hubiera causado tal vez, mucho más daño, superando con creces el número de muertos, desaparecidos y pérdidas materiales que ostenta nuestro país.

Sin embargo estas cuentas alegres que muchos han sacado a lo largo y ancho del planeta no pueden dejarnos indiferentes ante el sufrimiento de quienes han perdido a seres queridos o ante los miles de damnificados que han perdido sus únicas pertenencias, debido a la falta de ética de algunos actores del todopoderoso “mercado” sumada a la ineficacia de nuestras instituciones estatales y a la ausencia casi absoluta de una sociedad civil empoderada y con redes sociales capaces de responder ante tamaña catástrofe.

Estas características inherentes a nuestro “modelo” representan las dos caras de una moneda en la cual el eje central de la reproducción de la existencia de nuestra sociedad, esta basada en una “confianza” desmedida en las herramientas del mercado, que afirman que no es necesario la regulación ni la fiscalización de la sociedad ya que “el mercado” es capaz de regularse a si mismo, sacando de él a las empresas ineficaces e ineficientes que no saben hacer las cosas bien.  En este caso esta teoría, una vez más ha quedado en falta y no ha logrado pasar, de manera satisfactoria, la prueba de la blancura.

Por lo mismo es que debemos centrarnos ahora, en sacar las lecciones que son necesarias de extraer, en casos como el vivido, ya que de lo que estamos hablando no es de números anónimos ni de frías cifras promedio y mucho menos de comparaciones relativas a otros países con historias y realidades significativamente distintas a las nuestras.  Estamos hablando de personas de carne y huesos.  Familias enteras desgarradas y destruidas por las perdidas de seres queridos, inversiones de toda una vida esfumadas, biografías y proyectos de vida truncadas, historias y utopías colectivas destruidas; todo por causas que se podrían haber anticipado, mitigado o anulado de tal forma de no tener que llorar hoy sobre la leche derramada, por esfuerzos no realizados, ni por decisiones políticas no tomadas a tiempo.

Es por lo anterior que, luego de solidarizar con todos y todas quienes han sufrido de cualquier forma las consecuencias de este desastre, deseo aportar al análisis de las causas más profundas de las  pérdidas humanas y materiales causadas por el terremoto y de cómo ellas pueden abordarse de manera de prevenir, en el futuro, episodios similares, haciéndonos cargo de verdad de que somos un país sísmico y tremendamente vulnerable a los desastres naturales, debido a la inexistencia de un país estructuralmente solidario.

No vaya a ser que más de alguien vaya a pensar que puede venir el remedio del mismo lugar de donde viene la enfermedad y comiencen a aparecer las propuestas para facilitar la acción de los privados que se nos presentarán de nuevo como el motor del desarrollo sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad ni política ni penal, por lo sucedido.

2. El Ordenamiento Territorial y La Planificación Urbana, una deuda impaga de la reconstrucción democrática.

Para partir, es importante recordar que en la corta vida que como nación tenemos hemos vivido un proceso lento de aprendizaje, mediante la prueba y el error, de la forma en como debemos planificar el uso del territorio.  Este proceso no impidió que desde el inicio de nuestra historia, una serie de asentamientos humanos, pueblos y ciudades importantes se ubicaran en zonas de evidente riesgo de desastres naturales, lo que le ha costado a nuestro país enormes pérdidas humanas y materiales a lo largo de toda nuestra historia, asociadas a terremotos y tsunamis que aun permanecen en el imaginario colectivo de las actuales generaciones y que no es necesario recordar aquí.

De hecho durante parte de sus 200 años de vida, chile fue avanzando en la senda de incorporar procesos de planificación territorial y de leyes de urbanización y construcción que se fueron haciendo cargo de los riesgos que el país debía enfrentar, eso si, sin haber llegado jamás al extremo de desmantelar y evacuar las ciudades que ya se habían consolidado en zonas reconocidas como de riesgo potencial, de manera tardía, mediante el avance de la ciencia y la técnica dedicada a este tipo de conocimiento.

Esto devino en un sistema de planificación centralizada del desarrollo urbano que fue construyendo un país mejor preparado que muchos de sus pares, para enfrentar estos eventos, con la única deuda impaga que se mantiene hasta el día de hoy referente al desarrollo y protección del modo de vida rural y del territorio que acoge al mismo.

No obstante lo anterior, este sistema de planificación centralizada del territorio nacional convirtió, para algunos actores políticos y económicos, en un obstáculo a la iniciativa privada que era entendida por ellos, como el motor de todo desarrollo y se convirtió en una de las discusiones emblemáticas a fines de la década del 60 y principio de la década del 70 del Siglo pasado.

Luego del golpe de estado y la instalación en nuestro país de la dictadura militar este proceso fue interrumpido abruptamente y la discusión acerca del modelo de desarrollo paso, de girar en torno al bien común como pilar fundamental, a estar centrado en los intereses personales, la reproducción de la riqueza, la libertad económica y el respeto sacrosanto a la propiedad privada por sobre cualquier otra consideración.

Este giro impuso un cambio cultural que, en el ámbito del territorio, devino en el congelamiento casi absoluto del proceso en marcha. De hecho, desde la formulación de la política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979, que planteaba que el uso del suelo debía ser definido por su rentabilidad potencial, se entregó el destino de las ciudades y de los asentamientos humanos, y por lo tanto, del territorio que los acoge, al todopoderoso y eterno “libre mercado” lo que borró del quehacer del estado todo intento de planificar el desarrollo de los asentamientos humanos, pueblos y ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esto devino en una sobreexplotación, a cargo de inversionistas individuales e inmobiliarias privadas, de territorios que, de manera irresponsable y sin los estudios necesarios, fueron reconvertidas en asentamientos humanos o zonas semi urbanas que nunca fueron sometidos a estudios rigurosos que tomaran en consideración los riesgos naturales que cada porción de territorio poseía y los que la intervención humana adicionaba.

Esta proliferación de desarrollos inmobiliarios, trajo consigo una merma significativa en la capacidad de fiscalización y de respuesta del Estado a los desafíos urbanos que estos desarrollos representaban, lo que devino en una carencia importante de infraestructura y de servicios indispensables para el correcto desarrollo de los mismos, incluida la capacidad del estado, en sus distintos niveles de gobierno, de dar respuesta a los desastres naturales que con relativa, intermitente pero ineludible frecuencia azotan y seguirán azotando a nuestro territorio.

Los centros históricos de las ciudades fueron literalmente abandonados para ir en búsqueda de terrenos más baratos en donde desarrollar negocios inmobiliarios de alta rentabilidad para todos los segmentos sociales, lo que produjo un fenómeno con dos caras directamente relacionadas.  Por un lado surgió el deterioro, la desinversión y la pérdida de valor de los centros patrimoniales, los que terminaron siendo subdivididos de manera grotesca y utilizados como fuentes de rentas mediante el arrendamiento para pequeños emprendimientos, talleres o residencias multifamiliares para las clases populares nacionales o extranjeras.  Por el otro, nuevas áreas urbanas, algunas de las cuales carecían de los estudios que avalaran su ubicación, agravada por una carencia casi absoluta de la infraestructura mínima necesaria para paliar los posibles efectos de construir, para todos los segmentos sociales, en zonas de evidente riesgo natural.

Bajo la misma lógica surgieron o crecieron de manera desmedida algunos balnearios para segunda vivienda a lo largo de gran parte del borde costero que Chile posee sin que nadie tomara cartas en el asunto ni se hiciera responsable de lo que estaba aconteciendo.

Se fueron generando así, de la mano del mercado y de la cultura del consumo, proyectos y desarrollos inmobiliarios eficaces para generar utilidades en el corto plazo y asentamientos humanos, pueblos y ciudades tremendamente ineficientes y poco sustentables.  Pero como reza la teoría económica, toda oferta fue capaz de generar su propia demanda y todos estos desarrollos se fueron consolidando sin preocuparse ni recordar que, más temprano que tarde, la naturaleza volvería a manifestarse dejando en evidencia la arrogancia del mercado y sus partidarios y la ingenuidad de quienes creen ciegamente en él.

En síntesis, los problemas que frecuentemente se repiten en nuestras ciudades en épocas de terremoto, lluvias y otros desastres naturales asociados, radican en el manejo no sustentable que durante muchos años se ha venido realizando, en nuestro país, de los territorios que alberga nuestras ciudades, las que son expresión clara de una sobre ideologización que ha confiado desmedidamente en el mercado y en la iniciativa privada para guiar los destinos de una sociedad descerebrada, incapaz de pensarse y limitarse a sí misma con miras al bien común. Hemos convertido al territorio que acoge nuestras ciudades y también a los seres humanos en un instrumento para el crecimiento económico de unos pocos declarando al mercado amo y señor del suelo, tanto urbano como rural.

Con el retorno de los gobiernos elegidos por votación universal se realizaron esfuerzos importantes para reinstalar la planificación territorial como una necesidad vital para el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos pero jamás se llegó al nivel en donde se encontraba el estado del arte antes de la dictadura militar, en donde el estado era , de verdad, el cerebro de la sociedad.

De hecho, la planificación hoy es obligatoria solo para las ciudades mayores a cinco mil habitantes y está restringida exclusivamente a las zonas urbanas de los asentamientos humanos, dejando en la más completa indefensión a las zonas rurales, en donde no existen herramientas legales que permitan orientar o los desarrollos privados beneficiosos o impedir los no deseados, ni tampoco reglas que obliguen a construir de manera seria y responsable en esta parte del territorio que para las leyes nacionales, simplemente no existe.

Esto ha devenido en el surgimiento y consolidación, de hecho, de innumerables desarrollos semiurbanos o semirurales en zonas de riesgo sobre las que nadie tiene tuición efectiva y real y mucho menos, capacidad de fiscalización ante la iniciativa privada que solo busca la rentabilidad.

3. Leyes para el mercado vs leyes para la sociedad.

Sumado a lo anterior, en nuestro país se viene dando desde el retorno a las elecciones universales una contradicción evidente entre el discurso políticamente correcto que habla de encauzar el desarrollo del país por el camino de la integración, la equidad y la sustentabilidad, mediante el establecimiento de leyes que pretenden darle al estado una mayor responsabilidad sobre determinadas áreas de desarrollo a la vez que un mayor rol fiscalizador sobre el actuar de los privados en las áreas en que no interviene.

Lamentablemente, a la hora de la verdad, nos hemos quedado, como país, simplemente en la buena intención, sin poder avanzar hacia donde los hermosos discursos de campaña pretenden llevarnos, ya que cada vez que se aprueba una ley en ese sentido, esta contiene una serie de herramientas y resquicios, también legales, para sortear y anular la capacidad reguladora de las mismas.

Lo anterior, se debe al mito construido desde los defensores del modelo, en torno a la relación casi consubstancial ente sector público e ineficacia, versus esta relación supuestamente a toda prueba, entre sector privado, eficiencia y eficacia, lo que a todas luces no da cuenta de lo que sucede en realidad.

Un ejemplo de lo anterior nos permitirá entender la directa relación que este tema posee con las consecuencias del terremoto que acabamos de vivir.  Mientras el país avanza, haciendo más rigurosa y exigente las leyes de urbanización y construcción, el mercado se las arregla al mismo tiempo, para hacer aprobar leyes que facilitan y hacen más fluido el retorno y la rentabilidad de sus inversiones, a veces a costa de los aseguramientos necesario para resguardar la calidad de lo que se hace y prevenir estas catástrofes y sus dramáticas consecuencias.

Un ejemplo de lo anterior que tiene una directa relación con las secuelas del terremoto del 27 de febrero, es el caso de la externalización de los procesos de revisión de los proyectos inmobiliarios desde las Direcciones de Obras Municipales, que se materializó en el año 1996 mediante la creación de la figura de los revisores externos y se “perfeccionó” en 2005 con la eliminación definitiva de la responsabilidad que sobre las especialidades complementarias, entre las que destaca el calculo estructural, necesarias para el otorgamiento de permisos de edificación, tenían los Directores de Obra Municipales.

Todo lo anterior se modificó para hacer más rápida la obtención de los permisos de construcción en el caso de proyectos inmobiliarios y edificios públicos, y paliar de paso, las evidentes carencias de competencias técnicas de los equipos municipales para revisar proyectos de especialidades y especialmente de calculo estructural.  El problema radica en que es el mismo propietario del proyecto el que paga a los revisores externos, generando una especie integración vertical de actividades que debieran estar claramente separadas debido a la evidente contradicción de intereses que existe entre ellas, pues quien debe fiscalizar y revisar el proyecto para su aprobación, es pagado por el fiscalizado, con cargo al costo del permiso municipal.

Por último, el revisor independiente es responsable solidariamente con los dueños del proyecto si es que algo sale mal en el mismo, liberando completamente a la municipalidad de responsabilidad en el otorgamiento de los permisos de edificación en las áreas que no tienen que ver con las condiciones urbanísticas del mismo.

Como si lo anterior fuera poco, los plazos que la ley estipula para hacer efectiva la garantía por parte del primer vendedor, sobre los elementos estructurales, secundarios y de terminaciones de una construcción, que está fijada en 10, 5 y 3 años, respectivamente, no parece tener relación con la necesaria protección que requieren las inversiones de quienes compran estos productos inmobiliarios en un país de terremotos y parecen estar más orientados a proteger las utilidades de las inmobiliarias y constructoras que a lo que hoy se suele llamar, los consumidores, lo que permite efectivamente un relajamiento en los estándares de construcción.

Si a esto le agregamos la debilidad y falta de transparencia del sistema de evaluación de impacto ambiental de cada proyecto, en donde también es el titular del proyecto en cuestión el que contrata a quien debe realizar la evaluación del proyecto para su aprobación, sin que exista del lado del estado, ni siquiera, una línea base oficial sobre la cual proyectar el impacto del mismo, el resultado es la nula responsabilidad que el estado posee hoy sobre el desarrollo de proyectos en el territorio nacional y la escasa protección legal que existe para los ciudadanos y ciudadanas afectadas, en caso de que los privados no respondan de manera ética a rol que ellos mismos se arrogan al interior de la sociedad y a las supuestas características autoregulantes de sus actuaciones.

4. La responsabilidad Ineludible del estado en el aseguramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Chile.

Los dos puntos anteriores ponen de manifiesto, quizá, la más importante causa de la catástrofe que nuestro país ha sufrido a partir del 27 de febrero pasado y es que el Estado ha sido secuestrado por una muy particular visión de mundo, sobre ideologizándo la discusión desde la perspectiva neoliberal con la consiguiente disminución de sus áreas de influencia y de la responsabilidad esencial que le corresponde en el logro del bien comun y el aseguramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, para dejar espacio al mercado que se ha tarminado haciendo cargo de todo… salvo de aquello que no es rentable en el corto plazo.

Asi las cosas, el estado reemplazó sus políticas universales por políticas de subsidiaridad asumiendo, de manera débil y sin un compromiso real, las áreas de negocios que el mercado ha dejado vacantes por ser demasiado riesgosas o poco rentables.

En algunos casos específicos como el de la vivienda, las telecomunicaciones y otras de carácter estratégico,  el mercado ha asumido incluso esas áreas de riesgo y poca rentabilidad. pero sin asumir de manera seria el misdmo respondiendo a una demanda no rentable con productos y servicios de dudosa calidad y de bajísima sustentabilidad, asegurando, eso si, su rentabilidad, con leyes que no los obligan a responder por nada cuando todo falla.

Por lo mismo cuando hay una catástrofe como la del 27 todo se desploma y nadie se hace responsable.  En ese minuto el estado demuestra su bancarrota ideológica, sus planes de emergencia no funcionan, los procedimientos fallan, las tele comunicaciones dejadas en manos privadas se desploman, las supercarreteras concesionadas y los puentes colapsan y los responsables de las malas construcciones se esfuman y se esconden detrás de leyes hechas a su medida, pues todos en nuestro país son capitalistas a la hora de repartir las utilidades, pero absolutamente estatistas cuando de asumir pérdidas, por las cosas mal realizadas y por las externalidades negativas de los lucrativos negocios, se trata.

En ese minuto todos se acuerdan del estado al que vienen jibarizando hace casi cuarenta años y lo que queda de él nada puede hacer, salvo tratar de militarizar la situación para salvar la sacrosanta propiedad privada que para los efectos de los adalides del mercado, es mucho más importante que las vidas destruidas y las necesidades de las familias desgarradas por las pérdidas de todo lo que tenían.

En ese minuto se acuerdan de la “solidaridad” que caracteriza a los chilenos y chilenas y vuelven a la carga para seguir haciendo mejores negocios a partir de la desgracia ajena.  Surgen las teletones que llaman a consumir con el lema de compre una y regalamos otra, convencidos de que somos unos verdaderos idiotas.

Mientras tanto las empresas privadas, detrás de las cuales están los mismos de siempre, comenzarán a sobarse las manos con los contrataos que vendrán para hacer realidad la reconstrucción y seguramente nadie se acordará que los hospitales y las escuelas caídas, las viviendas sociales destruidas y los edificios nuevos colapsados que son producto de un estado que ha preferido ir matando lenta y paulatinamente sus áreas de responsabilidad para dejar espacio al mercado, para que éste realice sus buenos negocios a costa de aquello en lo que no hemos invertido, como sociedad, en mucho años.

No faltará el que diga, en alguna de esas reuniones secretas para preparar los negocios que se avisoran en el futuro cercano,  “bendito terremoto: ahora todos emigraran a los sistemas de salud y educación privados” porque el terremoto terminó por destruir lo que nosotros, hace años, venimos tratando de hacer colapsar, mediante la desinversión y el ahogo del aparato público, para ampliar casi a la fuerza, la base de sustentación de nuestros negocios.

5. La Falta de Capital Social en la base como un factor agravante de la ausencia del estado.

A este cuadro patético se le ha sumado la ausencia de capital social a lo largo y ancho de nuestro país.  Lo anterior es fruto compartido de la dictadura militar que enfocó ingentes esfuerzos en la destrucción del tejido social, sumado a la falta de voluntad política de los gobiernos de la concertación, que en un periodo de tiempo, incluso mayor al de la dictadura, hizo poco o nada para construir una ciudadanía activa, empoderada y con capacidad de hacerse cargo, desde la base social, de los temas de su directo interés con la posibilidad, descartada desde los gobiernos de turno, de constituirse en contrapeso y contraparte del estado, para la reconstrucción del capital Social que tanta falta le hace a nuestra sociedad.

Lo anterior, que puede explicar con creces el gran fracaso que la concertación vivió en las últimas elecciones, a pesar de presentarse a si misma como la coalición de gobierno más exitosa de la historia de Chile, sigue siendo la deuda más importante del proceso inconcluso de reconstrucción democrática y puede ayudar a explicar el estado de anomia social emergente días después del terremoto, cuando la gente común y corriente, ante la nula respuesta de las instituciones del estado, salió a hacer lo mismo que se la exigido intermitentemente durante los últimos 37 años: que cada uno resuelva sus problemas de la manera que pueda porque, en este modelo, ni el estado ni nadie le tenderá una mano a nadie, pues cada uno mata su propio toro.

6. Conclusiones.

La primera conclusión que emana del presente análisis es el gran fracaso de un modelo y de una concepción de sociedad en donde el marcado es la medida de todas las cosas y la comunidad ha desaparecido para dar paso a los “consumidores” que solo participan de la vida social cuando salen a comprar.

La segunda conclusión, que se refiere a cosas más específicas, es la necesidad urgente de modificar las leyes para desarrollar procesos de planificación y ordenamiento territorial a lo largo y ancho del territorio nacional, independientemente de la cantidad de habitantes de los asentamientos humanos, pueblos o ciudades y de su carácter urbano o rural, haciendo extensivo la obligatoriedad de los ejercicios de planificación territorial a la totalidad de los territorios comunales de manera de contar con información técnicamente valida y oportuna, acerca de las zonas de riesgo que deben quedar excluidas a todo uso residencial, ya sean estas urbanas o rurales, o en su defecto, de las acciones de mitigación que deben ser tomadas para poder levantar los riesgos cuando el sector público se ve obligado a dar uso a determinados territorios o en el caso de que un privado persista en su voluntad de desarrollar determinado proyecto, bajo su entera responsabilidad.

La tercera conclusión es que debe asumirse de una vez y para siempre la necesidad de que el estado restablezca su compromiso ineludible con el derecho de sus ciudadanos a la salud, la educación y la vivienda mediante el incremento significativo de la inversión pública para la ampliación, la manutención, la reparación y la reposición de los sistemas públicos de salud y educación que colapsaron debido al histórico abandono del mismo por parte del estado.  De lo contrario provocaremos una estampida obligada desde el sector público al privado y los únicos que ganarán, una vez más, serán los grandes empresarios a costa de las necesidades y sufrimientos de nuestro pueblo.

En el caso de la vivienda, se hace necesario que el estado recupere para si la decisión acerca de la ubicación de los proyectos de vivienda social mediante el establecimiento de una política central de planificación de la vivienda de interés social y al mismo tiempo, asuma de manera directa o mediante el endurecimiento de las leyes con respecto a la calidad de las construcciones y a la duración de las garantías de las mismas, para evitar que el sector privado lucre a costa del derecho a la vivienda de los sectores más vulnerables, extendiendo significativamente los plazos de responsabilidad civil y penal sobre potenciales daños de las viviendas y aun más en el caso de que las fallas impliquen pérdida de vidas humanas como ha sido el caso en el reciente terremoto.

La cuarta conclusión es que debe terminarse con la integración vertical existente en la actividad de la construcción, devolviendo a las municipalidades la tuición total y completa sobre los proyectos de arquitectura y especialidades, dotándolos de los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para evitar que los dueños de los proyectos sean, en definitiva, directa o indirectamente, sus propios fiscalizadores.  Esto implica la necesidad de una clara separación entre la ejecución de los proyectos, la revisión de los mismos para su aprobación y la fiscalización en terreno de la ejecución, alojando la revisión de los proyectos y la fiscalización de la ejecución en los gobiernos locales o en unidades independientes pero contratadas por los municipios y pagadas por los titulares de los proyectos.  En el caso de las evaluaciones medioambientales, debe ser un ente independiente del titular del proyecto,  contratado por el estado y con cargo al titular del proyecto, el que haga la evaluación, la que debe ser comparada con una línea base medioambiental, de caracter nacional, que asegure objetividad y seriedad.

La quinta conclusión es que debe dotarse al estado, sin mas dilación, de poder real y recursos para intervenir el territorio, sobretodo en el ámbito de los gobiernos locales, desarrollando una verdadera y más profunda descentralización política seguida de una desconcentración económica, fortaleciendo en autonomía a los gobiernos locales y a través de ellos, y también directamente cuando los gobiernos locales no tengan capacidad o/ni voluntad política, empoderando a la sociedad civil, para que sea capaz de rearticular formas y mecanismos de para abordar catástrofes de este tipo, con recursos y capacidad técnica, para reconstruir a la brevedad posible, las redes y el capital social que  los partidarios del capitalismo económico se empeñan en destruir.

Este martes estuve en el “Primer Café de la Mañana” de Cooperativa, programa que se transmite todos los dias de 9 a 10am, y conducido por la periodista Cecilia Rovaretti donde junto con Patricio Dusaillant y Andrés Palma estuvimos comentando los principales acontecimientos nacionales e internacionales.

Hoy Martes 26 hablamos sobre las promesas de la campaña de Piñera y las ultimas declaraciones post elecciones, el millón de empleos para 5 años, el crecimiento dependiente del escenario internacional, la democracia de los acuerdos, Ivan Moireria pidiendo toque de queda para el 29 de marzo y el 11 de septiembre, la flexibilidad laboral, la censura impuesta por Piñera a ciertos temas en los medios de comunicación, la negativa de vender sus empresas y el aplazamiento constante del fideicomiso ciego, La negativa de transparentar la información de la Fundación Futuro de la cual es dueño Sebastián Piñera.