Hay un Mundo por Cambiar
Archive for junio, 2011
junio 21, 2011 at 7:18 · Temas Cooperativa
Entre las múltiples movilizaciones, los escándalos empresariales y la crisis política de la nueva forma de gobernar, la discusión sobre el salario mínimo se arriesga, una vez más, a pasar desapercibida, mientras el gobierno se apresta a imponer nuevamente un aumento, que en el mejor de los casos, será absorbido por completo, solamente por el alza de tarifas del Transantiago y de los alimentos en los últimos seis meses.
En este contexto, nunca está de más recordar el significado y el sentido que el trabajo tiene para la vida humana, en algunas de las distintas concepciones que existen al interior de nuestra sociedad.
Para algunos el trabajo nace como castigo divino por el comportamiento de Adán y Eva en el paraíso e implica necesariamente un sufrimiento necesario para, después de muertos, ser recompensados.
Para otros, es un factor productivo más y como tal, en su regulación, sólo debe actuar la todopoderosa y eterna ley de la oferta y la demanda, para asegurar la máxima rentabilidad a los dueños del capital y de los medios de producción, permitiendo reproducir y concentrar la riqueza, cada día, en menos manos.
Por último, estamos quienes creemos que el trabajo es toda forma de interacción del ser humano con su entorno para la satisfacción de sus necesidades y por ende la forma de realización del mismo, ya que permite reproducir nuestra existencia y buscar la felicidad.
De estas dispares visiones nacen, por supuesto, las distintas formas de abordar el salario mínimo y la cesantía.
En el caso de la primera, se ha llegado a hablar de salario ético mientras se afirma que la cesantía es un flagelo que debe combatirse con la caridad y la solidaridad en tiempos de catástrofe.
Los segundos plantean que tanto el trabajo como la cesantía son simples variables de un modelo en el cual la salud de la economía, medida en términos de crecimiento resulta mucho más relevante que lo primero.
Para quienes nos ubicamos en la tercera opción, la cesantía representa el principal problema de la sociedad actual, ya que quien no tiene trabajo, no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades y por ende, tampoco de reproducir de manera digna, su existencia, por lo que se ve privado de realizarse incluso, como especie.
De ahí que el trabajo ocupe un espacio central entre las demandas que aspiramos a convertir en derechos consagrados constitucionalmente, lo que implica que el Estado debiera asegurarlo, cuando la iniciativa privada se retira de la economía para resguardar las utilidades obtenidas en tiempos de bonanza mientras la desesperación cunde entre quienes solo viven de su trabajo.
En este contexto, también resulta fundamental resguardar su valor, para evitar los abusos de quienes buscan disminuirlo para aumentar sus utilidades a costa de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
A este macabro objetivo contribuye, por cierto, el temor y la inseguridad que provoca el desempleo y la amenaza permanente, sobre los que tienen trabajo, de quienes necesitan urgentemente trabajar y están dispuestos a aceptar, por lo mismo, un salario menor al que percibe quien, mal o bien, tiene trabajo.
Por eso resulta fundamental que el incremento del sueldo mínimo disminuya la brecha entre el costo de las necesidades de los trabajadores y sus familias y el magro poder adquisitivo que poseen los salarios, lo que nos lleva a debatir con los defensores del modelo la necesidad, no sólo de asegurar el empleo y aumentar significativamente su valor, sino también la necesidad de eliminar el trabajo precario, el trabajo mal remunerado y la sobreexplotación, al tiempo de fortalecer la organización sindical y su poder de negociación, para asegurar una más equitativa distribución de la riqueza generada por el trabajo, entre trabajadores y empresarios.
Los defensores del modelo, por su parte, seguirán promoviendo una mayor flexibilidad laboral, la eliminación o el estancamiento del sueldo mínimo y el derecho a pactar individualmente las condiciones laborales, para cumplir el sueño de obligarlos a aceptar, a todo evento, las condiciones de trabajo miserable que buscan imponer.
Ellos están más interesados en la rentabilidad de sus negocios que en la felicidad humana, por lo que no logran maquillar su deseo de seguir acumulando riquezas, a costa de los trabajadores.
Pretenden aparecer defendiendo la propiedad privada, cuando en realidad, si partimos del consenso que explica la propiedad privada como fruto del trabajo, son ellos quienes atentan permanentemente contra la misma, cada vez que pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo.
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junio 16, 2011 at 6:40 · Temas Cooperativa
De vuelta están los estudiantes en la calle. Con ellos, las tomas y paros, la solidaridad de la mayoría de la población y por supuesto, las autoridades de turno, que buscan desprestigiar al movimiento para debilitarlo y salir de la crisis, sin reconocer sus responsabilidades y al mismo tiempo, persistir en el viejo anhelo de la dictadura: Aniquilar la educación pública para convertirla paulatinamente en una nueva área de negocios.
A pesar de lo anterior, la educación suele ser mencionada como pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades y la superación de la pobreza y la desigualdad en todos los discursos políticos y académicos de nuestro país y en las discusiones que buscan mejorarla, se suele recurrir, de manera liviana y con poco fundamento, a un cuerpo de ideas creado precisamente para mejorar y asegurar la calidad de cualquier proceso productivo: La Gestión de Calidad.
Lo lamentable es que los sectores más neoliberales de nuestra sociedad se han habituado a copiar modelos a medias, pasándolos por el cedazo de la ideología dominante y centrando la responsabilidad de todo producto final, en el mundo de los trabajadores y excluyendo de ellos, toda exigencia a los empresarios y en este caso, a los sostenedores de la misma.
De esta manera, en la discusión sobre educación, se centra la preocupación en el control y la evaluación de los profesores, que actúan sólo en la fase final del proceso, sin asegurar la infraestructura, el clima laboral y los recursos necesarios para que realicen su parte del trabajo y lo más grave, sin abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades concurrentes de cada actor con los destinatarios del proceso de producción de la educación.
Tampoco se discute con el cuerpo social el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos, lo que sería consistente con el enfoque hacia el cliente, tan propio de los modelos de gestión de calidad. La calidad, entonces, es entendida como fin y no como medio para el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestra sociedad.
Ahora bien, como es sabido, la gestión de calidad se basa en hacer las cosas bien a la primera; realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y, por sobre todo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, tanto internos como externos.
En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los directivos, docentes, codocentes, padres y apoderados, alumnos y a la sociedad en su conjunto, que son los miembros del sistema y aquéllos a quienes deseamos servir con el mismo. Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, representa un ejercicio meramente retórico.
Se afirma buscar calidad en la educación, pero sin la participación de los actores, lo que demuestra nula preocupación por los destinatarios internos y finales del proceso. Tampoco existe preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, ni porque los recursos necesarios estén disponibles o sean claramente suficientes. Como si fuera poco, se plantea que primero debe llegar la calidad, para ser premiada luego con los recursos necesarios para lograrla.
Por solo dar algunos ejemplos, y sin pretensión de ser riguroso, es útil recordar que mientras en el sistema privado el promedio de alumnos por sala se acerca a los 30, en el sistema público bordea los 46. Mientras en sistema privado se gasta por alumno, cerca de $ 100.000, a todo evento, en el sistema público se gastan $ 40.000, siempre que tengan 100 % de asistencia. Como si fuera poco, del total de horas contratadas por profesor, en el sistema privado cerca del 80% de ellas se destina a hacer clases y el resto, a preparar las mismas y a corregir trabajos y pruebas: Mientras tanto, en el sistema público el 100 % de la horas contratadas se dedican a hacer clases y los profesores terminan preparando las mismas y haciendo todas las demás actividades que implica su labor, en sus casas, los fines de semana o en las tardes y noches, luego de llegar de hacer su trabajo, obligados a dejar de lado su familia y su descanso.
Seguimos asi, sin entender que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados, con la presión de ser los únicos responsables de los resultados y a los alumnos obligados a estudiar en pésimas condiciones, sin la infraestructura necesaria y sin una buena alimentación y un justo sistema de transporte, es un mal camino para tratar de alcanzar la tan mentada calidad, sino el peor.
En este contexto, el marco normativo que rige la educación en Chile, debe ser transformado radicalmente, incorporando mecanismos y procedimientos para la participación de todos los miembros en las definiciones del sistema, ya que son la esencia del mismo y sólo su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la sociedad y de los destinatarios finales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos. Paralelamente debe dotarse al sistema de los recursos necesarios para tener a los miembros del sistema orgullosos, satisfechos y contentos de la labor realizada, abandonando de una vez y para siempre la agonía programada por quienes sueñan con que el sistema público muera de inanición por abandono y desinversión.
Resulta obvio que para asegurar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso. Estos requisitos no deben estar condicionados a resultados, pues si las condiciones, como infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos, son un premio por la calidad y no una condición para ella, jamás lograremos mejorar la educación.
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junio 13, 2011 at 6:48 · Temas Cooperativa
La Unidad Nacional es uno de los conceptos más recurrentes y manoseados de la política. Hoy vemos al Presidente de la Nación y a varios de sus ministros, realizando un llamado desesperado para construir dicha unidad, como respuesta a la brusca caída en las encuestas que antes tanto les gustaban y que ahora comienzan a ser su peor pesadilla.
Ahora bien, nadie puede estar en contra de un ideal tan elevado como el de la Unidad Nacional, pero para que se convierta en realidad, el gobierno debe definir, de cara al pueblo soberano, las premisas en las que se basa este llamado, para aclarar si es sincero o solo un canto de sirenas para sortear el difícil momento por el que atraviesa el gobierno y muy especialmente el siempre discutido liderazgo personal del Presidente.
Ahora bien, resulta casi obvio que para que pueda existir Unidad Nacional, son prerrequisitos, el respeto a la diversidad y el apego de fondo al concepto de democracia, lo que implica asumir con humildad las posiciones mayoritarias de la sociedad y actuar en consecuencia, teniendo, al mismo tiempo, respeto con aquellas posiciones minoritarias que, si no dañan a otros, deben poder expresarse libremente y ser reconocidas, por todos y todas, como parte de esa quimera de la que mucho se habla, pero para la que poco se hace.
En este contexto, parece ser casi imposible alcanzar la Unidad Nacional sin abordar de manera seria y responsable un tema pendiente en nuestro país. Me refiero a la arquitectura institucional que rige la interacción entre los distintos componentes de nuestra sociedad. No podemos olvidar que la misma, fue diseñada por una minoría, plenamente consciente de su peso específico al interior del cuerpo social, con el único objetivo de asegurar que, incluso cuando gobernara la mayoría, no pudiera salirse del camino trazado por los primeros.
En este sentido, no se puede negar la suspicacia que este llamado genera cuando, desde sectores del gobierno, se insiste en mantener un sistema político diseñado expresamente para violentar, precisamente, las posiciones mayoritarias, hasta el punto de conculcar el derecho a la autodeterminación del pueblo chileno, sometiéndolo a los dictados de una minoría que le tiene pánico y aversión a la democracia.
De la misma manera, llama la atención que este llamado se realice mientras se insiste en criminalizar o estigmatizar como anormal, a partes de nuestro cuerpo social que no comparten los valores ni la cosmovisión de esta minoría fundamentalista y totalitaria, como es el caso de los mapuche, de los homosexuales y de tantos otros que, mediante leyes discriminatorias, son obligados a vivir según cosmovisiones y valores que no le son propios y son tratados como una deformación indeseada del cuerpo social.
Lo mismo pasa con los estudiantes secundarios y universitarios, que son tratados como delincuentes, a pesar de llevar treinta años enarbolando el rechazo mayoritario de la sociedad chilena a las políticas educacionales de la dictadura primero, de la Concertación después y de la derecha ahora, que insiste en continuar con la política de dejar morir mediante la falta de recursos, la desinversión y el abandono, lo poco que queda del sistema público de educación.
En este contexto, llamar a la unidad nacional, cuando una minoría poderosa pretende llevar al país por caminos que la mayoría rechaza, escudándose siempre en “la arquitectura institucional que nos hemos dado” que fue impuesta a sangre y a fuego, en tiempos en que la Unidad Nacional se construía matando o encarcelando a los que pensaban distinto, no parece consistente y acrecienta la distancia entre el discurso y la praxis que ha caracterizado la gestión gubernamental.
No debe sorprendernos entonces, si los actuales llamados a la unidad nacional fracasan nuevamente y de manera estrepitosa, sobretodo, si cada día más actores llegan a la conclusión de que los llamado a la unidad, al diálogo y al respeto a la autoridad, solo buscan ganar tiempo para seguir imponiendo por la vía de los hechos y en nombre de una institucionalidad que carece de legitimidad, las posiciones sobre ideologizadas de una minoría de derecha, extremadamente conservadora, fundamentalista neoliberal y que se siente todopoderosa y eterna.
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junio 4, 2011 at 7:03 · Temas Cooperativa
De vuelta están las preemergencias ambientales y la restricción vehicular, y con ellas, el incremento de las enfermedades respiratorias y el colapso del sistema primario de salud. Al mismo tiempo, surgen nuevas diferencias al interior del gobierno y una muestra más de la improvisación y falta de coordinación de que adolece lo que prometía ser una nueva forma de gobernar.
En este escenario, todo parece apuntar a que la calidad del aire seguirá empeorando y que bajo el actual modelo, solo nos queda acostumbrarnos a respirar aire, cada vez de peor calidad y resignarnos a las consecuencias ya que la falta de una mirada más integral al fenómeno nos lleva a tropezar una y otra vez con la misma piedra.
De hecho, no hay que ser un experto en urbanismo para entender que cada vez que una ciudad crece en extensión, alejándose del centro y de su periferia inmediata, se opta por un modelo de ciudad generadora de viajes.
Lo anterior porque el Estado no tiene la voluntad ni las herramientas suficientes para intervenir el territorio y hacerse cargo de las externalidades negativas que tiene un crecimiento de este tipo y tampoco está dispuesto a que los inmobiliarios carguen, de verdad, con los males que suelen generar, ya que nada ni nadie es capaz de asegurar que quien se desplaza a vivir en los barrios periféricos, sean estos populares o exclusivos, puedan resolver en su entorno inmediato sus necesidades básicas ligadas al trabajo, la educación, la salud, el esparcimiento, el comercio y la cultura entre otras.
De la misma manera, resulta obvio que una mayor cantidad de viajes, generarán una mayor congestión, más contaminación y un incremento significativo en los tiempos de viaje.
Todo lo anterior, sin duda trae aparejado un paulatino y sistemático deterioro de la calidad de vida y la salud de los habitantes, con el inevitable incremento del gasto social necesario para abordar estos fenómenos, aunque sea de manera formal.
Debe ser por lo mismo que el ministro de salud se ha enfrentado a la vocera del gobierno y ha declarado, en dos oportunidades, que está de acuerdo en aplicar la restricción vehicular a los vehículos con convertidor catalítico, ya que en la medida que los autos sin el dispositivo representan, a estas alturas, menos del 7% del parque automotriz, la medida no surte el efecto deseado de disminuir los viajes motorizados y por lo mismo resulta incapaz de contribuir a mejorar la calidad del aire que los 7 millones de habitantes de la RM respiramos.
Sin embargo, el apego al libreto significó que la vocera de gobierno salga a responder cada vez que ha sido necesario, que esa medida no está en carpeta, mostrando no solo descoordinación, sino también enfoques significativamente distintos al interior del ejecutivo para abordar el tema.
De hecho, si se sancionara la medida propuesta por el ministro, cómo podríamos explicar los tremendos esfuerzos desplegados por el mismo gobierno, para aprobar a principios de este año, con la complicidad siempre presente de algunos miembros de lo que fue la Concertación, la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que incorporó 10.000 nuevas hectáreas al área urbana de la Capital, privilegiando, precisamente, el crecimiento en extensión y la consiguiente generación de cada vez más viajes en la Región.
Con lo anterior se pone de manifiesto el enfoque parcial y poco comprehensivo para abordar los temas urbanos que ha primado durante los últimos 20 años, incapaz de comprender que la única solución para abordar de manera integral la calidad de vida en la RM, es conteniendo la ciudad, aumentando la intensidad del uso del suelo en las zonas centrales y pericentrales de la misma y distribuyendo de mejor forma la infraestructura social de primera necesidad, con el objeto de cada vez más habitantes puedan dar respuesta a sus necesidades básicas primordiales como salud y educación y esparcimiento, que en conjunto concentran más del 45% de los viajes diarios, privilegiando en su lugar, la caminata como forma primordial de desplazamiento.
De esta manera se fortalecería el rol de los barrios en nuestras ciudades, se mejoraría la experiencia urbana y la calidad de vida de sus habitantes y disminuirían significativamente los viajes, generadores de males como la congestión, la contaminación, el estrés y la pérdida de tiempo para la familia y en su lugar veríamos resurgir las calles y plazas dentro de nuestros barrios, como el lugar privilegiado para el encuentro, la socialización y el fortalecimiento de la comunidad.
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junio 3, 2011 at 6:31 · Temas Cooperativa
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el fundamentalismo se define como la exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o practica establecida. El totalitarismo, por su parte, se define como aquel régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros.
En este contexto, podemos inferir que hace rato que la sociedad chilena viene enfrentando los embates de algunos partidos políticos de marcado carácter confesional que buscan transformar nuestro país en una nación fundamentalista y totalitaria, promoviendo sólo cambios dentro de la continuidad, pero buscando consolidar un modelo en la cual la diferencia real, simplemente no exista, o sea ilegal.
De hecho, mientras nuestra sociedad trata de avanzar en dirección a la tolerancia, como principio básico para una sana convivencia y una democracia plena, asumiendo realidades incuestionables que hace décadas eran negadas de manera ciega y sorda, la UDI y los sectores más conservadores de la DC y de RN intentan imponer sus visiones, a una parte cada vez mayor de chilenos que no adscriben a sus valores y formas de ver y entender la realidad, mediante leyes hechas a la medida de estas minorías fundamentalistas que cada día se alejan más y más del espíritu de la mayoría de nuestra ciudadanía, siempre apoyados por un sistema político que no permite que se expresen de manera adecuada en el parlamento, las mayorías y minorías verdaderamente existentes.
Ello demuestra, por una parte, la incapacidad de estos grupos para convencer, incluso a sus propios miembros y seguidores, de observar las normas y conductas que dicen promover y al mismo tiempo, su intención de utilizar al Estado para imponer mediante las leyes aquellos valores que la sociedad en su conjunto comienza a abandonar de forma mayoritaria, negándose a aceptar que quienes no comparten sus principios y valores, puedan vivir según sus propias prácticas y doctrinas.
Pretenden así que el Estado intervenga, consolidándose como un instrumento de dominación cultural y política e intentan delegar en el mismo, el triunfo, por secretaría, de una batalla que, en el campo de la moral y en absoluto silencio, asumen como perdida.
Resulta importante, aunque parezca obvio, recordar que, tal como la ley de divorcio no obliga a los católicos a divorciarse, ni la existencia y distribución de la pastilla del día después obliga a las católicas a ingerirla, una ley de matrimonio que no discrimine personas por su opción sexual, no obligaría a los católicos del mismo sexo a casarse entre ellos.
De la misma manera, legislar y regular el aborto y la eutanasia, tampoco obligaría, a quienes no aceptan dichas prácticas, a llevarlas a cabo.
En este contexto, resulta fundamental recordar que el ideal de las leyes, en los regímenes democráticos, es que se constituyan en instrumentos capaces de resolver problemas sociales y conflictos entre privados, y entre estos y el Estado, representando el sentir y las creencias de la mayoría de la nación, pero siempre con respeto a las creencias y tradiciones de las minorías, que deben poder vivir según sus preceptos, mientras no pongan en peligro la vida, la libertad y el bienestar de los demás.
De esta manera, insistir en aprobar leyes discriminatorias que impiden el libre desenvolvimiento pacífico de las distintas expresiones culturales y formas de vida que coexisten en nuestra sociedad, sólo retardara la construcción de una verdadera democracia, laica, tolerante y plural y mantendrá proscritas y continuará demonizando y estigmatizando determinadas condiciones, prácticas, doctrinas y creencias absolutamente legítimas y cada vez más presentes en los debates y en la vida de importantes sectores de nuestra sociedad.
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