Hay un Mundo por Cambiar
agosto 31, 2010 at 18:27 · Temas General
El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser suspendido por el presidente de la república, luego que la aprobación del mismo por parte de sus representantes en los organismos competentes causara la indignación de las comunidades involucradas y de los hombres y mujeres con algo de conciencia medioambiental que existen en nuestro país.(2) Finalmente, la administración Piñera tuvo que ceder ante la presión ciudadana siendo obligado, por la fuerza, a respetar una de sus promesas de campaña. Todo indica que habrá que estar alerta para evitar lo que, de lo contrario, podría ser un lamentable legado en materia medioambiental de la nueva forma de gobernar.
Este deasfortunado episodio, nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable3.
Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la concertación, ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.
La COREMA se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la Ley y con consulta al presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.
Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.
Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.
Lo segundo es terminar con la integración vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental, sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.
Lo tercero es mantener una Línea Base4 oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los recursos necesarios para enfrenar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella no existe en la institucionalidad vigente.
Por último, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y a diseñar con la comunidad, las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.
Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares; generando incluso, un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.
Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo, en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.
Daniel Jadue
1. El autor es Arquitecto, Sociólogo y Candidato a Magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile. Es además Lic. En Gestión de Calidad Total de la Universidad Católica del Norte. Es Vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Comunicaciones de la Federación Palestina de Chile.
2. La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo aprobó por 15 votos a favor y 4 en contra el proyecto de construir una central termoeléctrica a carbón de 540 MW en la caleta de Chungungo, al sur de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera. Específicamente serán dos plantas a carbón las que se construirán, dentro del proyecto termoeléctrico Barrancones.
3. La definición más ampliamente aceptada para el concepto del “Desarrollo Sustentable” se refiere a aquel tipo o modelo de desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo el derecho de satisfacer las mismas necesidades de las generaciones futuras.
4. Se entiende por Línea Base a una caracterización inicial completa del ecosistema en donde se inserta un proyecto determinado, caracterización a partir de la cual se miden los impactos que proyecto tendrá sobre el medio ambiente natural, construido y social.El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser aprobado por los representantes del gobierno en los organismos gubernamentales competentes para dar el vamos, a los proyectos de los cuales se supone, podrían tener un impacto medioambiental significativo. Con esto, la administración Piñera le pone un broche de oro a todas sus promesas de campaña de respetar el medio ambiente y desechar las centrales termoelectricas y anticipa lo que seguramente será su lamentable legado en materia medioambiental.
agosto 31, 2010 at 18:21 · Temas General
Cada vez que la pobreza y la desigualdad recobran su protagonismo, ponen a nuestro país en el verdadero sitial que le corresponde en el concierto latinoamericano y mundial: de país modelo a modelo de desigualdad y exclusión social.
A pesar de lo anterior, algunos espacios académicos y medios de comunicación -ligados a la derecha tradicional- interesados en mantener las cosas como están, pretenden una vez más explicar y justificar lo injustificable, echando mano al estancamiento del ritmo de crecimiento de la economía y al rol que en éste juega la baja productividad del factor trabajo.
En efecto, en su análisis suelen presentar la acumulación de trabajo, capital y la productividad como los factores determinantes del crecimiento. Fieles a su sobre ideologizado discurso, pretenden demostrar que a veces, a pesar de haberse mantenido o incrementado la inversión de capital el crecimiento económico sigue estancado, lo que se explicaría por la baja productividad promedio de los trabajadores chilenos.
En este factor -según ellos- influirían variables como la ausencia de reformas económicas más pro mercado, entre las que destacan la falta de flexibilidad laboral; la ineficiencia del sector público; la mala calidad de la educación; y el mal funcionamiento de algunas instituciones, fundamentalmente estatales.
Se aprovechan así, de su hegemonía en los medios de comunicación para endosar la responsabilidad de la baja productividad, de manera casi exclusiva, al mundo de los trabajadores, omitiendo, ex profeso, aquellas variables en donde la responsabilidad recae exclusivamente los dueños de las empresas y la alta dirección de las mismas.
Sistemáticamente van dejando fuera de sus discursos explicativos variables que también juegan un rol fundamental en el estancamiento de la productividad y que guardan relación con lo que, en las academias de buen nivel y los países desarrollados, se conoce como “clima laboral”.
Este se entiende como el ambiente o la atmósfera en el que se desarrolla el trabajo dentro de la empresa y surge, principalmente, de las percepciones de los trabajadores respecto de las estructuras y procesos en los que se fundan las organizaciones productivas.
Destacan, entre ellos, las condiciones de trabajo, el nivel de satisfacción con el mismo, los estilos de liderazgo empresarial, las relaciones interpersonales, el nivel de identificación de los trabajadores y trabajadoras con las empresas en que se desempeñan y principalmente, la percepción acerca de la adecuación de la recompensa percibida (salario y beneficios) por el trabajo realizado y la relación de éstos con su nivel de participación en la distribución de los beneficios generados.
Lamentablemente en nuestro país, la derecha económica y académica, y los líderes de los grandes empresarios, prefieren omitir estos temas porque un simple análisis de los mismos dejaría en evidencia la tremenda deuda social que tienen con nuestra sociedad. Pretenden dirigir los procesos políticos y económicos del país pero adolecen de honestidad suficiente y convicciones democráticas tales que permitan abordar de manera integral el tema en cuestión, callando aquello en lo que tienen una responsabilidad fundamental y que en otros países, ya nadie discute.
De hecho, una rápida y general comparación con los países de la OCDE nos arroja una realidad nacional caracterizada por una distribución de los gananciales mucho más desigual, con altas utilidades y remuneraciones a los directores y altos ejecutivos de las empresas en comparación a los paupérrimos salarios en los niveles más bajos de las estructuras productivas. Basta ver las últimas cifras de la encuesta CASEN, que muestra una disminución significativa en la participación en los gananciales del decil más vulnerable frente a un incremento, también significativo, del 10% más rico de la población.
Junto con lo anterior gozamos de un nivel significativamente más bajo en calidad de vida laboral, en el caso de quienes están en la línea de producción, caracterizada por espacios inadecuados a las funciones realizadas, mala infraestructura, insuficiente seguridad, tecnología obsoleta y ausencia de políticas de capacitación para mantener la empleabilidad de los trabajadores.
A pesar de ello, el sobreideologizado discurso neoliberal les impide darse cuenta que no hay mejor forma de aumentar la productividad de una nación, que teniendo trabajadores satisfechos y contentos; orgullosos de ser parte de las empresas en donde se desarrollan; capaces de dar a sus familias, mediante su trabajo, la calidad de vida con la que sueñan para sus seres queridos; con una inversión en capacitación y desarrollo permanente; y plenamente integrados a una sociedad que cuando esta en problemas, les pide sacrificios, pero que cuando le va bien, es capaz de hacer participar a todos de los beneficios propios de los tiempos de bonanza.
De más está decir que en nuestro país lo que caracteriza el clima laboral es precisamente lo contrario: estilos de liderazgo autoritarios, exclusión social y política, ambientes competitivos y completamente atomizados, malas o insuficientes condiciones de trabajo, largas jornadas laborales, poca o nula inversión en capacitación y desarrollo y miles de familias con una incapacidad permanente de proveer calidad a ellos y a sus hijos, todo ello coronado con sueldos y salarios que solo sirven para reproducir y aumentar la desigualdad.
Esto contrasta fuertemente con países desarrollados en donde se trabaja mucho menos, se gana mucho más y se asiste a una continua preocupación por el desarrollo de los trabajadores. Por lo mismo, en esas sociedades, en donde el Estado posee un mayor compromiso con sus ciudadanos desde la cuna, se produce casi tres o cuatro veces lo que se produce en nuestro país, en donde al igual que en la educación se espera que llegue la calidad y la productividad sin haber invertido nada en las condiciones necesarias para generarlas.
Daniel Jadue
Publicado en: El quinto poder 13.08.2010
agosto 5, 2010 at 23:30 · Temas Academia, Prensa
En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los directivos, docentes, codocentes, padres, apoderados, alumnos y a la sociedad en su conjunto, que son los miembros del sistema y aquéllos a quienes deseamos servir. Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, representa un ejercicio meramente retórico.
La educación suele ser mencionada como pilar para el desarrollo de las sociedades y la superación de la pobreza y la desigualdad en todos los discursos políticos y académicos de nuestro país. Para mejorarla, se está discutiendo una ley basada en un cuerpo de ideas creado precisamente para mejorar y asegurar la calidad de cualquier proceso productivo.
Lo lamentable es que nos hemos habituado a copiar modelos a medias, pasándolos por el cedazo de la ideología dominante, excluyendo de ellos toda exigencia a los sostenedores de la misma.
En este caso, se centra la preocupación en el control y la evaluación de los profesores, que actúan sólo en la fase final del proceso, sin asegurar la infraestructura y los recursos necesarios para el mismo y sin abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades concurrentes de cada actor. Tampoco se discute con el cuerpo social el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos. La calidad, entonces, es entendida como fin y no como medio para el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestra sociedad.
Como es sabido, la gestión de calidad se basa en hacer las cosas bien a la primera; realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y, por sobre todo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, tanto internos como externos.
En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los directivos, docentes, codocentes, padres, apoderados, alumnos y a la sociedad en su conjunto, que son los miembros del sistema y aquéllos a quienes deseamos servir. Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, representa un ejercicio meramente retórico.
Se afirma buscar calidad en la educación, pero sin la participación de los actores, lo que demuestra nula preocupación por los destinatarios internos y finales del proceso. Tampoco por las condiciones en que se desarrolla, ni que los recursos necesarios no estén disponibles o sean claramente insuficientes. Como si fuera poco, se plantea que primero debe llegar la calidad, para ser premiada luego con los recursos necesarios para lograrla.
Seguimos sin entender que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados, con la presión de ser los únicos responsables de los resultados, es un mal camino para tratar de alcanzar la tan mentada calidad, sino el peor.
La ley debe ser transformada radicalmente, incorporando mecanismos y procedimientos para la participación de todos los miembros en las definiciones del sistema, ya que son la esencia del mismo y sólo su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la sociedad y de los destinatarios finales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos.
Resulta obvio que para asegurar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso. Estos requisitos no deben estar condicionados a resultados, pues si las condiciones, como infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos, son un premio por la calidad y no una condición para ella, jamás lograremos mejorar la educación.
Daniel Jadue
Arquitecto, sociólogo y candidato a magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile. Integrante del Programa de Políticas Pública de la Academia de Humanismo Cristiano.
Publicado en: La Nación, 1 de Agosto 2010
julio 23, 2010 at 15:14 · Temas Academia
Es legítimo preguntarse, ¿por qué Santiago habría de seguir creciendo cuando tiene mucho más de 10 mil hectáreas en torno a su centro fundacional que hace posible absorber el crecimiento de los próximos 30 años?
El rechazo a la incorporación de 10 mil nuevas hectáreas a las zonas urbanizables de la Región Metropolitana ha abierto una antigua discusión que molestó a los actores económicos, que tienen intereses detrás de estos cambios. Éstos debieron desatar una furiosa campaña comunicacional orientada a asustar a la población, planteando un encarecimiento de los precios del suelo y las viviendas. Con ello buscan revertir la decisión del Gobierno Regional de Santiago levantando, como voces objetivas, a profesionales “destacados” en el rubro y a representantes de las inmobiliarias y del mundo financiero.
Entre los defensores del crecimiento a destajo y sin planificación, destaca Marcial Echeñique, el mismo que en 1997 argumentó la iniciativa laguista de la Costanera Norte. Sostuvo en ese momento que disminuiría los tiempos de viaje y la congestión, y que ayudaría a convertir al gran Santiago en una capital del siglo XXI. Los resultados de su propuesta están a la vista.
Al recordar esta discusión, no puedo olvidar una charla en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1997, cuando ante la pregunta de un alumno, acerca de si la presión inmobiliaria que la Costanera Norte generaría, terminaría o no expulsando a los más pobres a una periferia cada vez más lejana y con menos servicios, el mencionado profesor respondió tajantemente que en 2005 la pobreza en Chile ya no existiría. Hoy sus proyecciones parecen carecer completamente de bases sólidas.
Sin embargo, nuevamente nos desea imponer otra “profecía”. Que la Región Metropolitana llegará a 8 millones de habitantes y que consumirá 10 mil nuevas hectáreas de suelo rural. Que los santiaguinos estarán dispuestos a viajar y pagar más por vivir en una casa con más terreno y cerca de la naturaleza. Como si las poblaciones de Pudahuel Sur, de Quilicura y Puente Alto hubiesen acercado a los más pobres a mejores condiciones de vida y a un contacto más estrecho con la naturaleza.
Lo que nuestro “experto” parece ignorar es la gran diferencia entre proyectar y planificar el territorio. La proyección sólo se preocupa de constatar las tendencias del mercado sin cuestionar si éstas son buenas o malas. La planificación, en cambio, las aborda incorporando variables sociales, culturales y políticas desde una mirada crítica, para reencauzarlas hacia un futuro mejor para todos y todas o revertirlas cuando se manifiestan como negativas o cargadas de externalidades que la sociedad no es capaz de asumir y corregir de manera colectiva.
Lo que tampoco dicen estos “expertos” es que desde hace 30 años el mercado nos viene prometiendo una mejor ciudad y que el resultado ha sido una ciudad cada vez más cara y de peor calidad de vida para sus habitantes. En consecuencia, hoy nos encontramos con un ordenamiento urbano que privilegia los intereses inmobiliarios, construyendo una ciudad fragmentada y segmentada, donde coexisten la riqueza y la pobreza, el ocio y la superexplotación, la salud y la enfermedad.
Entonces, es legítimo preguntarse, ¿por qué Santiago habría de seguir creciendo cuando tiene mucho más de 10 mil hectáreas en torno a su centro fundacional, en comunas como Quinta Normal, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta e Independencia, que hace posible absorber el crecimiento de los próximos 30 años con un inmejorable acceso a infraestructura y servicios y a diez minutos de todos los servicios básicos?
Daniel Jadue
Programa de Políticas Públicas. Academia de Humanismo Cristiano
Publicado en: La Nación, 23 julio 2010
julio 15, 2010 at 13:05 · Temas Academia
Que las estadísticas sirven para mentir con clase no es algo desconocido. Cualquiera que pertenezca al mundo de la Ciencias Sociales lo sabe. Manipular los datos dentro de los porcentajes de error y los niveles de confianza establecidos y preguntar de manera sesgada, acotada o direccionada, son desviaciones propias de una actividad que, cuando está ligada al poder y la política, pierde parte importante de su ética y de su prolijidad.
Lo preocupante del tema no es solo la capacidad que otorgan las estadísticas de mentir con clase sino también la de construir realidades virtuales mediante la asociación estratégica entre las empresas o universidades de estudios de mercado y opinión y las empresas de comunicación, masificando formas de entender la realidad, conceptos y verdades a medias, que terminan convirtiéndose en subjetiva realidad.
De esta manera, se generan estudios e indicadores seudo científicos que logran explicar o justificar todo o casi todo y que no pocas veces logran convencer a grupos humanos, de cosas que parecen reales y que claramente no los son.
Un ejemplo claro lo constituye la línea de la pobreza tan en boga en estos días luego de que la nueva casen afirmara que la pobreza subió a un 15, 3% luego de 26 años de venir paulatinamente descendiendo.
Este indicador sitúa el punto de corte de lo que se conoce como pobreza. en un ingreso por persona mensual de $ 47.000, planteando en el sub-texto, que aquellas que ganan $ 46.900, son pobres y las que ganan $ 47.100, no lo son.
Así las cosas, disminuir la pobreza no implica necesariamente acabar con las limitantes para el desarrollo integral y el desenvolvimiento óptimo de las capacidades de las personas y sus familias, sino poder llevar al número mayor posible de las familias que ganan menos de lo que indica la línea de corte, a ubicarse levemente por sobre la misma, para presentar al mundo los “sólidos avances en materia de superación de la pobreza que tiene nuestro país”.
Sería bueno preguntarse entonces, si desde el retorno a la democracia, se ha avanzado efectivamente en la superación de la pobreza y la exclusión, o si por el contrario, hemos logrado llevar, subsidios mediante, a un número importante de personas y familias, levemente por sobre la cifra mencionada con la consecuencia obvia de que a la primera crisis económica, vuelvan a descender, como ha acontecido en los últimos años, permaneciendo oculto hasta la próxima medición.
Habremos reducido la pobreza o nos seguiremos engañando como país, mientras mantenemos una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo y una de las legislaciones laborales más pro empresas que se conocen.
De esta manera, Chile avanza rápidamente hacia ser percibido como un país desarrollado, modelo entre sus pares debido a la obediente implementación del Consenso de Washington[1], mientras la mayoría de sus habitantes ha visto descender su poder adquisitivo en los últimos años, batiéndose en un país en donde la universidad estatal más barata, cuesta mensualmente más que el sueldo mínimo, donde la salud pública es cada día más frágil y donde las viviendas sociales han generado mas problemas de los que han logrado resolver.
Hemos terminado pagando hasta por transitar en las calles y avenidas de nuestro país, asegurando a cada paso que damos, las utilidades de las grandes empresas nacionales e internacionales cuyas utilidades han crecido, efectivamente, lo suficiente como para explicar por si solas el incremento del ingreso promedio por persona en Chile que, según encuestas igualmente lejanas a la realidad, casi se ha duplicado en los últimos 20 años.
Es claro que los promedios y los indicadores oficiales no representan la realidad y solo sirven a quienes, con cifras en mano pregonan el éxito de sus gobiernos y el fracaso de los otros, mientras criminalizan las protestas sociales y acusan a algunos sectores de inventar los problemas que llevan a la ciudadanía a protestar y a alejarse de la política mientras la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando, a pesar del orgullo que sienten los partidarios de la derecha y la concertación, por la gobernabilidad democrática y a la estabilidad que luce Chile, hace tantos años.
Daniel Jadue
Programa de políticas Públicas
Academia de humanismo cristiano
Publicado en: El Clarín, 15 julio 2010
julio 14, 2010 at 12:37 · Temas Academia
Tres consideraciones al menos nos debería provocar como sociedad el fallo del caso Prats que confirma, después de 36 años de angustiosa y dramática espera, que fue el mismo Ejército, desde sus más altas autoridades, el que habría planificado y ejecutado el doble asesinato del general y su esposa en Buenos Aires en 1974.
La primera es la constatación del máximo tribunal de la existencia, ya como hecho cierto, de una asociación ilícita terrorista al interior del Ejército y, por tanto, del gobierno de la época, que se dedicó a exterminar política y físicamente a quienes pensaban distinto dentro y fuera del territorio nacional, sin importar si éstos ejercieran o no la legítima resistencia a las dictaduras militares, a los gobiernos de facto y a las ocupaciones extranjeras, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior no es menor, porque confirma además lo que todo Chile sabía, pero que unos pocos se empecinaron en negar. Que Pinochet estaba al tanto y era quien, en definitiva, comandaba dicha organización y tomaba las decisiones sobre a quién se hacía desaparecer y a quién no.
La segunda consideración se refiere al debate que se ha abierto en torno a este fallo entre algunos uniformados que han tratado a otros de traidores por romper un pacto de silencio que habría existido, intocado hasta el momento en que los primeros condenados comenzaron a percibir el abandono de la familia militar, que de paso ha quedado en triste evidencia, por el hecho de que si bien todos forman parte de ella, los que desarrollan un pensamiento distinto de aquel único impuesto desde la cúpula resultan ser menos familia que los otros, y se exponen a ser asesinados por sus mismos parientes, como suele suceder en las asociaciones de la mafia.
Ahora bien, este pacto que al parecer aún existe permite pensar que, además, dentro de la familia militar existe todavía cuantiosa información que permitiría aclarar, o al menos acelerar, numerosos procesos pendientes en Chile por violaciones de los derechos humanos y abrir otros que se mantienen en la impunidad debido a la falta de información, y mientras el mismo no se rompa y dé paso a la entrega plena de antecedentes, las responsabilidades seguirán siendo institucionales, además de personales.
Por último, la certeza acerca de la existencia de este tipo de información, protegida por lo que quede del pacto mencionado y que finalmente compromete a toda una institución que parece querer, a veces, reconciliarse con la nación a la cual juró servir y que tan desvergonzadamente traicionó, hace delicada, peligrosa y tremendamente inoportuna cualquier posibilidad de favorecer con indultos a quienes aún parecieran estar optando por obstruir la justicia y seguir ocultando valiosa información que permitiría a Chile reencontrarse con la verdad y, al menos, con una parte de la justicia.
Daniel Jadue J.
Presidente
Centro La Chimba
Programa de Políticas Públicas Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Publicado en: La Nación, 14 julio 2010
julio 5, 2010 at 17:01 · Temas Academia
Nunca está de más recordar el sentido que el trabajo tiene en la vida humana. Menos, cuando el Congreso Nacional acaba de aprobar un incremento del sueldo mínimo de un 4,2, reajuste que será absorbido por completo, solamente por el alza de tarifas del Transantiago en los últimos dos meses mientras que en el 2009, las empresas cuyas acciones figuran entre las más transadas en la Bolsa de Santiago, destinaron $24.982 millones a remunerar a sus directores, aumentando sus remuneraciones anuales en un 19,8% en relación al año anterior.
Para algunos el trabajo nace como castigo divino por el comportamiento de Adán y Eva en el paraíso. Los mismos pretenden convencernos, además, que bienaventurados son los que sufren y tienen hambre y sed de justicia, ya que después de muertos, serán recompensados. Para otros, es otro factor productivo, junto a las materias primas y al capital, y como tal, en su regulación, sólo debe actuar la todopoderosa y eterna ley de la oferta y la demanda, para asegurar la máxima rentabilidad, dando paso a la reproducción y concentración de la riqueza en, cada día, menos manos.
Por último, estamos quienes creemos que el trabajo es la forma de realización del ser humano, ya que permite satisfacer nuestras necesidades y reproducir nuestra existencia. En esta cosmovisión, por cierto, la naturaleza es entendida como nuestro cuerpo inorgánico del que dependemos indirectamente para sobrevivir y buscar la felicidad.
De estas visiones nacen las distintas formas de abordar la cesantía y el salario mínimo.
En el caso de la primera, unos afirman que es un flagelo que debe combatirse con la caridad y la solidaridad eventual en tiempos de catástrofe; otros plantean que es una variable del modelo económico cuyo comportamiento es resultado de factores mucho más relevantes que la cesantía propiamente tal. Para quienes nos ubicamos en la tercera opción, representa el principal problema de la sociedad actual, ya que quien no tiene trabajo, no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades ni reproducir su existencia, por lo que se ve privado de realizarse como especie. De ahí que el trabajo ocupe un espacio central entre las demandas que debieran considerarse un derecho humano fundamental. Esto implica que debiera asegurarlo el Estado cuando la iniciativa privada se revela incapaz de hacerlo para todos y todas.
También resulta fundamental resguardar su valor, para evitar los abusos que buscan disminuir su valor, para aumentar las utilidades a costa de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. A este objetivo contribuye el temor y la inseguridad que provoca el desempleo y la amenaza permanente, sobre los que tienen trabajo, de quienes necesitan trabajar y están dispuestos a aceptar, incluso, un salario menor al del primero.
Por eso resulta fundamental que el incremento del sueldo mínimo disminuya la brecha entre el costo de las necesidades y el magro poder adquisitivo que poseen los salarios, lo que nos lleva a debatir con los defensores del modelo la necesidad, no sólo de asegurar el empleo y aumentar significativamente su valor, sino también a eliminar el trabajo precario, el trabajo mal remunerado y la sobreexplotación al tiempo de fortalecer la organización sindical y su poder de negociación, para asegurar una más equitativa distribución de la riqueza entre trabajadores y empresarios.
Ellos, por su parte, seguirán promoviendo una mayor flexibilidad laboral, la eliminación o el estancamiento del sueldo mínimo y el derecho a pactar individualmente las condiciones laborales para obligarlos a aceptar las condiciones que buscan imponer.
Ellos están más interesados en la rentabilidad de sus negocios que en la felicidad humana, por lo que no logran maquillar su deseo de seguir acumulando riquezas, a costa de los trabajadores. Pretenden aparecer defendiendo la propiedad privada, cuando en realidad, si partimos del consenso que explica la propiedad privada como fruto del trabajo, podemos afirmar que son ellos quienes atentan permanentemente contra la misma, cada vez que pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Así, se apropian de una parte de la propiedad privada del trabajador, representada por la diferencia entre lo que efectivamente vale su trabajo y los salarios que por él pagan.
¿De qué otra manera se puede explicar el hecho de que una minoría de la sociedad, que incluye al propio Presidente Piñera, uno de los hombres más ricos de nuestro continente, descalifique y estigmatice como irresponsable, la demanda de los trabajadores de incrementar el sueldo mínimo hasta que éste refleje efectivamente el valor del trabajo?
Este es el modelo de desarrollo que ellos han consolidado; el mismo que quienes aspiramos a una sociedad más justa nos empeñamos en transformar y superar.
Daniel Jadue
Programa de Políticas Públicas
Academia de Humanismo Cristiano
Publicado en: La Nación Domingo, 3 julio 2010 | Revista reCrea Universidad de Valparaiso | G80
julio 5, 2010 at 16:58 · Temas Academia
En los últimos días hemos recibido noticias que han reabierto de manera auspiciosa el debate acerca de la participación ciudadana en nuestro país. Un conjunto de vecinos organizados, han logrado detener la construcción de un centro comercial, argumentando el rechazo a que su calidad de vida se viera afectada por la llegada de miles de automóviles que habrían congestionado de manera intolerable su barrio con una contundente y casi única victoria en las urnas.
No parece ser una excepción. Por todos lados y en casi todas las comunas en donde se están actualizando o ejecutando por primera vez los Planos Reguladores Comunales, la comunidad se levanta y reclama por las decisiones que se están tomando a sus espaldas mientras comienzan a criticar abiertamente los resultados de determinados estudios que solo aplican proyecciones sobre tendencias económicas para responder ciegamente a ellas, pasando por alto las expectativas de los más directamente involucrados.
Salvo contadas excepciones, las autoridades comunales se disponen a abrir a dichas comunas a lucrativos negocios inmobiliarios representados por edificios en altura y centros comerciales que se desarrollan sobre añosos y consolidados barrios residenciales de mediana y baja densidad, buscando jugosos permisos de edificación para las municipalidades y cuantiosas ganancias para las empresas desarrolladoras.
Pero lo cierto es que la responsabilidad no recae exclusivamente las autoridades. Ésta se encuentre repartida entre todos los actores que directa o indirectamente participan en la manutención de la actual forma de organización de la sociedad en donde todo lo que existe se presenta como instrumentos para la economía, desarrollando formas de entender la ciudadanía y la relación que ésta desarrolla con el Estado que se enmarca más en la definición que del mismo se hace como instrumento de dominación, mucho más que aquellas lecturas que pretenden instalarlo como órgano de dirección de la sociedad.
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