IGUAL QUE PINOCHET, BACHELET PROHIBE EL PASO DE MANIFESTACIONES POR LA MONEDA.

Hace tan solo un par de días, la presidenta Bachelet, en su tan comentado discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, planteaba en una velada crítica a Washington, que “cada vez que restringimos las garantías constitucionales y cedemos a la tentación de emplear métodos ilegales para luchar contra el terrorismo, damos una victoria a sus cultores, porque es sólo entonces cuando logran amenazar el espíritu de nuestras democracias”.

Un solo día después, como si el discurso en la ONU solo hubiera sido una representación teatral para la sociedad global, su gobierno optaba por prohibir el paso de futuras manifestaciones por el frontis de la Moneda en respuesta al lanzamiento de una bomba molotov en contra del Palacio de Gobierno durante la última marcha en conmemoración del Golpe de Estado que terminó con la democracia en nuestro país.

Efectivamente, como también lo dijo la presidenta, nadie tiene derecho a atentar contra La Moneda y nadie en su sano juicio puede defender un acto de esa naturaleza pero pretender impedir que estos hechos se repitan impidiendo el paso de las manifestaciones por La Moneda es querer tapar el sol con un dedo y atacar el síntoma sin siquiera plantear soluciones para enfrentar las causas últimas de una rabia contenida durante años por quienes no perciben que exista un lugar ni un horizonte para ellos en el actual sistema económico y social.

Resulta evidente, en todo caso, que el uso de la violencia callejera en las actuales circunstancias y en actos como el mencionado solo sirve a quienes pretende seguir instalando el temor como el poder detrás del poder en nuestra sociedad y para intentar justificar la represión y el uso de la fuerza desmedida por parte de las fuerzas de orden que con la excusa de enfrentar a los grupos más radicales pretenden amedrentar a la sociedad civil para evitar que cada día más chilenos se atrevan a salir a la calle para hacer de la movilización social una herramienta cada vez más efectiva para impulsar los cambios que nuestro país necesita y para demostrar el descontento creciente con la estabilidad neoliberal que tan bien ha blindado la Concertación, mediante la represión y la criminalización de la protesta social.

De la misma manera, nadie puede negar que la violencia ejercida por determinados grupos autoproclamados anarquistas constituye otra forma de represión en contra de quienes pacíficamente desean manifestar su dolor y respeto por las víctimas de una fecha tan macabra para la historia de nuestra patria como es el 11 de Septiembre de 1973, en la voluntad de cimentar la convicción de que nunca más, ninguna fuerza política, debe ceder a la tentación de imponer sus planes e intereses a costa de un quiebre institucional y de la vida de quienes legítimamente piensan distinto y actúan en consecuencia.

No tengo dudas acerca de la validez de todas las formas de lucha, pero tengo la certeza de que la oportunidad y legitimidad de cada una de ellas, la determinan las condiciones, contradicciones y objetivos planteados en cada periodo; las respuestas a que este dispuesta la clase dominante para detener la inevitable pérdida de privilegios que conlleva el avance político de las clases populares y la legitimidad y el apoyo social que cada forma de lucha logra concitar en determinado momento histórico.

Asi, no cabe duda que la lucha armada siempre será necesaria y justa para defender al pueblo; restituir y defender la democracia y enfrentar las violaciones a los derechos humanos, pero jamás será legítima para ser usada en contra del mismo pueblo en el afán de imponer caminos no compartidos por la mayoría de la sociedad puesto que dicha actitud conlleva el germen de la intolerancia y de la suplantación de la sociedad civil por castas de iluminados que pretender ser poseedores de la verdad más allá de lo que piensen y sientan las mayorías sociales..

Ahora bien, ni siquiera el consenso de la mayoría de los sectores en repudiar dicho acto constituye razón suficiente para que, contradiciendo su propio discurso en NNUU, el gobierno de la presidenta Bachelet haya optado por restringir las garantías constitucionales para evitar que estos hechos se repitan, empleando métodos que, si bien pueden ser legales, carecen de legitimidad y pretenden desviar la atención del verdadero problema que quedó al descubierto el 10 de Septiembre de este año en la marcha aludida y que es la nula respuesta que los gobiernos de la Concertación han dado a la marginalidad social que genera el modelo económico que tan eficientemente han administrado y que se ha convertido en caldo de cultivo, precisamente para quienes hacen apología de la violencia.

Sin duda que la respuesta del gobierno, tal como lo ha planteado la presidenta cuando el análisis no se refiere a la dominación que pretende ejercer su propio gobierno, alimentará aun más a aquellos que pretenden destruirlo todo y que no creen que el actual estado de cosas pueda superarse por la vía democrática y restará aun más credibilidad a una mal llamada clase política que entre transformar la realidad para buscar soluciones a los problemas que el modelo genera o parapetarse en las leyes para defender los privilegios de los cuales también disfrutan, siempre optan por lo segundo.

Sin duda, los organizadores de la próxima marcha en conmemoración del Golpe de Estado, pretenderemos legítimamente pasar por la moneda y seguramente será el próximo 11 de Septiembre un 11 aun más violento porque el gobierno ha preferido enterrar la cabeza como el avestruz ante un problema que no se resolverá restringiendo las libertades ni las garantías constitucionales de aquellos que tienen vocación democrática de verdad.