El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser suspendido por el presidente de la república, luego que la aprobación del mismo por parte de sus representantes en los organismos competentes causara la indignación de las comunidades involucradas y de los hombres y mujeres con algo de conciencia medioambiental que existen en nuestro país.(2) Finalmente, la administración Piñera tuvo que ceder ante la presión ciudadana siendo obligado, por la fuerza, a respetar una de sus promesas de campaña. Todo indica que habrá que estar alerta para evitar lo que, de lo contrario, podría ser un lamentable legado en materia medioambiental de la nueva forma de gobernar.
Este deasfortunado episodio, nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable3.
Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la concertación, ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.
La COREMA se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la Ley y con consulta al presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.
Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.
Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.
Lo segundo es terminar con la integración vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental, sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.
Lo tercero es mantener una Línea Base4 oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los recursos necesarios para enfrenar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella no existe en la institucionalidad vigente.
Por último, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y a diseñar con la comunidad, las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.
Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares; generando incluso, un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.
Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo, en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.
Daniel Jadue
1. El autor es Arquitecto, Sociólogo y Candidato a Magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile. Es además Lic. En Gestión de Calidad Total de la Universidad Católica del Norte. Es Vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Comunicaciones de la Federación Palestina de Chile.
2. La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo aprobó por 15 votos a favor y 4 en contra el proyecto de construir una central termoeléctrica a carbón de 540 MW en la caleta de Chungungo, al sur de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera. Específicamente serán dos plantas a carbón las que se construirán, dentro del proyecto termoeléctrico Barrancones.
3. La definición más ampliamente aceptada para el concepto del “Desarrollo Sustentable” se refiere a aquel tipo o modelo de desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo el derecho de satisfacer las mismas necesidades de las generaciones futuras.
4. Se entiende por Línea Base a una caracterización inicial completa del ecosistema en donde se inserta un proyecto determinado, caracterización a partir de la cual se miden los impactos que proyecto tendrá sobre el medio ambiente natural, construido y social.El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser aprobado por los representantes del gobierno en los organismos gubernamentales competentes para dar el vamos, a los proyectos de los cuales se supone, podrían tener un impacto medioambiental significativo. Con esto, la administración Piñera le pone un broche de oro a todas sus promesas de campaña de respetar el medio ambiente y desechar las centrales termoelectricas y anticipa lo que seguramente será su lamentable legado en materia medioambiental.
Cada vez que la pobreza y la desigualdad recobran su protagonismo, ponen a nuestro país en el verdadero sitial que le corresponde en el concierto latinoamericano y mundial: de país modelo a modelo de desigualdad y exclusión social.
A pesar de lo anterior, algunos espacios académicos y medios de comunicación -ligados a la derecha tradicional- interesados en mantener las cosas como están, pretenden una vez más explicar y justificar lo injustificable, echando mano al estancamiento del ritmo de crecimiento de la economía y al rol que en éste juega la baja productividad del factor trabajo.
En efecto, en su análisis suelen presentar la acumulación de trabajo, capital y la productividad como los factores determinantes del crecimiento. Fieles a su sobre ideologizado discurso, pretenden demostrar que a veces, a pesar de haberse mantenido o incrementado la inversión de capital el crecimiento económico sigue estancado, lo que se explicaría por la baja productividad promedio de los trabajadores chilenos.
En este factor -según ellos- influirían variables como la ausencia de reformas económicas más pro mercado, entre las que destacan la falta de flexibilidad laboral; la ineficiencia del sector público; la mala calidad de la educación; y el mal funcionamiento de algunas instituciones, fundamentalmente estatales.
Se aprovechan así, de su hegemonía en los medios de comunicación para endosar la responsabilidad de la baja productividad, de manera casi exclusiva, al mundo de los trabajadores, omitiendo, ex profeso, aquellas variables en donde la responsabilidad recae exclusivamente los dueños de las empresas y la alta dirección de las mismas.
Sistemáticamente van dejando fuera de sus discursos explicativos variables que también juegan un rol fundamental en el estancamiento de la productividad y que guardan relación con lo que, en las academias de buen nivel y los países desarrollados, se conoce como “clima laboral”.
Este se entiende como el ambiente o la atmósfera en el que se desarrolla el trabajo dentro de la empresa y surge, principalmente, de las percepciones de los trabajadores respecto de las estructuras y procesos en los que se fundan las organizaciones productivas.
Destacan, entre ellos, las condiciones de trabajo, el nivel de satisfacción con el mismo, los estilos de liderazgo empresarial, las relaciones interpersonales, el nivel de identificación de los trabajadores y trabajadoras con las empresas en que se desempeñan y principalmente, la percepción acerca de la adecuación de la recompensa percibida (salario y beneficios) por el trabajo realizado y la relación de éstos con su nivel de participación en la distribución de los beneficios generados.
Lamentablemente en nuestro país, la derecha económica y académica, y los líderes de los grandes empresarios, prefieren omitir estos temas porque un simple análisis de los mismos dejaría en evidencia la tremenda deuda social que tienen con nuestra sociedad. Pretenden dirigir los procesos políticos y económicos del país pero adolecen de honestidad suficiente y convicciones democráticas tales que permitan abordar de manera integral el tema en cuestión, callando aquello en lo que tienen una responsabilidad fundamental y que en otros países, ya nadie discute.
De hecho, una rápida y general comparación con los países de la OCDE nos arroja una realidad nacional caracterizada por una distribución de los gananciales mucho más desigual, con altas utilidades y remuneraciones a los directores y altos ejecutivos de las empresas en comparación a los paupérrimos salarios en los niveles más bajos de las estructuras productivas. Basta ver las últimas cifras de la encuesta CASEN, que muestra una disminución significativa en la participación en los gananciales del decil más vulnerable frente a un incremento, también significativo, del 10% más rico de la población.
Junto con lo anterior gozamos de un nivel significativamente más bajo en calidad de vida laboral, en el caso de quienes están en la línea de producción, caracterizada por espacios inadecuados a las funciones realizadas, mala infraestructura, insuficiente seguridad, tecnología obsoleta y ausencia de políticas de capacitación para mantener la empleabilidad de los trabajadores.
A pesar de ello, el sobreideologizado discurso neoliberal les impide darse cuenta que no hay mejor forma de aumentar la productividad de una nación, que teniendo trabajadores satisfechos y contentos; orgullosos de ser parte de las empresas en donde se desarrollan; capaces de dar a sus familias, mediante su trabajo, la calidad de vida con la que sueñan para sus seres queridos; con una inversión en capacitación y desarrollo permanente; y plenamente integrados a una sociedad que cuando esta en problemas, les pide sacrificios, pero que cuando le va bien, es capaz de hacer participar a todos de los beneficios propios de los tiempos de bonanza.
De más está decir que en nuestro país lo que caracteriza el clima laboral es precisamente lo contrario: estilos de liderazgo autoritarios, exclusión social y política, ambientes competitivos y completamente atomizados, malas o insuficientes condiciones de trabajo, largas jornadas laborales, poca o nula inversión en capacitación y desarrollo y miles de familias con una incapacidad permanente de proveer calidad a ellos y a sus hijos, todo ello coronado con sueldos y salarios que solo sirven para reproducir y aumentar la desigualdad.
Esto contrasta fuertemente con países desarrollados en donde se trabaja mucho menos, se gana mucho más y se asiste a una continua preocupación por el desarrollo de los trabajadores. Por lo mismo, en esas sociedades, en donde el Estado posee un mayor compromiso con sus ciudadanos desde la cuna, se produce casi tres o cuatro veces lo que se produce en nuestro país, en donde al igual que en la educación se espera que llegue la calidad y la productividad sin haber invertido nada en las condiciones necesarias para generarlas.
La Gestión y el Aseguramiento de Calidad, como conceptos, no fueron inventados en nuestro país. Son conceptos de larga data y se refieren a un conjunto de principios, normas y procedimientos que buscan asegurar que determinado sistema de producción, efectivamente produzca lo que promete, de acuerdo a estándares previamente definidos y con una cultura de mejora continua en los procedimientos comprometidos, con el objeto de ganar permanentemente en eficiencia y eficacia, disminuyendo los costos directos e indirectos de la no calidad.
Hoy en nuestro país se está discutiendo una ley que busca mejorar la calidad de la educación y su nombre hace mención precisamente a este cuerpo de ideas antes mencionado. Lo lamentable es que en nuestro país nos hemos habituado a copiar a medias algunos modelos provenientes de otros países, excluyendo de los mismos toda exigencias o condición a quienes ostentan el poder y son dueños de los medios de producción.
De esta manera, por ejemplo, se analiza siempre la flexibilidad laboral y se compara nuestro país con otros que tienen mercados aun más flexibles, pero sin entrar a los temas que incomodan a los grandes empresarios referentes al clima laboral y a la protección social del trabajador y sus familias en tiempos de desempleo. Tampoco se compara, desde el otro extremo, los promedios porcentuales de las utilidades de las empresas y su relación directa con los magros salarios y condiciones en las que laboran los trabajadores en nuestro país.
En el caso del Proyecto de Aseguramiento de la Calidad en la Educación, la situación no es muy distinta.
Se ha centrado la preocupación de manera casi exclusiva en el control y la evaluación de los que están en la ejecución del proceso, sin siquiera abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades de cada actor en el mismo. Tampoco el proyecto se abre a incorporar una evaluación participativa de la política, del liderazgo que corresponde al gobierno ni del grado de participación de todos los actores del proceso en la definición de los objetivos de la calidad. Tampoco se discute el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos. Continuar leyendo »
En estos días, el Transantiago ha vuelto a ser uno de los centros de la discusión política metropolitana. A pesar del mejoramiento de los tiempos de viaje y de la disminución de los transbordo, el Sistema de Transporte Público de la Región Metropolitana sigue estando lejos de las promesas que como proyecto ofreció a la capital.
A los problemas de frecuencia y hacinamiento en las horas de mayor demanda, ahora se suma la evasión que, según los responsables del mismo, estaría afectando su viabilidad económica al provocar pérdidas por 50 millones de dólares mensuales.
La instalación del foco en dicho fenómeno le ha servido además al gobierno para justificar más represión y para provocar más conflictos y desconfianza entre la ciudadanía. Ésta ha optado por enfrentar personalmente a los evasores mientras se sigue resignando a tolerar y pagar por un mal servicio, que no tiene ninguna posibilidad real de mejorar mucho más.
De esta manera se sigue castigando a la sociedad con políticas públicas de mala calidad de las que nadie se hace responsable y sobre las cuales parece no existir una mirada distinta e innovadora, para solucionar el problema en cuestión.
Así las cosas, se evita abordar el tema desde una perspectiva más integral, ya que ello pone en jaque la sacrosanta ley de la oferta y la demanda en el uso del suelo urbano,. Se ha instalado la erronea idea que el problema central de nuestra metrópoli radica en cómo hacer más fluido y rentable el transporte público, sin medir que dicho enfoque traerá a futuro más problemas urbanos, sociales, económicos y políticos.
Se nos invita así a seguir por la senda de la destrucción de nuestra ciudad y la pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico, como consecuencia de la necesidad de ampliar calles y avenidas y trazar nuevas autopistas que dividirán la ciudad. Sin embargo, el destino inevitable es que en un breve tiempo volverán a estar nuevamente colapsadas. Basta con mirar la Costanera Norte y la Norte Sur para comprobar lo anterior.
Una alternativa a esta mirada es la que asume la necesidad de intervenir el territorio, para generar una mejor distribución del equipamiento social de primera necesidad generando mayor equidad urbana y social.
La encuesta origen destino de 2006, ofrece a cualquier investigador serio la evidencia que el problema de nuestra ciudad es la gran cantidad de viajes, como consecuencia de la pésima distribución del equipamiento social de primera necesidad.
De muestra, un botón: El 20% de los viajes diarios que se realizan en Santiago guardan relación con el estudio. Si a ello le sumamos las personas que demandan salud, esparcimiento y servicios básicos, llegamos casi al 50% de los mismos.
En el caso de la educación, solo el 36 % de esos viajes se realizan mediante caminatas. Esto implica que del total, que asciende casi a 3,5 millones de viajes diarios, 2,1 se realizan en algún medio de transporte motorizado.
Una simple reflexión nos permite deducir que si los 50 millones de dólares de perdida mensual que arroja el Transantiago, fueran utilizados para dotar a la periferia de la ciudad, y en especial a los barrios más vulnerables, de infraestructura social como colegios2 y consultorios de calidad, así como bibliotecas, plazas y parques, gran parte de los viajes diarios que se realizan en la misma no serían necesarios, lo que acarrearía una disminución significativa de la congestión vehicular y de todos los males asociados.
En esta alternativa, los habitantes de las comunas periféricas privilegiarían los desplazamientos a pie para acceder a dicho equipamiento al interior de sus propios barrios, lo que promovería el encuentro social, el intercambio y seguramente la reproducción del capital social
Como efecto secundario se obtendría una disminución significativa de la contaminación proveniente del polvo en suspensión. Ello generaría el consiguiente ahorro en los gastos de salud asociados a dicho fenómeno, sobretodo en el invierno. A ello se puede agregar el ahorro que se obtendría al evitar la destrucción de infraestructura útil, pero que bajo el enfoque vigente se vuelve obsoleta e inservible.
En suma, consolidar barrios integrales e integrados resultaría, sin duda, mucho más eficiente que continuar tratando de hacer más fluido y eficiente un sistema de transporte publico para una ciudad mal lograda, resultado de la ausencia de planificación y de la aplicación mecánica de la ley de la oferta y la demanda al uso de suelo y desarrollo urbano.
En la editorial del diario La Tercera del viernes 9 de Abril se hace un llamado a continuar promoviendo la competencia y no ceder a la tentación de discriminar entre empresas, en un intento de detener cualquier análisis que permita diferenciar legalmente el tratamiento que la ley otorgaría a las mismas, en materia tributaria o de flexibilización laboral, según sea su tamaño o el rubro en el que desarrollan su actividad, con miras a superar la catástrofe surgida a partir del terremoto del 27 de febrero, en nuestro país.
Se plantea que la discriminación entre empresas correspondería a una revisión fundamental e inconveniente de la institucionalidad económica chilena que ha avanzado por décadas, según, el artículo en comento, en la promoción de la competencia. De la misma forma, plantea el artículo, que las reformas chilenas de las últimas cuatro décadas han buscado configurar un sistema donde las empresas – de cualquier tamaño o sector – compiten, supuestamente, en un contexto de reglas similares para todas, no expuestas a favores o sanciones arbitrarias de la autoridad.
Llama la atención, sin embargo, que en el análisis no se consideren los favores o sanciones arbitrarias provenientes desde el mismo sector privado, lo que para el editor, pareciera ser, en este caso, inexistente o completamente legítimo.
En los últimos días hemos asistido a un sinnúmero de declaraciones y hechos noticiosos que pretenden resaltar lo solidario que, se supone, es nuestro país.
Programas especiales y reportajes de prensa nos hablan de actitudes heroicas y de las supuestas réplicas solidarias que han seguido al terremoto del 27 de febrero pasado para mostrar esa supuesta característica, común a todos los chilenos y chilenas.
A través de los medios de comunicación de masas, hoy, la totalidad de ellos en manos de los defensores del modelo económico que impera en Chile desde la dictadura, se ha desarrollado una campaña para destacar los esfuerzos individuales y colectivos, de partes diminutas de eso que se llama sociedad, para aminorar en algo el sufrimiento de quienes lo han perdido todo, intentando relacionar dichas acciones, con la supuesta solidaridad que como país nos caracteriza. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, los mismos medios de comunicación de masas, han tratado de ocultar los hechos que demuestran exactamente lo contrario.
Por lo mismo es que quiero aprovechar la oportunidad para discutir esta teoría, que más parece ideología, que pretende instalar como hecho cierto el que Chile, nuestro país modelo, sea efectivamente solidario y quiero poner de manifiesto todo aquello que en mi parecer, dice lo contrario.
En los últimos días hemos sido testigos de uno de los desastres naturales más grandes que recuerda la historia reciente de nuestro país y del planeta. Un terremoto grado 8,8 en la escala de Richter ha azotado a parte importante de nuestro territorio trayendo a la memoria el recuerdo, a veces difuso, de que somos un país con una alta actividad sísmica y que dicha condición no admite relajo alguno, ni siquiera en este país modelo, ese del milagro económico del que tanto hablan los defensores del actual sistema de organización que nuestra sociedad posee para, supuestamente, satisfacer sus necesidades.
Ahora bien, es cierto que nadie puede negar que en cualquier otro país de la región, e incluso en la mayoría de los países del mundo, un evento de esta naturaleza hubiera causado tal vez, mucho más daño, superando con creces el número de muertos, desaparecidos y pérdidas materiales que ostenta nuestro país.
Sin embargo estas cuentas alegres que muchos han sacado a lo largo y ancho del planeta no pueden dejarnos indiferentes ante el sufrimiento de quienes han perdido a seres queridos o ante los miles de damnificados que han perdido sus únicas pertenencias, debido a la falta de ética de algunos actores del todopoderoso “mercado” sumada a la ineficacia de nuestras instituciones estatales y a la ausencia casi absoluta de una sociedad civil empoderada y con redes sociales capaces de responder ante tamaña catástrofe. Continuar leyendo »
Este martes estuve en el “Primer Café de la Mañana” de Cooperativa, programa que se transmite todos los dias de 9 a 10am, y conducido por la periodista Cecilia Rovaretti donde junto con Patricio Dusaillant y Andrés Palma estuvimos comentando los principales acontecimientos nacionales e internacionales.
Hoy Martes 26 hablamos sobre las promesas de la campaña de Piñera y las ultimas declaraciones post elecciones, el millón de empleos para 5 años, el crecimiento dependiente del escenario internacional, la democracia de los acuerdos, Ivan Moireria pidiendo toque de queda para el 29 de marzo y el 11 de septiembre, la flexibilidad laboral, la censura impuesta por Piñera a ciertos temas en los medios de comunicación, la negativa de vender sus empresas y el aplazamiento constante del fideicomiso ciego, La negativa de transparentar la información de la Fundación Futuro de la cual es dueño Sebastián Piñera.
Para pensar y reflexionar acerca del mundo que nos toca vivir. Para volver a soñar en que un mundo mejor es posible y para ayudar a consolidar la unidad de las fuerzas que aspiran y sueñan con un futuro mejor para nuestro pueblo, para nuestros hombres y mujeres, para nuestros jóvenes y sobretodo… nuestros hijos.
Chileno, 43 años. Arquitecto, Sociólogo y Magister(c) en Urbanismo de la Universidad de Chile. Diplomado en Gestión de la Calidad Total en la Universidad Católica del Norte. Especialista en Planificación y Gestión Comunal y Territorial. Posee una vasta trayectoria ligada a los gobiernos locales. Ha encabezado los Planes de Desarrollo Comunal de Valparaíso, Aysén, Linares, Quellón, Canela y Calama. Ha participado en seminarios internacionales de calidad de vida, Género, Vivienda y Contraloría Social y fue profesor en la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la universidad de Chile. Asesoró a los profesionales de Chuquicamata en los temas de la transformación de Chuqui en Zona industrial Exclusiva y al Alcalde, Nathan Trigo, de Canela en Gestión Comunal. Hoy dirige la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunal de Til Til y Río verde. Es presidente del Centro "La Chimba", de la comuna de Recoleta y Vicepresidente de Desarrollo Organizacional de la Federación Palestina de Chile. Fue, por más de 5 años, panelista estable del programa “el termómetro” de Chilevisión y posee un programa de análisis político hace varios años ya en la Radio Nuevo Mundo.
