Menos de un mes queda para que se cumplan los plazos dados a los habitantes de la Región Metropolitana, por parte del ministro de transportes, René Cortazar, para la normalización del servicio de transporte colectivo de la capital y antes del cumplimiento de este plazo fatal se ha informado de supuestos “profundos cambios” en materia de nuevos servicios y modificación de 25 recorridos que tienen por objeto disminuir el número de transbordos y los tiempos de espera en los paraderos para los pasajeros del transantiago.
Ha dicho el ministro además, que “estos cambios responden a las necesidades concretas de la comunidad expresadas a través de sus organizaciones sociales a los municipios” y a continuación ha explicado que estos cambios se efectuarán en las comunas de Las Condes, Santiago, Maipú, Quilicura, Renca, Pudahuel y Puente Alto.
Llama la atención que nuestra comuna, Recoleta, no figure en los cambios anunciados toda vez que la comunidad recoletana ha expresado en reiteradas oportunidades, a través de organizaciones sociales y coordinadoras sectoriales, la necesidad de efectuar modificaciones a los recorridos existentes en la comuna para sacar del aislamiento en que quedaron a grandes zonas de la comuna como Valdivieso, El Salto y gran parte de la zona norte.
Claro está que lo que ha fallado aquí no es la administración del transantiago sino la falta de liderazgo de las autoridades locales que a diferencia de lo ocurrido en otras partes, no han logrado ver, en las organizaciones sociales de la comuna y en sus dirigentes, a sus socios estratégicos y han preferido enfrentarlos como si fueran enemigos políticos más que representantes de la comunidad y, por lo tanto, aliados incondicionales a la hora de buscar un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes.
Esto se ha visto agravado con algunas iniciativas que apuntan hacia una disminución de los costos de operación de algunos servicios básicos de fundamental importancia para la comunidad como son los intentos de cierre de colegios y consultorios, que al desaparecer significarían un evidente ahorro en los costos de operación tanto del gobierno local como de los niveles subnacionales del gobierno central y, al mismo tiempo, un incremento de la necesidad de los vecinos de estos barrios de desplazarse a lugares distantes en búsqueda de satisfacer esas mismas necesidades, lo que, a todas luces significaría un encarecimiento del costo de la vida para los sectores populares que viven en estos barrios y que se verán enfrentados a mayores gastos de tiempo y dinero para satisfacer sus necesidades básicas.
Ante este escenario se hace imprescindible que las autoridades locales, los dirigentes sociales y principalmente el alcalde de Recoleta, Sr. Gonzalo Cornejo, adopten un nuevo enfoque en la forma de relacionarse que mantienen, dejando de lado las diferencias político partidistas y desarrollando una alianza estratégica capaz de ponerse por encima de las legítimas diferencias existentes entre los actores comunales para poner sobre cualquier otra consideración, los objetivos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Sabemos y somos partes de exitosas experiencias que avalan esta posición y creemos que se pueden replicar en otras áreas en donde resulta imprescindible la cooperación entre actores de distinto signo político y la voluntad de poner al centro las ganas de trabajar unidos por el bien de la comunidad.
Solo así podremos aunar esfuerzos y aprovechar las sinergias existentes en torno a los distintos roles sociales y políticos que los actores relevantes de la comunidad estamos llamados a jugar. Por lo demás, ninguno de los cambios anunciados van en la dirección correcta para lograra mejorar la relación de los habitantes de la Región metropolitana y debemos hacer un esfuerzo mancomunado para desarrollar una participación ciudadana protagónica capaz de definir acciones para intervenir el territorio de manera de desincentivar los viajes, y tratando de dotar a los distintos barrios de la mayor oferta posible de productos y servicios básicos de consumo cotidiano.
De lo contrario, seguiremos financiando de nuestros bolsillos, con nuestros impuestos, las utilidades de quienes se han evidenciado como incapaces de proveer de servicios de transporte colectivo eficientes y eficaces para la región metropolitana.
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