Se habla de la necesidad de la descentralización de la toma de decisiones y de la desconcentración de los recursos del Estado; de la elección directa de los CORES y de las autoridades unipersonales de las regiones, como si solo con ello pudiéramos resolver un tema que es mucho más complejo de lo que la mayoría de la nación logra vislumbrar.

De partida, el problema no es solo de Calama, Puerto Aysén o Magallanes. Algo similar sucede en cientos de comunas mucho más cercanas y anónimas, que ni siquiera tienen la fuerza para generar un conflicto pues no solo están abandonadas y con dificultades para seguir adelante, sino que además cada día tienen menos población porque los viejos no tienen dónde ir y los jóvenes no tienen a qué quedarse.

Las razones para ello no son solo la falta de recursos y el centralismo. También juega un rol el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura en un proceso carente de toda participación ciudadana y asesorado única y exclusivamente por el monopolio de las armas.

Se nos impuso un modelo de desarrollo que implicaba un repliegue paulatino del Estado en áreas estratégicas de la economía y en la producción de bienes y servicios de primera necesidad, mediante la eliminación de gran parte de la acción directa del Estado en la reproducción de la vida social y económica de nuestro país.

Para ello, se eliminaron todos los subsidios estatales de carácter universal que permitían, en regiones y territorios distantes y poco poblados, el funcionamiento de numerosas actividades productivas y de servicios que bajo las leyes del mercado, simplemente no resultaban rentables.

El objetivo de estas medidas era dejar en manos del mercado y la iniciativa privada todo proceso productivo, sin importar si lo producido era un derecho universal, un bien de primera necesidad o un simple bien de consumo.

Se buscaba potenciar las diferencias competitivas de los territorios, eliminando de ellos todas las actividades productivas que no se sostuvieran por sí solas, reemplazándolas por otras que generaran la mayor rentabilidad posible, independientemente de si con aquello se arrasaba con las formas de vida asociadas a las primeras.

Los territorios se fueron especializando de manera radical, generado ciudades y comunas industriales; otras de carácter agrícola o agropecuario; muchas forestales o mineras y algunas restringidas solamente a la actividad turística. La mayoría de los territorios no tuvo como elegir, pues su ubicación no les permitía participar de los círculos virtuosos de la globalización neoliberal.

Consecuentemente, la cantidad, variedad y costo de los bienes y servicios, en cada lugar, se fue ajustando a la nueva situación, en directa relación con el rol del territorio, y con el tipo y cantidad de la demanda que sus habitantes eran capaces de generar.

Las comunas y los territorios que no tenían cómo competir con aquellas en donde la actividad florecía se fueron apagando en la medida que desaparecían las actividades que por años los habían mantenido con vida. Los viejos, sin tener a donde ir se quedaron tratando de sobrevivir cada día con menos recursos. Los jóvenes salieron huyendo en búsqueda de mejores expectativas de vida.

Los territorios reconvertidos casi en unidades monoproductivas entraron en la dinámica de las crisis cíclicas del capitalismo, por lo que sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a épocas de vacas gordas y flacas, convirtiéndose —parte importante de ellos— en población flotante de carácter nacional. Estos nuevos «ejércitos» de trabajadores desplazados se dedican, hasta el día de hoy, a recorrer Chile en búsqueda de lugares en donde «haya pega». Todo esto a costa de la vida familiar, mientras los sectores dominantes cacarean sobre la necesidad de proteger a la familia como base de la sociedad.

En muchos lugares, la educación pública desapareció, se debilitó de manera significativa o se desplazó a lugares en donde la concentración de alumnos la hiciera viable con una subvención que representa menos de la mitad de lo necesario para asegurar una educación de calidad.

Algo similar pasó con la salud pública; con las universidades estatales que desaparecieron o nunca llegaron; con la cultura; con los lugares de recreación y esparcimiento; con la infraestructura deportiva y con todas aquellas actividades necesarias para la realización del ser humano que, lamentablemente, no son rentables en aquellos lugares en donde la cantidad de población no da para sustentar un negocio de este tipo.

El resto de los productos, esos que son indispensables, se encarecieron en todos aquellos lugares distantes, pues sin subsidios estatales de carácter universal, los productos y servicios de primera necesidad y aquellos que son derechos universales, cuestan lo que cuesta traerlos de donde están o simplemente no existen.

En este contexto ha surgido un país con dos realidades completamente opuestas: la de aquellos territorios y familias que lograron subirse al escenario de la globalización, y la de aquellos que no pudiendo hacerlo y siguen marcando el paso a la espera del día en que el último habitante se muera o decida marcharse, hastiado del indolente y ya demasiado extenso abandono estatal.

Efectivamente, lo anterior se ha visto agravado por la falta de democracia, el centralismo y la concentración de los recursos en las zonas exitosas de la globalización neoliberal, que han recibido todas las inversiones en infraestructura necesarias para subirse al carro de la mundialización; pero no será solo abordando estos males como podremos revertir un proceso que sin cambio de modelo, mas rápido o más lento, seguirá por la misma senda por donde transita hoy.

Resulta evidente entonces que de no asumir que, por un lado, necesitamos asegurar una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones sobre su propio destino y, por otro, requerimos de un Estado mucho más comprometido con los derechos universales, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes, independiente del tamaño del mercado que representen y del lugar en que habiten.

Será mejor que nos vayamos preparando para enfrentar conflictos o abandonar cerca del 95 % del territorio nacional, pues bajo el paradigma neoliberal, aunque haya más participación, todo seguirá relativamente igual.

Daniel Jadue

Publicado en: Cooperativa, El Quinto Poder

En esta discusión, una vez más se enfrentan las distintas visiones de sociedad que se encuentran permanentemente en pugna y que se expresan, aunque no todos puedan percibirlo, en todas las actividades humanas.

La arquitectura y el urbanismo no son ni pueden ser una excepción en este escenario de permanente confrontación política e ideológica en el que se oponen una vez más como en la mejor de las síntesis, el egoísmo y la solidaridad, el desprecio por el otro y el respeto por la sociedad, el individualismo y la comunidad.

En este contexto, para algunos, la arquitectura se encuentra mucho más cerca del arte, entendido como actividad creadora del ser humano, mediante el cual se producen objetos que son singulares y cuya finalidad es principalmente estética o comunicativa.

Para otros, en cambio, es una disciplina al servicio de la sociedad en su conjunto, que implica la unión de tres elementos básicos que configuran la cultura humana: el arte, la ciencia y la técnica, lo que debiera permitir abordar y resolver, equilibradamente, los aspectos tecnológicos, humanos y medioambientales.

Ahora bien, en cuanto a la relación de la arquitectura con la ciudad, hay quienes piensan que esta es, solamente, un recipiente para la primera y otros que afirman que la ciudad es un texto inacabado en el que cada arquitecto que interviene aporta una palabra, un párrafo o un capítulo, dependiendo de la dimensión, pregnancia y relevancia de la obra ejecutada respecto de la ciudad en la que se inserta.

En la primera visión, la relación entre las distintas obras no existe y ellas se instalan en la ciudad como una simple extensión o reflejo de quienes las proyectan y construyen, sin considerar el impacto que tiene cada una sobre su entorno inmediato, sobre la calidad de vida de las personas y mucho menos, sobre la posibilidad de desarrollar ciudades sostenibles en equilibrio con el entorno natural en que se instalan.

En la segunda, se busca integración y coherencia que al igual que en los buenos textos, es asegurada porque cada parte de la obra habla un poco de aquello que la antecede y entrega las claves, para lo que la sucederá, respetando el patrimonio urbano y arquitectónico e integrándose sutilmente en ese todo mayor que es la ciudad.

En la primera escuela los protagonistas principales son los arquitectos, los dueños de las obras y los inversionistas inmobiliarios, que compiten entre ellos, llenando la ciudad de objetos sin más sentido que el de ser autores o propietarios del proyecto más grande, de la torre más alta o del gesto más audaz, buscando solamente sobresalir, obtener reconocimiento y diferenciarse del resto con el único fin de poner su obra al servicio de intereses o traumas personales que más tienen que ver con el estatus, el poder, la dominación o la propia inseguridad, que con la arquitectura propiamente tal.

En la segunda, el protagonista es el usuario, el destinatario final de la arquitectura y el arquitecto actúa solo como intérprete y profeta: Intérprete, pues busca representar de la mejor manera posible las expectativas de quienes vivirán la arquitectura y profeta porque define, en virtud de lo primero, la forma y sentido que ha de tener cada obra en el marco de una obra mayor que es la ciudad como un todo.

Para lograrlo, buscará una adecuada síntesis entre continuidad y transformación, de manera de valorizar la experiencia urbana y permitir o facilitar al ser humano la identificación con su entorno transformándose en parte de él y de su evolución, respetando los lazos entre el sujeto y el patrimonio natural, urbano y arquitectónico en que se desarrolla.

Consistentemente, para la primera escuela, el urbanismo y la planificación es un mal que hay que tratar de evitar a toda costa pues limita la libertad del artista y la del inversionista.

Mientras que para la segunda escuela, la planificación es la única herramienta que permite subordinar los intereses y afanes de protagonismos personales, al bien común y al interés superior de la sociedad.

Así las cosas, para la primera escuela, los problemas de la ciudad —congestión, contaminación y hacinamiento— no son de la arquitectura, por lo que deben solucionarse ampliando calles, instalando carreteras, destruyendo el patrimonio urbano y arquitectónico y avanzando de manera indiscriminada sobre el medio ambiente que, según ellos, no sirve más que para generar renta, transformando el suelo rural en urbano.

Para la segunda escuela, los problemas de la ciudad y de la arquitectura son dos caras de la misma moneda, y no existe posibilidad de abordar los primeros sin subordinar la arquitectura a la necesidad de desarrollar nuestras ciudades de manera sostenible, limitando esa libertad, mal entendida, que ni siquiera se detiene en los derechos de los otros.

Para colmo, la primera escuela siente un desprecio absoluto por el espacio público, el que solo es necesario como simple conector entre sus obras, por lo cual será de mejor o peor estándar dependiendo del nivel socioeconómico del público objetivo para el que se construyen las mismas.

La visión más comunitaria considera al espacio público como el alma de las ciudades y como su eje ordenador, por su vocación de encuentro e intercambio, de protección y reproducción de la cultura.

En este contexto resulta evidente cuál es la escuela que hoy prima en el desarrollo de nuestras ciudades, en donde a diario asistimos al surgimiento de una nueva obra más grande, más costosa y más alta que la anterior, como una búsqueda frenética por representar, a través de la arquitectura, el poder y la dominación, incluso mediante formas evidentemente falo céntricas que, parecen hablar más de una cultura obsoleta o de algún trauma psicológico —de sus diseñadores, dueños, moradores y admiradores— que de una aspiración de construir ciudad mediante la arquitectura.

No debemos extrañarnos entonces que los mismos actores que construyen estas obras pertenezcan a sectores políticos que buscan demostrar a toda costa su poder recordándole al ciudadano de a pié y a la sociedad en su conjunto, que pueden pasar por alto e incluso atentar contra la calidad de vida y los derechos de los otros con toda impunidad, sin importar, en este caso, el caos urbano, la congestión, el hacinamiento y mucho menos la pérdida de eficiencia y eficacia urbana que generen sus obras.

En este escenario, ¿puede alguien dudar que las ciudades sean fiel reflejo de las sociedades que las construyen y que en ellas se expresa, como en el mejor de los resúmenes, lo esencial de cada cultura?

Publicado en Cooperativa

Sin embargo, a la hora de hacer efectiva la participación, el enfoque y el alcance con que se ha materializado, no solo no ha logrado responder a las expectativas de la ciudadanía sino que además ha dado paso a la percepción de que toda la institucionalidad diseñada para fomentar la participación está precisamente dirigida a lo contrario.

De hecho, durante 20 años se han tomado decisiones relevantes para la comunidad a espaldas de sus habitantes lo que ha dado como resultados Planes de Desarrollo, Planes Reguladores, Planes Educacionales y de Salud que nada tienen que ver con las expectativas de las y los ciudadanos.

Lo anterior se explica porque la participación que se encuentra institucionalizada en nuestro país, solo busca que la ciudadanía participe para en-tender (entrar en la tendencia) quedando excluidas legalmente las instancias con las que se suele hacer efectiva la participación para trans-formar (cambiar la forma), lo que se ha visto agravado por la falta de voluntad política para implementar formas más avanzadas de participación ciudadana.

En este contexto se concibe la participación como una salida a la comunidad una vez que los proyectos están terminados, para explicar sus objetivos e impactos esperando así que la comunidad los acepte y entre en la tendencia propuesta por las autoridades.

Urge entonces reemplazar esta concepción por una en donde la participación sea considerada como un derecho fundamental, mediante un enfoque de participación temprana y vinculante, que incorpore a la ciudadanía desde el comienzo de cada proyecto y velando por la incorporación de sus opiniones mayoritarias a las definiciones básicas de cada proceso, permitiendo precisamente, la transformación de las políticas comunales en virtud de las expectativas, sueños y prioridades de las y los ciudadanos.

Ahora bien, lo anterior pasa también por convertir a las organizaciones sociales en socios estratégicos de los municipios, realizando con ellas convenios que permitan traspasarles responsabilidades complementarias a la gestión municipal, para las cuales las organizaciones sociales representan una verdadera oportunidad.

Lo anterior implica traspaso de competencias y recursos, con cargo al 7%, para incentivarlas a jugar un rol destacado dentro de su comunidad, ayudándoles de paso a cumplir, de manera más permanente, sus objetivos.

Paralelamente se debe avanzar en transparentar la gestión municipal, abriendo todos los Consejos Municipales a la participación comunitaria, entregando las actas de los consejos al conocimiento público, haciendo rotar los consejos por el territorio de las comunas e integrando por la vía de los hechos, a la comunidad, a las discusiones y a la toma de decisiones municipales.

Se trata de construir lo que en otros países se conoce como contraloría social, que implica un pleno conocimiento y fiscalización de la comunidad de los actos y acciones de la municipalidad y de sus autoridades, encabezadas por el alcalde y seguidos por los concejales, los funcionarios, los contratos que se firman, los programas que se realizan y los profesionales y consultoras que se contratan, complementado lo anterior, con una política comunicacional proactiva, eficiente e interactiva.

La idea es revertir, al menos desde la subjetividad, el proceso de impermeabilización del estado, construyendo un gobierno local total y completamente democrático, participativo, transparente y permeable a las presiones sociales y políticas de la comunidad organizada y de los distintos grupos de interés que existen en las mismas.

Para ello, es necesario comprender que la participación comunitaria, que en nuestro país no es materia de ley, puede ser materia de voluntad política y que esa voluntad es la que debe animar, fundamentalmente a los proyectos alternativos que hoy se disponen a disputar los municipios.

Esto implica llegar a gobernar obedeciendo y entregar a la participación temprana y vinculante las definiciones básicas de los principales instrumentos de gestión municipal como son el Plan de Desarrollo Comunal, el Plan Regulador Comunal, los Planes Anuales de Educación y Salud y cualquier otro Plan que se haga necesario a partir de la paulatina incorporación de la comunidad a la gestión municipal.

Quizá la diferencia no resulte evidente para la mayoría pero resultará fundamental a la hora de analizar los resultados que se obtendrán en comunas que están cansadas de escuchar promesas que jamás se cumplieron a pesar de la certeza que todos tienen de que vivir mejor en ellas… es absolutamente posible.

Publicado en Cooperativa , El Quinto Poder, El Mostrador

Desde entonces, enero se ha transformado en un mes para recordar ese crimen horrendo que nadie puede ni debe negar.

Los estados que aprobaron dicha resolución, aprovecharon de condenar “sin reservas” toda manifestación en contra de personas o comunidades sobre la base de sus orígenes étnicos o sus creencias religiosas.

A pesar de lo correcto de la medida, resulta increíble que debieran pasar 60 años para que las Naciones Unidas tomaran una medida que habría sido mejor recibida si hubiera llegado el mismo día y año de cometidos los crímenes contra la humanidad a los que se refiere.

Extrañamente, también por estos días se recuerda un año más del genocidio llevado cabo por el Estado de Israel en Gaza durante diciembre de 2008 y enero de 2009 y sin embargo, ningún medio de comunicación ha hecho siquiera una sola mención a lo de Gaza, a tan sólo tres años de ocurridos los hechos.

Lo anterior resulta particularmente extraño si consideramos que lo de Gaza se enmarca dentro de una política sistemática y permanente de exterminio físico y político de un pueblo entero, que dura inexplicablemente casi los mismos 60 años.

De hecho, resulta paradójico que durante los 62 años siguientes al Holocausto, todos los días de cada año y todas las horas de cada día, la comunidad internacional siga siendo testigo mudo y cómplice de otro holocausto similar a aquel que inspiró dicha decisión.

Yo, en lo personal, cada día de cada año de los que tengo memoria, vengo preguntándome hasta cuándo el holocausto nazi servirá de aval al sionismo y al Estado de Israel para perpetuar sus crímenes contra el pueblo palestino, cuyo único delito ha sido estar en el mismo lugar por los siglos de los siglos.

Lo más patético, sin embargo, es que quienes cometen hoy estos crímenes se digan descendientes y herederos de las víctimas de ayer y utilicen sus nombres y su propio dolor, para justificar el mismo patrón de comportamiento, las mismas mentiras y la misma política de exterminio contra otro pueblo, esta vez, más débil que ellos.

Afortunadamente, muchos amigos judíos y anti sionistas me recuerdan a diario que Israel no actúa, por más que lo repita, sin vergüenza alguna, en nombre de los judíos esparcidos por toda la tierra, sino en nombre del sionismo, que ha intentado durante años apropiarse de la historia judía para esconder tras ella, toda la crueldad y la vileza de Israel, de sus autoridades y de sus acciones.

Afortunadamente con ellos, amigos entrañables, nos preguntamos a diario y sin hipocresía de por medio, cuántos años más hará falta para que todos los falsos dioses y sus seguidores en la tierra se convenzan de que no hay nada, ni nadie que justifique lo que los nazis hicieron con los judíos y tampoco lo que Israel hace con los palestinos.

Lamentablemente, no existen por ahora en la comunidad internacional ni en Medio Oriente líderes con cojones y con voluntad de superar esta hora maldita que viven nuestros pueblos, hace ya tantos años.

Lamentablemente, en ambos lados existen más líderes dispuestos a conducir a sus pueblos hacia la solución final que algunas mentes afiebradas proponen, antes que enfocarse decididamente a la tarea de construir una sociedad nueva para todos y todas.

No faltarán quienes levanten su voz horrorizados por mi singular comparación.

No faltarán quienes me acusarán de neonazi y de antisemita por decir que me da pena y vergüenza el solo imaginarme a las víctimas del nazismo revolcándose en sus tumbas al ver lo que los sionistas han hecho en su nombre, con los palestinos.

Mi conciencia, en todo caso, está tranquila, porque no creo en ninguna promesa divina. No creo que bienaventurados sean los que sufren y que luego de muertos serán recompensados. Tampoco creo que una guerra pueda ser santa. Mucho menos, después de ver las atroces consecuencias de las mentiras con que suelen justificarse todas las batallas que solo sirven para enriquecer a los que lucran con la muerte.

Tampoco creo que algún dios haya puesto los bienes en la tierra solo para el 5% de la población mundial mientras el 70% no puede satisfacer sus necesidades básicas ni vivir dignamente.

Es de esperar que más temprano que tarde aparezcan, en ambos bandos, líderes de la talla de aquellos pocos que han sabido conducir a sus pueblos por los caminos de la paz, de la justicia y la libertad, basada en principios y valores y no en el poder del dinero y la subordinación ciega de unos a otros.

No tengo duda que tendrán que venir desde aquellos partidos laicos capaces de entender que el futuro de ambos pueblos está indisolublemente unido y que se requiere avanzar hacia un estado binacional capaz de acoger por igual y sin discriminación a judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos y ateos.

Un Estado verdaderamente humanista, sin discriminación de ningún tipo, en donde el nazismo, el apartheid y el sionismo; donde la pobreza y el hambre; donde la enfermedad, el derroche y la escasez, sean solo un mal recuerdo y un ejemplo de aquello que los seres humanos deben superar como especie para mirar con algo de esperanza el futuro.

En definitiva, un Estado para cualquier hombre o mujer libre de pensar y vivir como quiera, pero en un estado modelo, democrático e igualitario, comprometido con la defensa y el respeto irrestricto de los derechos humanos y capaz de extender la ética discursiva a las relaciones entre la especie humana y entre ésta y el medioambiente del cual es parte.

Solo así tendremos una paz justa y duradera. Solo así generaremos un desarrollo sostenible. Solo así podremos mirar a los ojos con absoluta tranquilidad a las generaciones futuras, partiendo, por supuesto, por nuestros hijos.

Publicado en Cooperativa 

Se han aprovechado para ello de la presencia y los contactos que poseen en algunas organizaciones ciudadanas, en medios de comunicación y en el ambiente del espectáculo, sin transparentar, por supuesto, los reales intereses de quienes lideran esta campaña.

Se suman así, a un pequeño grupo de sujetos que, haciendo gala de la más vergonzosa falta de ética, han pretendido detener uno de los proceso más participativos de planificación territorial que podamos recordar en nuestro país, mediante una serie de mentiras que han ido instalando en la comuna, para defender y afianzar sus mezquinos intereses.

De hecho, uno de los argumentos que más se da en la discusión es que este Plan no deja espacio para la vivienda social en la comuna, como si los planes reguladores comunales tuvieran atribuciones para definir, mediante la zonificación y su ordenanza, el resguardo de terrenos para dichos fines, lo que es total y absolutamente falso.

De hecho, quien lo plantee, no solo miente, sino que tampoco sabe hacia dónde apuntar, para lograr viviendas sociales dignas para los sectores populares de nuestro país.

Otro argumento que se ha dado es que este Plan regulador Comunal está hecho para las inmobiliarias, lo que se contradice con la realidad, pues lejos de generar mayores oportunidades de negocios, mediante los usuales aumentos indiscriminados de densidad habitacional, la propuesta baja la densidad media de la comuna, con acotados incrementos que buscan asegurar la oferta de viviendas para todos los peñalolinos, por una parte, y que la comuna aproveche de manera óptima la nueva infraestructura de transporte con la que cuenta (METRO Y VESPUCIO), por otra.

A estos argumentos sin fundamento real, se suman algunos de carácter legal de tipo exclusivamente administrativo, que se han difundido bajo una supuesta inviabilidad ambiental del Plan, ocultando las verdaderas razones de los obstáculos que ha tenido que enfrentar el mismo y que se deben, fundamentalmente, a que nuestros legisladores no previeron los necesarios espacios de transición entre los procedimientos de aprobación ambiental antiguos y nuevos, para asegurar la continuidad de los procesos que se habían iniciado antes de los cambios legales, generando una serie de problemas administrativos, millonarias pérdidas para el país y un importante retraso en los ejercicios de planificación en curso a lo largo y ancho del territorio nacional.

Como si fuera poco han acusado al municipio de querer desmantelar y hacer desaparecer a la “comunidad” sin aceptar que todos los cambios que se proponen, están en terrenos que no forman parte de la misma, que los terrenos en que se cambian las condiciones de construcción no alcanzan al 7% de su superficie y que los propietarios de dichos terrenos, tienen promesas de compraventa firmadas hace ya mucho rato, pues no les interesa ser parte de eso que llaman “comunidad”.

Las razones de fondo, sin embargo, parecen ser otras.

Por una parte, pretenden evitar, a toda costa, la instalación de una franja residencial de baja densidad en uno de los límites de la comunidad, para que no se ponga en peligro, dicen ellos, la forma de vida de la misma.

Lo que no dicen, es que no desean más viviendas sociales cerca de sus condominios, relativamente exclusivos y por ello han iniciado una campaña vergonzosa para instalar la idea de que la nueva ordenanza, mediante algunos de artículos de la ley General de Urbanismo y Construcciones, que permiten promediar las densidades de distintas zonas contiguas, que convergen dentro de un sitio, permitiría construir condominios exclusivos y no vivienda social

Lo que no dicen, es que la nueva ordenanza, que efectivamente permitiría lo anterior, no hace más que consolidar, en los terrenos supuestamente afectados, la situación innegable hoy en día al interior de la comunidad, en donde existen predios que, absolutamente fuera de la ley, poseen más construcciones de las permitidas, operando en la realidad como verdaderos condominios, similares a aquellos que dicen querer evitar.

De hecho, más del 50% de las construcciones que existen en la comunidad, no son legales, no pagan contribuciones y debieran ser demolidas para proteger la forma de vida de aquello que llaman “comunidad”.

La nueva ordenanza, en cambio, permite, en los terrenos supuestamente afectados, que los residentes regularicen las eventuales situaciones ilegales que pudieran existir, por no contar con los permisos municipales con los que todas las construcciones existentes en zonas urbanas deben contar, a no ser que los residentes de la “comunidad” se sientan ciudadanos de una clase distinta a la de todos los demás.

Así las cosas, más que un conflicto, los cambios propuestos por el nuevo Plan regulador Comunal, debieran representar, para algunos, una tremenda e histórica oportunidad de regularizar su situación.

Lo anterior, sin mencionar que llama profundamente la atención que alguien piense, que es malo para otros lo que es bueno para ellos, lo que debe invitar a reflexión y a poner en tela de juicio las verdaderas intenciones de los numerosos y sistemáticos intentos para hacer fracasar un proceso de Plan Regulador que ha pretendido, a todas luces, lograr un adecuado equilibrio entre los intereses públicos, privados y comunitarios, sin poder darle el gusto a nadie en un 100 % de sus demandas, proyectando los cambios que la comuna necesita para los próximos treinta años.

Publicado en Radio Cooperativa

Programas especiales, reportajes de prensa, comerciales invitándonos a consumir aquellos productos que “apoyan a la Teletón”, nos hablan de las actitudes heroicas de quienes, como verdaderas excepciones a la regla, logran salir adelante gracias a la supuesta solidaridad, característica supuestamente común a todos los chilenos y chilenas, que ha permitido mantener en el tiempo la gran obra de la Teletón.

Sin embargo, muchos de los conflictos sociales que se dan hablan de una realidad distinta.

Por lo mismo, quiero aprovechar la oportunidad para reflexionar acerca de esa idea que pretende instalar como hecho cierto, el que Chile sea un país solidario, exponiendo de manera general, todo aquello que en mi parecer, dice exactamente lo contrario.

Para mí, un país solidario es el que estructuralmente opta por hacerse cargo de manera colectiva y a través de su ordenamiento jurídico de los temas que dicen relación con los derechos humanos básicos, consagrados en la declaración universal de derechos humanos, velando por el desarrollo de una sociedad más integrada e igualitaria, en donde todos y todas vivan con dignidad.

Es un país en el que nadie debe depender de la caridad privada, tan esquiva en tiempos de crisis, para resolver sus problemas más elementales, pues el colectivo dispone de una serie de medidas y dispositivos sociales para hacerse cargo de esos problemas, o simplemente, para que ellos no existan.

Un país solidario, por ejemplo, es aquel que opta por mantener un sueldo mínimo que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas sin tener que recurrir al sobreendeudamiento, con el que, incluso cuando de su consumo básico se trata, los grandes empresarios puedan hacer su utilidad.

Un país solidario es aquel en que los beneficios del aparato productivo, son repartidos entre los que aportan el capital, los medios de producción y el trabajo de manera más equitativa y en donde los sistemas de salud y educación pública suelen ubicarse entre los mejores disponibles y no son, como en nuestro país, los responsables de reproducir y acrecentar las diferencias sociales, generación tras generación.

Un país solidario se aboca permanentemente a disminuir la pobreza de manera estructural, no inflando de manera artificial los ingresos familiares mediante subsidios focalizados, ya que basta el más mínimo desastre natural o la menor de las crisis del capitalismo para que los que salen de la pobreza, gracias a ellos, vuelvan a reinstalarse entre los pobres, porque en realidad, no tienen herramientas para superar definitivamente su problema de marginalidad social.

De hecho, por eso, en los países que son de verdad solidarios, las utilidades promedio de las empresas son menos de la mitad de las que arrojan las cifras de nuestro país y los sueldos de los trabajadores, que incluso trabajan menos que en nuestra patria, tienen un poder adquisitivo significativamente mayor.

Por eso, en los países solidarios de verdad, no se necesiten teletones en donde los grandes empresarios salgan ofreciendo regalar una frazada por cada frazada que sus clientes compren, ni regalen una mínima parte de sus utilidades anuales para dar muestras de blancura, después de años de construir su riqueza a costa de pagar a sus trabajadores mucho menos de lo que vale su trabajo.

Por eso que los trabajadores de los países solidarios pueden, con sus mismos salarios y con la red de protección social del estado, financiada con una estructura tributaria verdaderamente solidaria, enfrentar no solo la discapacidad, sino también cualquier desafío que la vida les depare.

Quizá sea por eso que en los países de verdad solidarios, las cárceles se están quedando vacías y los pobres no roban cuando hay un desastre, porque pueden resolver sus problemas con lo que el ordenamiento jurídico de sus países les asegura.

De la misma manera, los que tienen, tampoco roban ni engañan a la sociedad falseando contabilidades o defraudando al fisco pues tienen cultura y se sienten parte integrante de un cuerpo mayor de la cual todos formamos parte.

Es cierto que en nuestra sociedad existen numerosas muestras de una subcultura solidaria, que permanece dormida, sobre todo en los sectores populares, y que se manifiesta en forma de ollas comunes y actividades solidarias, porque están acostumbrados a resolver por ellos mismos y de manera colectiva, lo que nuestro país no aspira a resolver de manera estructural como sociedad.

También es cierto que existen instituciones que aspiran a enseñar e instalar la caridad privada como herramienta fundamental para combatir la pobreza y el sufrimiento de los que menos tienen.

En todo caso, ninguna de ambas puede confundirse con todo aquello que, desde mi perspectiva, define a un país solidario, realidad de la cual, nuestro país, no puede estar más alejado.

Publicado en Radio Cooperativa

Lo ha hecho, por una parte, por la nula disposición de la potencia ocupante a avanzar en un proceso de paz que, en lo fundamental, tenía que ver con buscar la forma de poner término a la ocupación, para dar paso a una paz justa y duradera basada en el concepto de “dos estados para dos pueblos”.

Dentro de las garantías básicas con las que Israel debía contribuir a la construcción de confianzas, se encontraban la paralización total de cualquier actividad tendiente a ampliar los asentamientos ilegales y la disminución de los puestos de control que limitan drásticamente la libertad de movimiento de los palestinos en su propia tierra.

18 años después de iniciado dicho proceso, los colonos ilegales en los territorios palestinos se han multiplicado por tres y los puestos de control, casi por cinco.

Como si fuera poco, Israel ha construido un muro de segregación que además de ilegal, se encuentra, en más de un 70% de su trazado, sobre territorio palestino, separando a los palestinos de los mismos palestinos.

Así, lejos de prepararse a poner término a la ocupación, lo que Israel ha estado haciendo durante los últimos 18 años, ha sido ganar tiempo para provocar cambios demográficos sobre el territorio, que hagan cada vez más inviable la solución de dos Estados, dándole continuidad a su política de exterminio físico y político del pueblo palestino, por una parte, mientras por otra prepara el camino para la anexión de quién sabe cuánto territorio más, del 22% restante de la Palestina histórica.

Palestina ha decidido acudir a Naciones Unidas, además, por la evidente, inaceptable y vergonzosa parcialidad de quienes debían actuar como mediadores imparciales en el proceso.

Ello, porque  todo lo anterior se ha hecho bajo la mirada cómplice de EEUU y una parte de Europa, que han seguido financiando la ocupación, mientras tienden un manto de impunidad sobre los constantes y sistemáticos crímenes y violaciones de Israel contra los palestinos, el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho colectivo de los pueblos.

Para colmo, han promovido la normalización de las relaciones entre la comunidad internacional y la potencia ocupante, firmando tratados de libre comercio y entregándole un status de nación privilegiada en diversos foros internacionales, eximiéndole completamente de cumplir con las obligaciones mínimas de cualquier estado miembro de dicha comunidad.

Por supuesto la ofensiva diplomática palestina ha generado airadas reacciones de los hipócritas de siempre.

Sus argumentos han girado en torno a un supuesto rechazo a toda acción unilateral que dificulte las negociaciones y persiga aislar a Israel.

Extrañamente, estas reacciones provienen de los mismos países que han permitido, durante décadas que Israel, unilateralmente, haya continuado con su política de exterminio y expansión, con la destrucción de viviendas palestinas, con el castigo colectivo, con las ejecuciones extrajudiciales y con la construcción de asentamientos ilegales en Palestina ocupada, de manera inalterable, prepotente y arrogante.

Lo que los palestinos piden hoy no es nada más ni nada menos que lo que el derecho internacional les reconoce como derecho inalienable e imprescriptible, desde hace más de 43 años.

Lo que los palestinos piden hoy, mientras EEUU e Israel lo rechaza con tanto encono, es lo consignado en innumerables resoluciones del mismo organismo que dio luz verde al nacimiento de Israel en la tierra de los palestinos en 1947.

Lo que los palestinos piden hoy, es su derecho irrenunciable al retorno, a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado Independiente en el 22% de la Palestina Histórica, con Jerusalén Oriental como Capital.

Cualquiera que se niegue a dicha solicitud o se abstenga de emitir un apoyo explicito a la misma, simplemente estará premiando la ocupación, amparando el expansionismo israelí y convirtiéndose en cómplice de las constantes y sistemáticas violaciones a todos y cada uno de los derechos humanos, por parte de Israel.

Ha llegado el momento de que la comunidad internacional de un giro sustancial en su actitud hacia Israel y la cuestión de Palestina.

Si se sigue actuando como en los últimos 43 años, seguirá obteniendo los mismos resultados y en veinte años más, no habrá nada que negociar ni nadie con quién hablar de paz, pues volver a la mesa de negociaciones en las condiciones actuales, es como si un ser humano completamente desarmado e indefenso pretendiera negociar con alguien armado hasta los dientes, la devolución de una manzana robada, mientras quien la tiene, se la sigue comiendo, a vista y paciencia de los únicos que pueden, pero no quieren detenerlo.

Publicado en Radio Cooperativa

En El Primer Café de Cooperativa junto con Eugenio Guzmán y Sergio Micco hablamos del fallecimiento de Gabriel Valdés. Las condiciones mínimas que pide la Confech para seguir diálogo con el Gobierno y los nuevos antecedentes sobre el accidente aéreo en la isla Juan Fernández.

Desde antisemita a racista, al presidente del Colegio de profesores, le han dicho de todo y mañosamente, los hipócritas de siempre, han buscado sacar partido de una afirmación que puede haber estado de más, pero que en la forma y el fondo, tiene base suficiente para sostenerse por sí misma.

De partida, el jueves por la noche, cualquiera que haya estado en las cercanías de Plaza Italia, puede haber visto como miembros de la policía reprimían de manera brutal y apresaban a civiles inocentes, y especialmente a jóvenes entre los que se encontraban varios menores de edad, sin que mediara provocación, ni disturbio alguno.

Fue una represión preventiva, tal y cual lo hace el ejército de Israel cuando, sin mediar juicio ni nada, ingresa a los territorios ocupados, reprime a quien se les cruza por delante y apresa a civiles inocentes y especialmente a jóvenes y niños, que solo han cometido el delito, insoportable para el sionismo, de ser palestino y resistir la ocupación.

Un delito tan insoportable, como para el gobierno de Chile resulta en estos días, ser estudiante y querer tener una educación gratuita laica y de calidad para todos y todas.

Mientras veía a las fuerzas de orden y seguridad revisar y amedrentar a los pequeños estudiantes, recordaba la revisión a la que los niños palestinos son sometidos a diario por la ocupación militar que les trata como sujetos peligrosos y no como sujetos de protección como en el resto del mundo civilizado.

Los jóvenes detenidos me recordaron a uno de los jóvenes que conocí en el campamento de Aida, en una fiesta organizada para celebrar su retorno a casa, luego de haber pasado cinco años prisionero por haber tirado piedras al ejército de ocupación israelí, el cuarto mejor armado del mundo. Ingresó a la cárcel cuando tenía solamente 13 años.

Los caballos cabalgando entre y sobre la gente que protestaba en forma pacífica frente a sus propias viviendas tocando cacerolas, como en tiempos de dictadura, me recordaron las protestas en Bil’in, en los territorios ocupados y las lacrimógenas dentro de los edificios y las casas, nada tenían que envidiarle a las incursiones del ejército sionista en los territorios palestinos.

Como si fuera poco la casi completa ocupación del centro de Santiago para evitar toda manifestación contraria al gobierno, el impedimento arbitrario de la libertad de movimiento y el control preventivo de identidad, para quienes hayan estado en los territorios ocupados, sin duda, les puede haber resultado tremendamente familiar.

En este contexto y tomando en consideración que en sus declaraciones el presidente del Colegio de Profesores nunca utilizó la palabra “judío” ni“semita”, no me queda más que rechazar por malintencionadas y manipuladoras las innumerables declaraciones que pretendieron asimilar el repudio explícito al sionismo como movimiento político y como ideología racista y su comparación con los métodos usados por el gobierno de Piñera, con el antisemitismo, que como sociedad, todos debemos rechazar profunda y tajantemente.

Por lo mismo, me parece importante e imprescindible recordar que no es el judaísmo, sino el Estado de Israel y su política genocida, la entidad más condenada en el mundo por sus constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino.

De la misma manera, no fue el judaísmo como religión, sino el sionismo como ideología, la que en 1974 fue declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas, como una forma de racismo homólogamente comparable al apartheid sudafricano.

En este contexto, me siento obligado a denunciar y rechazar también, el intento burdo del sionismo criollo por igualar sionismo a judaísmo y aprovecho de recordar al país, que afortunadamente, cada día son más los judíos anti sionistas, esparcidos por la faz de la tierra, que honran la memoria de las víctimas del nazismo y consecuentemente repudian, y al igual que todos los hombres y mujeres de buena voluntad, toda forma de represión y toda política de exterminio, tenga esta como víctimas a judíos, cristianos, musulmanes o ateos, sin importar si esta proviene de alguna dictadura árabe, de alguna democracia europea, de algún país latinoamericano o del estado de Israel.

De hecho resulta vivificante y esperanzador que esta política de limpieza étnica encuentre en el profesor judío, Illan Pape, hoy prohibido en Israel, precisamente por haber documentado de manera rigurosa y sumamente objetiva todos los crímenes del sionismo en Palestina, a su mejor enemigo y denunciante.

También resulta alentadora la actitud de muchos como Norman Finkelstein, judío, hijo de víctimas directas del holocausto nazi, que se ha destacado por su lucha implacable contra el sionismo, el estado de Israel y su política de genocidio contra el pueblo palestino.

De la misma manera, resulta imposible olvidar el rechazo de los grupos fundamentalistas judíos, como Naturei Karta, que rechazan a Israel y claman por su desmantelamiento pacífico, porque lo consideran un ídolo falso que ha minado la religión judía y obstruido la paciente y pacífica espera del Mesías, que todo judío piadoso debe observar, en su país de residencia y en estricto apego a la ley del mismo, hasta la reconstrucción pacífica de lo que llaman el Reino de Israel.

Por lo demás, me parece comprensible, en el escenario actual, la profunda preocupación que se ha instalado en nuestra sociedad por el incremento de la represión, las escuchas ilegales, la presencia de infiltrados en las manifestaciones, los montajes que se caen a pedazos y la permanente criminalización de los movimientos sociales, acciones todas que, sin lugar a dudas, encuentran a su responsable político en el ministro del interior.

Lo anterior, permite comparar sus métodos, con otros aparatos internacionalmente reconocidos como especialistas en represión y violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, como es el caso del estado de Israel, que está basado en una ideología, nacida en el Primer Congreso Sionista, realizado en Basilea, Suiza, en 1897, varios miles de años después de la salida de Abraham de Uhr y Caldea en dirección a lo que llaman la Tierra Prometida, aunque la realidad chilena y la de los territorios ocupados sean completamente diferentes.

Por último, no puede menos que llamarme la atención y molestarme, la hipocresía y el doble estándar de algunos, que dicen combatir la discriminación y el supuesto antisemitismo de Gajardo, mientras con su historia de apoyo a golpes de estado, dictaduras y ocupaciones extranjeras y su accionar actual en el parlamento y en el congreso, no hacen más que legitimar la discriminación contra nuestros pueblos originarios, contra las minorías sexuales, contra los discapacitados y contra todo aquel que se manifiesta contrario a su visión de sociedad.

Esta manifiesta hipocresía y el doble estándar evidente, me mueve a preguntar si su real interés al atacar a Gajardo, es debilitar al movimiento o simplemente, blindar a Israel, generando un manto de impunidad, como el que tan bien conocemos en nuestro país, sobre los crímenes de lesa humanidad que dicho Estado practica a diario contra la población civil en Palestina, tratando de presentar cualquier atisbo de crítica a Israel, como una extensión del nazismo: nada más burdo y lejano a la realidad.

Publicado en Cooperativa